El capital emigra con más facilidad que el trabajador

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Duración lectura: 5m. 10s.

Todo país que recibe inmigrantes querría ordenar y controlar el flujo. Pero la vida va por delante de la ley, y las medidas contra la inmigración clandestina, siempre de eficacia limitada, a veces causan efectos imprevistos o indeseados, pues los trabajadores irregulares suelen satisfacer una demanda real.

Algo así está ocurriendo en la agricultura de Estados Unidos por el endurecimiento de los controles en la frontera y la incertidumbre causada por los hasta ahora fracasados intentos de reformar la ley de inmigración. En California y algunos otros estados, los propietarios de explotaciones agrícolas están teniendo dificultades para encontrar la mano de obra inmigrante que venían empleando hasta ahora. “Si ellos no vienen, nosotros vamos adonde están”, parecen haber pensado algunos que han comprado o alquilado terreno en México para proseguir sus cultivos con trabajadores mexicanos perfectamente legales, claro está.

Varios motivos explican esta deslocalización agrícola. Por un lado, los patronos temen las sanciones con que se amenaza a quienes contraten a trabajadores ilegales. Por otro, gran parte de los inmigrantes empleados en el campo de Estados Unidos son trabajadores temporeros que regresaban a México cuando terminaba la recolección. Ahora que pasar la frontera resulta más complicado, muchos no quieren arriesgarse a volver y prefieren quedarse en Estados Unidos y buscar empleos para todo el año en otros sectores, como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico. Finalmente, es difícil sustituir a los mexicanos porque no hay ni mucho menos suficientes parados nacionales en el sector agrícola.

Según datos facilitados por la senadora demócrata Dianne Feinstein, sólo en dos estados mexicanos -Guanajato y Baja California- hay empresarios agrícolas estadounidenses que cultivan más de 18.000 hectáreas en total. Los números no son precisos, porque esos “emigrantes” actúan con discreción, pues temen que su “deserción” les atraiga la antipatía de la opinión pública. “Aunque no quieren que nos enteremos, la realidad es que nuestros agricultores se están marchando a México”, advirtió Feinstein.

Una escasez similar de mano de obra empieza a notarse en Malasia. Ante la sensación popular de que la inmigración está haciendo subir los índices de criminalidad, el gobierno quiere expulsar a unos 600.000 trabajadores ilegales, y ya ha comenzado las deportaciones. Ahora bien, esta medida podría tener consecuencias perniciosas para la economía del país. Hoy por hoy, los trabajadores extranjeros -en su mayoría procedentes de Indonesia- representan el 17% de la fuerza laboral. Cumplir la meta de expulsiones supondría quedarse sin más de uno de cada veinte trabajadores de que dispone el país.

Para Ismail Abd Rahim, director general del Ministerio de Trabajo, los inmigrantes se han convertido en la primera mano de obra empleada en varios sectores que los nacionales prefieren evitar por la dureza del trabajo. “Aunque nos pese, la realidad es que Malasia se ha vuelto demasiado dependiente de estos trabajadores”, concluye (International Herald Tribune, 14-09-2007). ACEPRENSA.


Letonia: regularizar sin expulsar

Riga. Para los europeos occidentales, la inmigración es en buena parte un flujo que viene del este. Quizás no imaginan que en algunos países de donde les llegan inmigrantes también ocurre lo mismo. Letonia recibe inmigrantes de otras naciones que también formaron parte de la Unión Soviética.

Durante una campaña realizada en el último trimestre de 2006 y principios de 2007, la inspección laboral del gobierno de Letonia encontró más de 630 empresarios que empleaban trabajadores ilegales, con el consiguiente ahorro de impuestos y pago de sueldos bajo mano. La mayoría de las empresas letonas investigadas pertenecen a los sectores de la construcción y la extracción de madera.

Leyes imperfectas, situación económica difícil, falta de capacidad de la inspección de trabajo, excesiva burocracia y otros factores contribuyen a que los empresarios letones empleen a trabajadores ilegales.

En otros lugares, incluidos algunos de los nuevos países miembros de la UE, esto se ha erradicado con fuertes medidas que a largo plazo perjudican a la empresa. Es el caso de Eslovaquia, donde si la inspección laboral encuentra trabajadores ilegales en una empresa, ésta no puede acogerse a subvenciones públicas durante largo tiempo.

En Letonia, el hecho de que una empresa tenga trabajadores ilegales supone pagar 1.000 lats (1.700 euros) de multa y continuar el negocio, sin más.

Según un estudio realizado a principios de este año, el 41% de los trabajadores ilegales (la mayoría procedentes de otras repúblicas ex soviéticas: Georgia, Armenia, Uzbekistán…) trabajan en el sector de la construcción, seguido de pequeñas empresas dedicadas a la extracción de madera. La mayoría de estas empresas se encuentran en zonas rurales.

Con la entrada de Letonia en la UE y la colaboración de los países de origen de los ilegales, el gobierno asegura que se ha mejorado la situación. Después de estas investigaciones la inspección de trabajo y la agencia tributaria firmaron un acuerdo de colaboración para compartir información y organizar una base de datos en la que figuran las empresas con sus correspondientes trabajadores.

La agencia tributaria se encarga de comprobar los empresarios, nombre y apellidos de sus trabajadores, qué impuestos pagan, fecha de solicitud de empleo, fecha del permiso de trabajo, etc. A veces, es obvio, hay que completar esa información y en ocasiones no se consiguen los resultados esperados. Por ejemplo, en un proceso de investigación a una empresa de construcción hay que aclarar quién es el “empresario real” y el número real de trabajadores. Si allí todos cobran el salario mínimo interprofesional (el equivalente de 204 euros), hay algo sospechoso. Si allí solo trabajan oficialmente tres o cuatro personas, todavía más sospechoso.

Antes la situación era peor: no existía ninguna base de datos ni un registro de estas empresas. Los resultados de las investigaciones efectuadas se han presentado este año al Parlamento para que estudie reformas legales con que afrontar el problema. Raquel Moreno.