Roma. La prostitución es «una forma moderna de esclavitud», y supone «una ofensa a la dignidad de las mujeres y una grave violación de los derechos humanos fundamentales». Se calcula que 2,4 millones de personas son víctimas del tráfico de seres humanos, cuyo volumen de negocio anual es de 10.000 millones de dólares. A estas conclusiones han llegado los representantes de las conferencias episcopales de 19 países europeos y de República Democrática del Congo, India, Nigeria y Tailandia, participantes en el primer Encuentro Internacional de Pastoral para la liberación de las mujeres de la calle.
En el encuentro, celebrado en Roma en junio y patrocinado por el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, expertos en este campo trataron de fotografiar el problema: el número de mujeres de la calle ha aumentado considerablemente por diversas razones de tipo económico, social y cultural. En algunos casos, las que se han visto implicadas en este triste fenómeno han sufrido violencia patológica o abusos sexuales desde la infancia. Otras han sido inducidas a la prostitución con el fin de lograr los suficientes medios para su supervivencia y la de sus familias. Hay también quienes han abandonado sus países debido a la pobreza, convencidas de que el trabajo que les ofrecían en el extranjero hubiera cambiado su vida.
El perfil del «cliente» en este «sucio negocio» es el de un hombre que normalmente supera los 40 años, pero también hay muchos jóvenes entre los 16 y 24 años. Cada vez hay más hombres -se lee en el documento conclusivo, publicado la semana pasada- que buscan a las prostitutas por motivos de dominio, más que por gratificación sexual. En las relaciones sociales y personales experimentan una pérdida de poder y de masculinidad y son incapaces de desarrollar relaciones de reciprocidad y de respeto. Van detrás de las prostitutas porque les proporcionan una experiencia de dominio total y de control sobre una mujer durante un determinado período de tiempo.
Sin embargo, para solucionar el problema en su raíz, no es suficiente con una «condena social» y legal de «los clientes»; hay que ayudarles a superar su profundo malestar. En efecto, «comprar sexo de una prostituta -sigue el documento- no resuelve los problemas derivados de la soledad, la frustración o la falta de relaciones auténticas».
En cuanto al papel de la Iglesia en este campo, los participantes en el encuentro han hecho hincapié en la responsabilidad de los pastores en la promoción de la dignidad humana de las personas explotadas y en apoyar su liberación y su sustento económico, así como su educación y formación. Además, la Iglesia «debe defender los legítimos derechos de las mujeres» y denunciar «las injusticias y la violencia contra las mujeres de la calle, en cualquier lugar y circunstancia».
También sugieren colaborar con los medios de comunicación para asegurar una información correcta sobre este tema y medidas eficaces contra las representaciones degradantes de la mujer en la publicidad.
Entre las recomendaciones finales se aconseja a los obispos que en sus cartas pastorales alienten a la promoción y protección de la dignidad de las mujeres y de los menores, y se pide una mayor coordinación entre los grupos comprometidos en la pastoral en este campo, es decir, los voluntarios, asociaciones, congregaciones religiosas, ONG y grupos ecuménicos e interreligiosos.
Por último, se hace hincapié en la importancia de usar un lenguaje y una terminología apropiados al referirse al fenómeno de la explotación sexual y de la prostitución, y se insta a la sociedad a ofrecer recursos alternativos de vida a las personas que tratan de «abandonar la calle».
Alfonso Torres-Pardo