Joël-Benoît D’Onorio, director del departamento de Ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Aix-en-Provence, comenta, en L’Express (1-VI-95), una de las tesis de la encíclica Evangelium Vitae: que la ley humana no puede anular la ley moral universal.
(…) Negar la primacía de la ley moral sobre la ley civil ya no es de recibo. O la ley moral es superior a la ley civil, o no es ley moral. Lo contrario significaría que la moral se derivaría de la ley civil y entonces tendría por autor al Estado. Si es el Estado -es decir, el partido en el poder- quien, a merced de sus mayorías cambiantes y opiniones fluctuantes, define el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto, acaba por convertirse en un substituto de la religión, y degenera en tiranía: así lo atestiguan las atrocidades que han ensangrentado el siglo XX.
En cambio, es un honor de la democracia permitir la libre expresión de los desacuerdos con una u otra ley, legitimar los intentos de reforma, el derecho a la objeción de conciencia, incluso la resistencia ante la injusticia. Porque las resistencias políticas son en primer lugar resistencias éticas. ¿Cómo han legitimado su actuación los grandes resistentes -y, en el primer puesto, el general De Gaulle-, a falta de una ley a su favor? ¿De dónde sacan sus argumentos los defensores de los derechos del hombre en su lucha contra las leyes reprensibles de ciertos Estados, si no es de una motivación esencialmente moral?
Es innegable que hay derechos anteriores a las leyes y anteriores al Estado, porque son inherentes a la persona humana, consustanciales a su naturaleza y participan de su dignidad. Los derechos del hombre, tan invocados en nuestros días, nos ayudan a redescubrir la noción de ley moral universal, cuya observancia caracteriza un auténtico Estado de derecho en el que la política está reconciliada con la ética. (…)
