El 12 de diciembre pasado el ecuatoriano José Osvaldo Sucuzhañay murió en Brooklyn a manos de un grupo de radicales que gritaban insultos contra los latinos. Se trata del último caso de una lista de crímenes por odio a la comunidad hispana que en tiempos recientes ha crecido, según el FBI, de modo notable. Algunas asociaciones responsabilizan directamente a varios programas de televisión desde los que se difunde una leyenda negra que culpa a la inmigración ilegal de todos los males de Estados Unidos.
La coalición Agenda Nacional del Liderazgo Hispano (NHLA), integrada por 26 organizaciones hispanas de los Estados Unidos, se ha presentado ante la Cámara de Representantes para denunciar la violencia xenófoba que, según datos del FBI, en los últimos cuatro años ha incrementado los crímenes contra los latinos en un 40%.
La necesidad de trabajar en una ley que facilite la coordinación entre la Administración federal y los estados y jurisdicciones locales para luchar contra este género de agresiones ha sido aludida por la plataforma hispana como “una prioridad para el nuevo Congreso y para la nueva Administración”. Cabe recordar que, según datos del Pew Center, Barack Obama obtuvo en las recientes elecciones un 66% del voto hispano, que representa el 8% del electorado nacional de Estados Unidos.
Odio en los medios
Quienes denuncian estas manifestaciones de xenofobia remiten a un informe presentado el pasado mes de mayo por la asociación Media Matters Action Network, que ha señalado a algunos de los programas más influyentes de la televisión por cable norteamericana como responsables de propagar el odio contra el inmigrante. Aunque cuando se publicó la debacle económica no había adquirido el protagonismo actual, el estudio concluye que la presencia de la inmigración ilegal en el temario de los medios audiovisuales es mayor que la de cualquier otro problema, incluyendo la guerra de Irak y las deficiencias de los servicios de salud.
Según el documento, que ha sido publicado en inglés y en español (ver versión española en PDF, 658 KB), desde las pantallas de los televisores se fomenta “una serie de mitos que alimentan el resentimiento y el miedo de los espectadores”, y que parecen “diseñados para crear una histeria anti-inmigrantes”.
Tales mitos, precisa el informe, pueden clasificarse dentro de dos grandes categorías: por un lado, los que relacionan la inmigración con altos índices de criminalidad y con un incremento de los costes de los servicios sociales (y, en consecuencia, también de las cargas impositivas para los ciudadanos norteamericanos); por otro, los que Media Matters Action califica de “notables por ser totalmente absurdos”, y entre los que figuran acusaciones como la de que hay una conspiración por la que los mexicanos pretenden reconquistar el suroeste de los EE.UU.
Los atizadores de esta leyenda negra son presentadores estrella de espacios televisivos, entre los que destacan Lou Dobbs, Bill O’Reilly y Glenn Beck. Dobbs, de la cadena CNN, aparece especialmente señalado en el estudio por su especial insistencia en la amenaza de una “Unión Norteamericana”, semejante a la Unión Europea, que pretendería integrar a Canadá, EEUU y México.
La imagen del hispano delincuente
Por lo descrito en el informe, algunos programas establecen una identificación entre inmigrante y delincuente que no espera ya a los hechos concretos, sino que pretende basarse en una especie de “pecado original”: así, por ejemplo, Beck acostumbra repetir que, en virtud de su entrada en el país, “cada uno de los inmigrantes ilegales es ya culpable de un delito, cada uno de ellos”.
Sobre la relación entre inmigración ilegal y aumento de la delincuencia, el texto de Media Matters cita una serie de estudios de la Universidad de Harvard para probar que no se trata de una proporción directa, y advierte: “Los que se oponen a la inmigración podrían argumentar que cualquier delito cometido por un inmigrante aumenta la cantidad total de crímenes del país, pero el riesgo criminal se incrementa solamente si los inmigrantes cometen más crímenes por persona que los nativos, ya que la inmigración también incrementa la población”.
Oponiéndose también a quienes invocan las estadísticas penitenciarias como prueba de la contribución inmigrante al delito, el texto reconoce que, según la oficina de Government Accountability, más de la cuarta parte de los presos federales han nacido fuera del país. Pero llama la atención sobre el hecho de que los federales representan menos del 10% de la cifra total de reclusos. Son los centros de detención locales y las cárceles de cada estado los que albergan el mayor número. Y respecto de la cifra total de presos, los datos del Departamento de Justicia revelan que de origen extranjero constituyen apenas el 5,9%.
Reciben, pero también pagan
En cuanto a la carga que los extranjeros representan para el fisco, el documento recuerda que, en realidad, los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a recibir ayudas como los cupones de comida (food stamps), Medicaid, SCHIP (el seguro médico para niños) o la asistencia social. Incluso para los que han regularizado su situación, la Responsability and Work Opportunity Act de 1996 dispone que no puedan acceder a la mayoría de los servicios de asistencia pública hasta que hayan pasado los primeros cinco años de residencia en Estados Unidos o hasta que hayan obtenido la ciudadanía.
Ahora bien, admite el texto, los inmigrantes se benefician de otros servicios públicos como la escuela de sus hijos. Pero también pagan impuestos: al consumo, en todo lo que compran; a la propiedad, dentro del pago del alquiler de sus viviendas; e impuesto sobre la renta. Muchos inmigrantes indocumentados utilizan números falsos de seguro social con los que pagan impuestos sobre las ganancias, y generalmente pagan también impuestos federales y estatales, que se descuentan de sus cheques.
En 2005, The New York Times informaba de que, según estimaciones de la Administración del Seguro Social, tres cuartas partes de los inmigrantes indocumentados hacían declaración de la renta. Con sus contribuciones sumaban anualmente alrededor de 7.000 millones de dólares al seguro social, y otros 1.500 millones para los servicios de salud. Al excluirlos la legislación, ninguno de esos fondos retorna a los indocumentados en forma de Seguridad Social o en beneficios para el cuidado de la salud.