La matanza en el campus de Virginia Tech el 16 de abril ha reabierto el debate sobre la necesidad de controlar la venta de armas en Estados Unidos, como suele ocurrir tras sucesos de este tipo. Pero ya antes de esta tragedia, había ido ganando terreno en la opinión pública la postura a favor de implantar medidas más restrictivas, como se ve en un estudio dado a conocer el 10 de abril.
El estudio, realizado por Tom W. Smith para el National Opinion Research Center (NORC), de la Universidad de Chicago, muestra una tendencia que viene de lejos. Así, la posesión de armas de fuego está en el nivel más bajo de los últimos treinta años. A mediados de los años setenta, había armas en el 55% de los hogares; ahora la proporción es del 35%.
De todas formas, el derecho a portar armas es una tradición muy arraigada, que figura expresamente en la Constitución de Estados Unidos (segunda enmienda) desde 1791. Solo el 11% de los norteamericanos, según una encuesta de 2001, son partidarios de anular ese artículo. Pero la gran mayoría, el 75%, está a favor de regular de algún modo el uso de armas. En torno al 80% propone limitar la venta de fusiles o pistolas automáticas y el 54% piensa que la venta ilegal debería estar castigada con mayor rigor que el tráfico de drogas.
La opinión generalizada es que habría que establecer trámites para controlar o dificultar la adquisición de armas de fuego. Se proponen diferentes formas. El 87,9% cree que se debería exigir un cursillo de seguridad y preparación sobre su uso, o bien un permiso policial (79%). También muchos piensan que se debería establecer la inscripción obligatoria en un registro público (77%). De lo que se trata, en definitiva, es de comprobar la aptitud del adquirente así como sus antecedentes penales, con el fin de evitar que pueda hacerse con un arma una persona potencialmente peligrosa.
Pero una cosa es que haya una mayoría a favor de controlar las armas, en general, y otra que sea políticamente factible establecer condiciones más estrictas que las existentes, que varían mucho de un estado a otro. En los estados más laxos, como Texas (allí no se exige permiso para comprar armas y tampoco es necesario registrarlas), donde más necesarias serían las restricciones, es una causa perdida, y para los miembros del Congreso es arriesgado apoyar limitaciones federales. Durante el mandato de Clinton se prohibieron los fusiles de asalto, que no tienen uso civil, y los demócratas están convencidos de que eso contribuyó mucho a sus derrotas en las elecciones legislativas de 1994 y 2000. La prohibición ya no está en vigor desde 2004, pues Bush no la renovó, y los demócratas han abandonado la «cruzada en contra de las armas», con el fin de hacerse un hueco entre los electores rurales, muy aficionados a tener armas. El gobernador de Montana, demócrata, ha confesado estar a favor de la posesión de armas.
Además, cualquier intento de imponer más controles se enfrenta a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que cuenta con una poderosa maquinaria propagandística y nunca cede porque considera cualquier limitación como una derrota que preludia la prohibición total. La réplica de la NRA ante matanzas como la de Virginia siempre es que se habrían podido evitar si las víctimas hubieran llevado armas con que defenderse. Los norteamericanos son sensibles a tales argumentos, y de hecho, el estudio del NORC considera que el avance de la opinión favorable al control de armas obedece, entre otras razones, a cierta sensación de seguridad entre la población desde que en los años noventa bajara la tasa de criminalidad.
Pero el autor del estudio señala a la vez un hecho revelador: los atentados del 11-S no han llevado a la opinión pública a reafirmar el derecho a defenderse sino a sostener la necesidad de limitar el uso y la adquisición de armas.
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