Quienes se lanzan a la aventura de cruzar las fronteras confían en las posibilidades del mundo desarrollado para lograr una vida mejor. Pero la crisis actual es un mentís a estas expectativas. Quedarse o regresar puede ser a veces un acto de fe, decidido entre la esperanza y el miedo.
Pero en términos de racionalidad, el aprovechamiento de los inmigrantes puede enfocarse desde múltiples ópticas: desde el oportunismo político capaz de convertirlos en el “enemigo externo”, hasta los que les ven como un elemento clave para la producción y el consumo.
El gobierno de Japón ha aprobado una serie de medidas para estimular a los trabajadores latinoamericanos a que abandonen sus puestos de trabajo en las industrias de aquel país, afectadas por la recesión. Ofreciendo generosas sumas de dinero, la administración nipona intenta convencer a los dekasseguis (brasileños de ascendencia japonesa) para que retornen a Brasil, un país que desde comienzos del siglo XX recibió una importante afluencia de japoneses que llegaban a trabajar en las plantaciones de café.
Con más de un millón y medio de personas -entre issei, nissei, sansei: inmigrantes de primera, segunda o tercera generación-, la comunidad japonesa en Brasil es la más grande fuera de Japón. Pero, hace unas décadas, estos nipo-brasileiros comenzaron el camino de vuelta al archipiélago, y han llegado a sumar unos 270.000 residentes. Ahora la administración nipona los quiere de nuevo en Sudamérica. La tentadora indemnización, eso sí, lleva una cláusula implícita: no regresar a Japón, al menos en la condición de empleados. Por lo pronto, unos 100 trabajadores se han acogido al plan de retorno.
La medida, que ha generado polémica, se ha tomado sin preocuparse por el descenso demográfico que desde 2005 afecta a Japón, cuya población en edad laboral podría mermarse en un tercio alrededor de 2050. Un antiguo ministro de Sanidad ha dicho por el contrario que no cree “que Japón deba convertirse en una sociedad multiétnica”. Y, citando el ejemplo de los Estados Unidos, acusa a este país de haber sido “un fracaso” en cuestiones inmigratorias, pues no ha podido resolver las desigualdades de ingreso entre los americanos ricos y los inmigrantes pobres.
El problema en Asia
Time (27-04-09) ha dedicado al tema de las migraciones un amplio reportaje en donde revisa especialmente la situación en Asia. Particular atención merece aquí el problema de las economías que, en buena parte, dependen de las remesas que envían los emigrados. El Banco Mundial estima que las remesas que en 2008 se enviaron a los países en desarrollo alcanzaron los 305.000 millones dólares, una cifra tres veces superior a la recibida en concepto de Ayuda al Desarrollo. Las proyecciones para este año prevén que ese monto disminuya en un 5%.
Países como Nepal y Filipinas están especialmente interesados en que sus ciudadanos en el extranjero mantengan sus puestos de trabajo. El gobierno de Manila se dispone en las próximas semanas a enviar comisiones a Qatar y a Guam para negociar sobre los servicios prestados por trabajadores filipinos; e incluso la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, se ha desplazado recientemente a Dubai para entrevistarse con potenciales empleadores.
Sin embargo, existen ONG filipinas que temen que algunas de las conquistas más recientes y difíciles, relacionadas con el mejoramiento de las condiciones laborales de los emigrantes, se terminen sacrificando a la mera conservación del empleo. Hace poco el gobierno se mostró partidario de levantar una prohibición que impedía contratar trabajadores para Jordania y para Líbano, en vista de las pobres condiciones de seguridad y de empleo que allí se ofrecen.
En China, por el contrario, una encuesta reciente estimaba que alrededor de 12 millones de trabajadores, de vuelta en sus localidades de origen con motivo del Año Nuevo Lunar, albergaban esperanzas de encontrar un nuevo trabajo en las industrias manufactureras del país. Ante el riesgo de que miles de manos ociosas pudieran constituir un problema, los gobiernos locales se han esforzado por emplear a algunos de ellos en obras públicas, mientras a otros les han ofrecido subsidios y microcréditos para estimularlos a emprender en comercios y granjas.
EEUU: Más dífícil la regularización
Los economistas temen que, como efecto de la crisis, las políticas proteccionistas que están perjudicando al intercambio y a la inversión tengan también un efecto negativo sobre el desplazamiento internacional de trabajadores (cfr. Aceprensa, 24-02-2009). Frente al problema del desempleo, los gobiernos se inclinan por reservar a sus nacionales los puestos de trabajo estableciendo restricciones al empleo de extranjeros.
