El Gobierno de España acaba de aprobar un Real Decreto de regularización extraordinaria que permitirá legalizar la situación de medio millón de migrantes que ya residían en el país antes del 31 de diciembre de 2025. La medida busca ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios sociales a estas personas, aunque ha generado debate sobre su impacto, su gestión y las implicaciones políticas.
En este artículo respondemos a las principales preguntas sobre el origen, el alcance y las consecuencias de esta iniciativa.
1. ¿De dónde sale esta propuesta?
En España, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) permite a los ciudadanos proponer leyes al Parlamento, según el artículo 87.3 de la Constitución y la Ley Orgánica 3/1984. Para ser admitida, necesita al menos 500.000 firmas y se presenta ante la Mesa del Congreso, que decide si inicia el proceso legislativo.
La ILP para la regularización de inmigrantes fue admitida el 9 de abril de 2024 en el Congreso, con 310 votos a favor y 33 en contra (de Vox), convirtiéndola en una de las ILP con mayor consenso político en décadas.
El texto que se presentó es el resultado del esfuerzo coordinado por el partido Por un mundo más Justo y la Fundación para una Ciudadanía Global, quienes organizaron a distintas entidades del entorno de la Iglesia, otras organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes y una amplia amalgama de instituciones de distinto posicionamiento político.
El objetivo era dignificar la situación de miles de inmigrantes que residen y trabajan en el país y ofrecer un marco regulado que favorezca su integración social y económica.
2. ¿Quién puede acogerse a ella?
Los requisitos para acogerse a la regularización exigen haber residido en España durante al menos 5 meses y haber llegado antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales y contar con una oferta laboral en firme o, en su defecto, acreditar una situación de vulnerabilidad.
Este proceso es comparable a regularizaciones masivas anteriores bajo gobiernos de distinto signo político. Durante las legislaturas de José María Aznar (PP) se llevaron a cabo varias campañas extraordinarias de regularización en 1996, 2000 y 2001, que beneficiaron a más de 524.000 inmigrantes en conjunto. Bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en 2005 se aprobó un gran proceso extraordinario que regularizó a aproximadamente 576.506 personas.
El proceso no otorga la nacionalidad española, por lo que los regularizados no podrán votar. Sí, en cambio, acceder a una serie de prestaciones y servicios (que en gran medida ya recibían)
El perfil más común entre los posibles beneficiarios del Real Decreto recién aprobado es el de un inmigrante latinoamericano (en torno a más del 80%), que ha entrado en el país de manera legal (por el aeropuerto, normalmente), pero que en algún momento ha perdido su estatus regular. A esto se le denomina irregularidad sobrevenida, un fenómeno que ocurre por varias razones, entre ellas, la lentitud o errores de la propia administración, la pérdida del empleo sin lograr encontrar otro antes de renovar el permiso, algunas modificaciones inesperadas en la normativa o la caducidad del permiso de residencia.
Sin embargo, el texto también incluye a personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad por exclusión laboral. En ese sentido, se valora como una de las regularizaciones más ambiciosas al ampliar esta figura, que es imprecisa y poco definida y que sería la primera vez que ofrece la medida a personas sin trabajo.
3. ¿Es una nacionalización?
No, no otorga la nacionalidad. Es una autorización para residir y trabajar en España con una vigencia inicial de un año para personas que ya residían y trabajaban en el país o que acrediten vulnerabilidad.
4. ¿A qué les da derecho?
La regularización les da derecho a residir y trabajar legalmente en España, a cotizar a la Seguridad Social, a acceder a servicios públicos como sanidad y educación, y a recibir ciertas prestaciones, como la de desempleo, bajas por enfermedad o maternidad/paternidad, siempre que cumplan los requisitos de cotización y residencia establecidos por la ley.
5. ¿Es definitiva?
El texto todavía puede sufrir modificaciones puesto que necesita de audiencia pública, de informes por parte de los ministerios y del dictamen del Consejo de Estado.
Los expertos consultados cuentan con que se mantendrá la esencia del texto con algunas modificaciones no significativas. La propuesta que consideran que más peligra es la que permitiría la regularización si se acredita una situación de exclusión laboral o situación de vulnerabilidad, puesto que es una figura subjetiva difícil de delimitar.
6. ¿Es una medida electoralista?
No en el sentido de una compra de votos puesto que, al no tener la nacionalidad, no pueden votar en las elecciones.
Sin embargo, si se mira esta medida desde el parámetro del rédito electoral, no se puede descartar que, más que dirigir voto inmigrante hacia el PSOE, dirija más votos a las fuerzas políticas con un discurso anti inmigración más claro. Algo que podría, en realidad, acabar beneficiando al Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que alimenta a Vox, más cómodo en este frente que el PP, que acabaría siendo el principal desgastado.
