En 2015, las minas terrestres ocasionaron la muerte o daños graves a una media de 18 personas al día en varias partes del mundo, según un informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonas (ICBL). El número supone un incremento del 75% en ese tipo de incidentes desde 2014.
El informe subraya que 6.461 personas resultaron afectadas por estallidos de minas y otros artefactos (la mayor cifra desde 2013, año en que fueron 3.353). El incremento se ha debido, fundamentalmente, a los escenarios de guerra de Afganistán, Iraq, Libia, Siria, Ucrania y Yemen.
Es de notar además que el presupuesto para el desminado ha ido decreciendo. De los últimos diez años, fue 2011 el de mayores aportes, con casi 499 millones de dólares, mientras que en 2015 las donaciones cayeron abruptamente a un mínimo histórico: 340 millones.
Otro preocupante retroceso es que los países y áreas dónde hay presencia de minas antipersonas han pasado de 61 a 64. En Nigeria se ha incrementado su uso, mientras que una actualización de los datos indica que en Palau y Mozambique también hay.
La Convención de Ottawa, firmada en 1997 y en vigor desde 1999, prohíbe las minas contra personas, que mantienen su capacidad de causar daño mucho tiempo después de haber sido plantadas o diseminadas.
El pacto obliga a los Estados firmantes a no emplear, producir, adquirir, almacenar o transferir estas armas, y además a destruir, en el plazo de cuatro años, las que tengan almacenadas, y a limpiar de ellas su territorio en un plazo de diez años. Igualmente los compromete a proveer asistencia médica, apoyo económico y ayuda a la reinserción a todas aquellas personas que hayan resultado afectadas por los estallidos.
Antes de la Convención, más de 50 países fabricaban minas antipersonas. En la actualidad quedan 11, entre los que la India, Myanmar, Pakistán y Corea del Sur son los principales productores.