La Iglesia católica protege los derechos del niño

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La comparecencia de un Estado ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU apenas tiene eco, y menos fuera del país correspondiente. Pero el 16 de enero, la sede la ONU en Ginebra bullía de periodistas y miembros de algunas ONG porque era el turno de la Santa Sede, y algunos grupos querían convertir la comparecencia en un tribunal para acusar a la Iglesia católica por los casos de abusos de menores.

Como signataria de la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Santa Sede –uno de los primeros en ratificarla– está obligada a presentar un informe quinquenal al Comité de Derechos del Niño (CDN), encargado de vigilar el cumplimiento del tratado. Concretamente, los Estados deben informar sobre las medidas que hayan adoptado para promover los fines de la Convención y sobre el progreso que hayan hecho en cuanto al efectivo disfrute de los derechos ahí reconocidos; sobre las circunstancias y dificultades que afecten a la aplicación del tratado, y de los datos necesarios para que el CDN tenga una idea cabal de la situación del país al respecto (art. 44). De modo análogo, el Vaticano tenía que informar sobre los dos protocolos facultativos a los que también se adhirió: uno sobre el tráfico de niños y la prostitución y la pornografía infantiles, y otro sobre los niños soldados.

Durante su intervención, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Mons. Silvano Maria Tomasi, explicó primero lo que en cuanto Estado había hecho la Santa Sede en el diminuto territorio de su jurisdicción. Entre otras cosas, ha incorporado a su legislación normas para cumplir el primer protocolo adicional, mediante la reforma de sus leyes penales. Por ejemplo, ha abierto una instrucción contra el ex nuncio en Santo Domingo, acusado de abusos de menores, que por ser diplomático de la Santa Sede, está sujeto a la jurisdicción vaticana.

Segundo, en cuanto “órgano central” de la Iglesia católica, la Santa Sede ha formulado directrices y procedimientos para facilitar que las Iglesias locales desarrollen medidas efectivas dentro de su jurisdicción y en conformidad con la legislación canónica para luchar contra cualquier abuso de menores y colaborar con las respectivas autoridades nacionales.

Tomasi recordó que un informe de la ONU de 2006 sobre Violencia contra los Niños estimaba, aun con amplio margen de error, que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años han experimentado distintas formas de violencia sexual. “Entre los abusadores se encuentran miembros de las más respetadas profesiones del mundo, también, desgraciadamente, miembros del clero y de otro personal de las iglesias”, reconoció Tomasi.

Tras presentar el informe introductorio, varios expertos del comité han formulado preguntas a la delegación vaticana, sobre los mecanismos adoptados para investigar y sancionar a los culpables de abusos dentro de la Iglesia, sobre cómo garantizar “el interés superior del niño” frente a cualquier otra consideración y las medidas de reparación a favor de las víctimas. Todo se ha desarrollado con normalidad.

La línea de la trasparencia
En cambio ha habido alguna intervención por parte de la ONG Child Rights International Network (CRIN) que no pedía información sino que pretendía desacreditar a la Iglesia. Antes había difundido su propio informe preliminar, que debía servir de base para organizar el “proceso” contra la Iglesia. El fin del informe era afirmar que la Iglesia Católica sigue siendo complaciente con los abusos, que siempre ha tratado de encubrir la verdad y que es reticente para reconocer su responsabilidad.

El CRIN asegura que solo con el actual pontificado habría empezado un cambio, ignorando que bajo Benedicto XVI se tomaron las medidas más drásticas sobre este problema. Según cifras facilitadas con motivo de la comparecencia en Ginebra y de las que se hace eco Associated Press, en el periodo 2011-2012 384 sacerdotes fueron dimitidos por causa de abusos sexuales.

El CRIN acusa a la Iglesia de pretender ocultar el fenómeno de los abusos. Pero su propio informe desmiente la acusación, ya que las cifras sobre víctimas y sacerdotes responsables proceden casi exclusivamente de estudios encargados por las propias conferencias episcopales, lo que indica que la Iglesia ha optado por la línea de la trasparencia.

Por ejemplo, un informe del John Jay College, encargado por la Conferencia Episcopal de EE.UU., es la fuente más precisa de los datos recabados sobre abusos de menores en la Iglesia de ese país entre 1950 y 2002. Las denuncias afectaban al 4% de los sacerdotes activos en esos años.

En la Iglesia católica, el papa Francisco ha continuado la senda iniciada por Benedicto XVI para proteger a los niños y ha constituido una comisión internacional de expertos para combatir los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y para atender a las víctimas. Asimismo, ha aprobado una reforma del Código Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano que refuerza las sanciones contra actos de pederastia.

La BBC no quiso investigar a Savile
Ninguna otra institución ha examinado tan a fondo los abusos contra menores en su seno como la Iglesia Católica ni ha tomado tantas medidas en los últimos años. Solo ha raíz de la crisis desatada a principios de este siglo, otras instituciones civiles han empezado a dar datos sobre este problema. Y lo que ha salido a la luz confirma las pautas ya observadas: algunos culpables reincidían una y otra vez sin que las autoridades dieran crédito a las denuncias o tomaran medidas enérgicas.

La propia BBC, tan crítica con la Iglesia católica en este tema, tuvo que admitir, a raíz de las revelaciones tras la muerte del presentador estrella Jimmy Savile, que este pudo cometer sus abusos sin que nadie de la corporación hiciera nada e incluso se impidió emitir un reportaje de investigación sobre el caso tras su muerte en 2011. Una investigación dirigida por la antigua juez Janet Smith, cuyas conclusiones se han filtrado al dominical The Observer, revela que Savile se amparó en su fama para abusar de niños que participaban en sus programas y de jovencitas fans, a veces en los mismos estudios de la BBC. El informe sentencia que sus jefes sospechaban o conocían algunas de las fechorías de Savile, pero prefirieron no investigar, ya que se trataba de una figura importante para la audiencia.

Estas revelaciones han salido a la luz coincidiendo con los juicios a otras dos estrellas televisivas, acusadas también de abusos sexuales. Dos El músico Rolf Harris y el presentador radiofónico Dave Lee Travis son antiguas figuras de la BBC; el tercer imputado, William Roache, ha sido un famoso actor en la serie Coronation Street, de la ITV.

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