A propósito del último informe publicado en Irlanda sobre los abusos a menores, referido a la diócesis de Cloyne, Diego Contreras comenta en su blog “La Iglesia en la prensa” el distinto rasero mediático con que se miden las responsabilidades del Estado y de la Iglesia en esta materia.
De la lectura del último informe publicado en Irlanda sobre los abusos a menores, referido a la diócesis de Cloyne, se evidencia que el entonces obispo local no dio una adecuada respuesta a las 19 denuncias presentadas en esos años (1996-2008). No hubo “coberturas” ni nada por el estilo: lo que ocurrió es que no siguió de cerca el problema, sino que delegó en otros. Según el informe, las personas en las que delegó esos temas se pusieron del lado de las víctimas, creyeron las denuncias… pero no abordaron con rigor todos los pasos establecidos, de modo que no se procesó a los presuntos responsables (la mayoría ya fallecidos). Un caso triste, que merece crítica y reprensión. Hubo dejadez, falta de responsabilidad o como se le quiera llamar.
El periodista David Quinn publica un interesante artículo sobre este tema en el irlandés Independent donde, después de señalar las responsabilidades de la Iglesia de su país, añade que hay datos del “Cloyne Report” que se han pasado por alto. Por ejemplo el hecho de que se reconozca que las medidas establecidas por la Iglesia irlandesa dejan muy atrás a las del Estado, que “son menos precisas y más difíciles de poner en práctica”.
Otro dato del informe es que evidencia la responsabilidad del Estado, que también ha reaccionado con años de retraso en lo que se refiere a la protección de menores. La diferencia –dice Quinn- es que esto no es noticia.
Y refiere el caso concreto de una comisión irlandesa que investiga las muertes de 200 menores, ocurridas en los últimos diez años, debidas a violencia, suicidios, drogas o posibles enfermedades diagnosticables. Esos chicos estaban a cargo o eran seguidos por los servicios sociales del Estado. Esas muertes, afirma Quinn, no han recibido un tratamiento ni de lejos similar al de los escándalos de la Iglesia, de los que se escribe como si estuvieran sucediendo hoy.
Comparando esos dos modos de actuar, Quinn se hace algunas preguntas: cuando en otoño se publiquen los resultados de la comisión, ¿se presentarán en una rueda de prensa presidida por algún ministro y transmitida en directo por la televisión? ¿Será el tema casi exclusivo de los telediarios de media tarde y noche? ¿Se realizarán documentales –en dos partes– de gran carga emotiva en los que se expliquen cómo murieron estos 200 niños? ¿Se mencionarán con sus nombres a los responsables y se pedirá con insistencia su dimisión?
Naturalmente, un caso no justifica al otro, pero es bueno que sean noticia todos los fallos en la protección de los menores, no solo aquellos adjudicables a la Iglesia.