(Actualizado el 8-01-2014)
El 1 de enero se acabó el plazo de las restricciones que impedían a rumanos y búlgaros trabajar con plenos derechos en nueve países de la Unión Europea, pese a ser ciudadanos comunitarios. Pero el gobierno de David Cameron ha reaccionado rápidamente dictando nuevas reglas para desalentar su llegada. También va a exigir que los ciudadanos de fuera de la Unión Europea empiecen a pagar por ciertos servicios sanitarios que hasta ahora eran gratis.
Pocos días antes del fin de las restricciones a rumanos y búlgaros –una exigencia de la Unión Europea–, Cameron se apresuró a aclarar sus propias reglas del juego. Tras explicar que su gobierno quiere acabar con la cultura de recibir “algo a cambio de nada”, advirtió que “Gran Bretaña está abierta a la gente, pero no daremos la bienvenida a quienes no quieran contribuir”.
Cameron sintonizaba así con el clima de opinión creciente en parte de la sociedad británica –avivado en buena medida por el UKIP, partido antieuropeísta cada vez más popular– de que la libre circulación dentro de la UE favorece el “turismo de prestaciones”, por el que inmigrantes sin empleo procedentes de otros países europeos se aprovechan de las ayudas sociales que brindan los países de acogida.
Al mismo discurso se ha apuntado ahora la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), aliada de la CDU de Merkel. Ante el fin de las restricciones a rumanos y búlgaros, el líder de los conservadores bávaros, Horst Seehoefer, propone adoptar medidas para limitar el “acceso injustificado” de los futuros inmigrantes al sistema de ayudas sociales. La propuesta de Seehoefer ha provocado un choque entre la CSU y el Partido Socialdemócrata (SPD), el otro pilar de la gran coalición alemana.
El Departamento de Sanidad británico ha anunciado que va a empezar a cobrar a los turistas y a los extranjeros de fuera de la UE ciertos servicios médicos
Reino Unido, menos atractivo para los inmigrantes
En su discurso del 18 de diciembre, Cameron adelantó algunas medidas que va a adoptar próximamente el gobierno, formado por conservadores y liberal-demócratas. Su objetivo es “convertir al Reino Unido en un país menos atractivo para los inmigrantes de la UE que quieran venir aquí e intenten vivir a costa del Estado”.
Bajo las nuevas reglas, los extranjeros comunitarios tendrán que esperar tres meses desde su llegada para poder solicitar las ayudas (con la legislación actual, sería un mes). Las ayudas cesarán a los seis meses de recibirlas, si los beneficiarios no consiguen demostrar que tienen una oportunidad razonable de encontrar trabajo. Tampoco recibirán ayudas quienes no acrediten un nivel suficiente de inglés como para trabajar en el Reino Unido.
Los cambios han supuesto un nuevo motivo de fricción entre Cameron y el líder liberal Nick Clegg, número dos del gobierno, quien piensa que el temor a los trabajadores extranjeros no tiene sentido. “¿Realmente tenemos mucho interés en que se vayan los abogados alemanes, los contables holandeses o los ingenieros finlandeses? ¿Queremos que el NHS se colapse y que la City se paralice?”, se preguntaba Clegg en The Sunday Times. Bien es verdad que las restricciones que propone Cameron no afectarían a quien ya tiene un empleo.
Las medidas tampoco han gustado a la Comisión Europea. En octubre, la Comisión publicó un informe en el que defendía que el llamado “turismo de prestaciones” es un fenómeno excepcional y más reducido de lo que dicen los contrarios a la libre movilidad (cfr. Aceprensa, 16-10-2013). Según sus cálculos, los inmigrantes comunitarios inactivos representaban solo el 1% de la población europea.
En cambio, el think tank Migration Watch UK cree que el gobierno se ha quedado corto. A su juicio, hacen falta más restricciones para desalentar la avalancha de inmigrantes que se avecina. Según las estimaciones de este instituto, los rumanos que trabajan actualmente en España e Italia podrían ganar entre un 40% y un 50% más si se marcharan al Reino Unido. Pero entonces serían trabajadores, no gente que viene a vivir a cuenta del Estado.
Los extranjeros comunitarios tendrán que esperar tres meses desde su llegada para poder solicitar las ayudas sociales
Los inmigrantes pagarán la atención médica
Pero las medidas para restringir la inmigración en Reino Unido no se limitan a los extranjeros comunitarios. El Departamento de Sanidad británico ha anunciado que va a empezar a cobrar a los turistas y a los extranjeros de fuera de la UE ciertos servicios médicos que antes eran gratis. Las normas definitivas se darán a conocer en marzo de 2014.
Los inmigrantes no comunitarios seguirán teniendo acceso gratuito a la atención de emergencia y a ciertos tratamientos para evitar problemas de salud pública (HIV, enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis). Pero tendrán que pagar el coste de cuidados primarios por los que antes no se cobraba: servicios maternos, dentales, oftalmológicos…
Con esta medida, el Departamento de Sanidad estima que el NHS podría recuperar cada año 500 millones de libras. También pretende parar los pies a quienes vienen al Reino Unido para dar a luz y luego se marchan: “Sabemos que algunas personas están abusando del sistema viniendo al país lo suficientemente pronto como para tener una o más consultas prenatales antes de dar a luz en el NHS, sin intención de pagar”.
Todavía no se conocen las cantidades que se van a cobrar. El gobierno baraja que los extranjeros paguen entre 20 y 100 libras por consulta en el NHS, además de los tratamientos. Por su parte, el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, dejó caer en junio que cargar a los extranjeros no comunitarios que estén de forma temporal en el país con un impuesto anual de al menos 200 libras convertiría el NHS en un sistema más “justo” y “sostenible”. Lo mismo se podría llegar a exigir a los turistas y los que estén con un visado de menos de seis meses que requieran de atención médica.