Japón: pena de muerte sin información pública

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Duración lectura: 2m. 35s.

La larga espera del condenado a muerte en Estados Unidos hasta que es ejecutado o perdonado se repite en Japón, pero en este país termina súbitamente. Hace dos semanas, dos presos fueron ejecutados una hora después de habérseles comunicado que iban a morir, procedimiento habitual en este país asiático.

En Japón, los prisioneros permanecen en el “corredor de la muerte” durante más de diez años -incluso treinta- hasta que un día, con una hora de margen, se les comunica que van a morir en la horca. Durante la larga espera permanecen incomunicados, en la mayoría de los casos, y sin posibilidad de ver a su familia, que ni siquiera es avisada de la ejecución de su pariente.

La frialdad del proceso también se traslada a la prensa. El despliegue mediático que se produce en Estados Unidos no cabe en Japón. Por ejemplo, la noticia de las dos últimas ejecuciones fue despachada con un escueto comunicado que decía: “Dos convictos han sido ejecutados hoy”. No se mencionaban los nombres de los reos ni las causas de la condena, que solo se pueden conocer a través de abogados o funcionarios del Ministerio del Interior, que hablan a condición de que se les mantenga en el anonimato.

El portavoz del Ministerio de Justicia justifica el procedimiento diciendo que “si notificamos la ejecución al reo con más antelación, su estado emocional puede perturbarse. Por ello no podemos decir nada a nadie antes, ni siquiera al preso. Después de la ejecución, informamos a la familia lo más pronto posible” (International Herald Tribune, 20-XII-99).

En Japón han sido ejecutadas 32 personas durante los últimos diez años. Otras 50 permanecen en el “corredor de la muerte”. El número es mucho menor que en China (1.067 ejecuciones en 1998), desde luego, o en Estados Unidos (68).

Por otro lado, las ejecuciones se suelen llevar a cabo en verano o final de año, durante el receso parlamentario. De este modo, no hay posibilidad de que se discuta la cuestión en el Parlamento. De todas formas, la opinión pública japonesa es mayoritariamente favorable a la pena de muerte, más aún después de crímenes recientes, en especial el atentado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Y la prensa tampoco se muestra crítica con las ejecuciones.

Contra la pena de muerte se manifiestan solo algunas organizaciones por derechos humanos. Pero tienen poca fuerza, y no logran crear un movimiento de oposición. Estas asociaciones atribuyen parte de sus dificultades a las tácticas oficiales: “El gobierno japonés -dice Julie Morizawa, secretaria general de Amnistía Internacional en Japón- intenta excluir la pena de muerte del debate público, y en esto están teniendo mucho éxito. No sabemos de antemano lo que pasa con los reos. El gobierno simplemente ejecuta condenados y después lo anuncia enviando un fax de una línea. Esto es lo que ellos llaman información, transparencia”.

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