¿Puede el Estado entrometerse en la definición que cada cual haga de su identidad de género? La cuestión se ha planteado recientemente en Estados Unidos y en el Reino Unido. Lo sorprendente es que a esta pregunta, un medio tan liberal como The Economist responde: sí, debe.
Antes de meterse en harina en un artículo largo, el semanario británico ha querido aclarar en un editorial en qué lado de la historia está: “Este periódico es un orgulloso partidario de los derechos de los gais. Publicamos nuestro primer editorial a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en 1996. Defendemos el principio liberal de que cada cual es el mejor juez de sus propios intereses y debería poder actuar como quisiera, siempre y cuando no perjudique a un tercero”.
En consecuencia, The Economist critica el plan de la Administración Trump de definir el género de una persona por el sexo biológico con el que nace. Pero también se opone al del gobierno británico de dejar la definición de la identidad de género a la elección personal. Sostiene que el Estado sí tiene algo que decir en este asunto, por exigencia precisamente del ideario liberal: “El bienestar que ganan los transexuales que se autodefinen así, debería equilibrarse con el potencial perjuicio que puedan causar a los demás”.
En su editorial, The Economist distingue tres tipos de daños potenciales. Primero, la autodefinición de género podría ser explotada por depredadores sexuales que ganan acceso a las instalaciones reservadas a mujeres. Segundo, hay una presión cada vez mayor para que los niños se sometan a tratamiento transexual (ver artículos relacionados), “a pesar de las pruebas de que sin él, la mayoría acabaría cambiando de opinión”. Y tercero, pese a la cautela que requeriría un debate sobre el que hay tan pocas certezas, lo cierto es que se han impuesto las prisas y las pocas ganas de debatir: “Cualquiera que cuestione la nueva ortodoxia es tachado de ‘tránsfobo’. Se omiten las investigaciones sobre los daños que la transición temprana puede causar a los niños. Los investigadores que estudian las consecuencias de redefinir las categorías relativas al sexo se enfrentan a campañas para que los despidan”.
Algunos argumentos de The Economist son discutibles, lo mismo que los remedios que propone. Pero es elocuente la idea principal que lanza: la autodefinición de género nunca es un asunto estrictamente privado, pues, en la medida en que puede tener consecuencias perjudiciales, requiere la comparecencia del Estado.