En febrero, Washington estableció limitaciones para la contratación de trabajadores foráneos por parte de los bancos que habían sido auxiliados con dinero público. Además, los temas sobre inmigración han quedado pospuestos en la agenda de Barack Obama, a la espera de que amaine el ventarrón de la crisis. Aunque durante su campaña el ahora presidente postulaba una política equilibrada, reforzando por un lado los controles fronterizos y promoviendo por otro un protocolo de regularización por arraigo, la conmoción actual ha comprometido esos planes. Así lo ha reconocido el vicepresidente Joe Biden, que ante varios líderes latinoamericanos explicaba a finales de marzo que “mientras sube el paro y se pierden los trabajos y las casas, resulta difícil hablarle al electorado de que lo conveniente es legalizar a los trabajadores indocumentados y detener las deportaciones”.
Durante la reciente Cumbre de las Américas en Trinidad, Obama prometió a los países de Centroamérica progresar en un plan de trabajadores agrícolas temporales, para poner orden en los miles de desplazamientos que se producen desde países como Guatemala. Sólo México ha aportado más de 12 millones de inmigrantes mexicanos a su vecino del norte, la mitad de ellos sin papeles.
También la administración de Gordon Brown ha elevado recientemente las exigencias educativas y el salario mínimo para los profesionales de alta calificación provenientes de fuera de Europa. Una medida que, según estima el gobierno, podría rebajar la cifra de 26.000 a 14.000 personas.
El verano pasado el Centro de Estudios para la Inmigración, en Washington, que ha promovido el endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias, publicó un informe titulado “El salto de vuelta”. El documento afirmaba que, según datos del censo, aproximadamente 1,3 millones de inmigrantes ilegales habían abandonado los Estados Unidos entre agosto de 2007 y mayo de 2008. Una caída que de seguir a ese ritmo podría reducir a aquel colectivo, en un plazo de cinco años, a la mitad.
Por otra parte, una encuesta hecha en noviembre por el Pew Hispanic Center revelaba que el ingreso promedio en Estados Unidos entre los hispanos no nacionalizados se desplomó en 2008 en proporción casi seis veces mayor que entre el resto de trabajadores. En enero de 2009, otro informe señalaba que más de la mitad del colectivo confesaba estar preocupada por la posibilidad de que sus hogares terminaran embargados.
¿Regresar es la solución?
Demetrios Papademetriou, presidente del Instituto de Políticas Migratorias con sede en Washington, llama a considerar que la marcha de un trabajador no equivale necesariamente a un puesto de trabajo libre para un norteamericano. “Para cada empleo que entra o sale en una economía, existe también una parte de otro empleo que entra o sale con él”. Se refiere, desde luego, a las tiendas donde el inmigrante ya no comprará, a los bares donde no consumirá, a los servicios que no utilizará.
Por otra parte, Papademetriou afirma que los trabajadores indocumentados tendrán un papel importante que desempeñar en la reflotación de la economía. Representan, dice, exactamente el tipo de fuerza de trabajo hacia la que se volverán los empleadores en las primeras etapas de la recuperación. “Si quieres un impulso rápido para tu negocio, ¿dónde buscarás los trabajadores?”. Las empresas pueden estar recibiendo nuevos pedidos, pero no será cuestión de contratar trabajadores regulares hasta que se tenga la seguridad de que la recesión ha pasado.
De momento, los diversos dreams tras los que salen los inmigrantes cuando abandonan sus tierras siguen resistiendo a los planes de retorno, que al publicitarse intentan pintar siempre el escenario más optimista. Así por ejemplo el programa “Bienvenido a casa”, promovido por el gobierno de Ecuador. Recientemente, la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), la Cancillería y el Instituto de Seguridad Social ecuatorianos han firmado un convenio que permite a todos sus nacionales en el exterior afiliarse a estos servicios, de manera que puedan optar a beneficios tales como los fondos de reserva y jubilación. También podrán beneficiarse estos ciudadanos con la exoneración de impuestos para el menaje del hogar que se lleven consigo cuando decidan regresar.
Sin embargo, y aunque la ministra encargada del SENAMI afirmó en días pasados que 5.000 de sus connacionales ya se habían acogido al plan de retorno, el líder socialcristiano de Ecuador Luis Castro Vásquez ha dicho que esa cifra es “una mentira condenable y un fraude a la esperanza de los inmigrantes desempleados”.