7. ¿Habrá un efecto llamada?
Aunque la última regularización se realizó hace más de veinte años, los datos disponibles revelan que no se produjo un aumento de la inmigración tras ese proceso (ni tampoco tras los anteriores).
8. ¿Están preparados los servicios públicos para asumir medio millón de personas más de golpe?
La realidad es que estos inmigrantes ya están en el tejido comunitario. Es decir, sus hijos están escolarizados y la sanidad de España no exige papeles para atender a una persona que lo necesite. Es evidente que tanto educación como sanidad están necesitados de refuerzo y de mejora, pero no necesariamente por la regularización de estas personas que ya hacen uso de los servicios.
Se pueden suponer varios motivos en la decisión del Gobierno: confrontar el discurso antiinmigración, en auge; enmendar el estropicio de la anterior modificación; y, también, apuntarse un tanto político en un momento de debilidad
Lo que no se ha explicado es cómo se va a canalizar el volumen de solicitudes que es previsible que genere esta medida.
Si ya de por sí los trámites administrativos son lentos y acumulan retrasos por encima de los plazos establecidos por la ley, cuesta creer que no vaya a suceder lo mismo con esta iniciativa. Las administraciones públicas de extranjería están ya colapsadas, por lo que los promotores de esta iniciativa ven con preocupación que no se haya elaborado un plan de choque para dar respuesta al pico de solicitudes que se espera.
9. ¿Por qué el Gobierno decide aprobarlo ahora?
¿Por qué una iniciativa que generó un consenso sin precedentes en 2024 ha sido aprobada dos años después por Real Decreto? Esa es la principal duda que surge en torno a la aprobación de un texto que lleva los dos últimos años atascado.
En la interpretación más benevolente, hay quien juzga que el Gobierno, en un momento de extrema debilidad parlamentaria y en el que necesita los votos de Podemos (que siempre ha llevado este tema en su agenda), ha decidido llevar a cabo esta iniciativa por la vía del Real Decreto por miedo a la retórica anti inmigración cada vez más predominante en el discurso público.
No es descabellado pensar que, si bien la ILP se admitió a trámite con el apoyo del PP, quizá no habría recibido el mismo respaldo ahora por parte de los populares. De hecho, en octubre de 2025, en el Senado se aprobó la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Vox para eliminar el concepto de arraigo de la Ley de Extranjería y endurecer los requisitos para obtener residencia temporal. Esta iniciativa fue apoyada por el Partido Popular (PP) en la votación de toma en consideración.
También se le puede atribuir al PSOE una voluntad de reparación, puesto que la última modificación del reglamento de extranjería perjudicaba seriamente a las personas solicitantes de protección internacional. La norma establecía que el tiempo que una persona pasa en España como solicitante de asilo ya no computa para obtener un permiso por arraigo, lo que obligaba a quienes veían denegada su solicitud a caer en irregularidad y a permanecer dos años sin papeles antes de poder optar a modelos de arraigo.
Aunque la actual medida de regularización extraordinaria puede solucionar la situación de muchos de quienes ya se vieron perjudicados por estas disposiciones y que ya residían y trabajaban en España, las personas que lleguen ahora solicitando asilo seguirán enfrentándose a las dificultades del marco legal vigente mientras tramitan su protección internacional. Es decir, sin cambios específicos en estas disposiciones, quienes soliciten asilo seguirán sin poder computar ese tiempo si su petición es denegada, y podrán verse arrastrados igualmente a la irregularidad hasta cumplir nuevos umbrales de residencia, reproduciendo así las mismas barreras estructurales que originaron la necesidad de reparación en primer lugar.
Y, para ojos menos inclinados al beneficio de la duda, es indudable que la sospecha de mercadeo político existe. Hay quien señala que el Gobierno aprovecha una coyuntura de crisis institucional sostenida, y agravada por la tragedia de Adamuz, para apropiarse de una iniciativa ciudadana y venderla como propia, aprovechando los votos de un Podemos que en algún momento podría pasar la factura por el favor.
Además, si bien puede comprenderse que la regularización responde a una necesidad coyuntural que probablemente haga justicia a situaciones puntuales de vulnerabilidad, no es menos cierto que no soluciona una política migratoria rota, que acumula personas en situación de irregularidad, que no garantiza vías legales claras y suficientes para acceder a residencia y trabajo, que deja a muchos fuera de la protección social y jurídica durante años y que no garantiza la integración.
Esta situación evidencia que, más allá de la medida puntual, España necesita una reforma estructural del sistema de extranjería, con mecanismos estables de integración y regularización que no dependan de coyunturas políticas o de decisiones discrecionales de los gobiernos de turno.
2 Comentarios
Gracias por el artículo. Muy claro.
Interesante análisis