La alianza entre sindicatos de profesores y autoridades de los distritos escolares ha dado lugar en la escuela americana a una resistencia frente a iniciativas exitosas que vienen de fuera del sistema.

Un largo artículo publicado por el American Enterprise Institute (AEI) –un think tank defensor de la libre iniciativa–, analiza los intereses que se esconden detrás de la resistencia a algunas iniciativas educativas privadas. Según el autor, los agentes que tradicionalmente han dominado las políticas educativas en las etapas primaria y secundaria (cargos políticos en los distritos escolares, sindicatos, editoriales y las facultades de pedagogía) no defienden como dicen la calidad del sistema, sino sus propios intereses. Por eso se oponen a cualquier iniciativa exitosa que provenga de fuera del sistema. La alianza entre sindicatos y autoridades de los distritos escolares, fundamentalmente, ha construido un muro que, además de resguardar sus respectivos intereses, ha mantenido a la escuela norteamericana poco receptiva a la innovación y a las reformas educativas que se han puesto en marcha para mejorar la evaluación de los resultados. Sin embargo, dos fenómenos están provocando que este muro se resquebraje, dejando paso a agentes privados y con ideas frescas: las iniciativas puestas en marcha por las dos últimas administraciones (No Children Left Behind en 2001, Race to the Top en 2009 y Common Core State Standards también en 2009), centradas en la evaluación rigurosa de las capacidades adquiridas por los alumnos; y por otro lado la llegada de nuevas tecnologías (sobre todo, on-line) que facilitan un aprendizaje más personalizado y para las que el sistema tradicional no está preparado debido a su natural resistencia a las innovaciones traídas por empresas privadas. Según los agentes tradicionales, el modelo actual en el que ellos dominan es el único que salvaguarda el ideal democrático de educación pública para todos Otra educación pública es posible Según Alex Hernandez, autor del artículo, los agentes tradicionales han sabido vender la idea de que el modelo actual, dominado por ellos, es el único que salvaguarda el ideal democrático de educación pública para todos: ir en contra de este modelo supone cuestionar ese principio sagrado. Por otra parte, han suscitado una actitud de sospecha preventiva hacia cualquier iniciativa privada, ya sea con ánimo de lucro o sin él. En realidad, la polémica en torno a la titularidad de la gestión esconde la animadversión de las instituciones asentadas hacia los “nuevos proveedores de educación”: charter schools (escuelas de financiación pública, pero autónomas), sistemas de cualificación del profesorado distintos a las facultades tradicionales y empresas de recursos tecnológicos como la Khan Academy. La gran mayoría de estas iniciativas han surgido en las últimas dos décadas para resolver algunos problemas específicos del sistema educativo norteamericano, como la concentración de alumnos con bajos rendimientos en determinadas escuelas o la baja capacitación de muchos profesores. La opinión pública en torno a estas propuestas alternativas es compleja: según las encuestas, una amplia mayoría de la población es favorable a que las familias puedan elegir la escuela pública que quieran, independientemente de si es la que les han asignado; sin embargo, menos de la mitad respaldan la idea de que el Estado financie con dinero público escuelas gestionadas por entes privados, como si la existencia de este tipo de centros dañara a los de gestión pública. El autor del artículo explica que estos recelos solo se producen respecto de las etapas primarias y secundarias. El gobierno federal concede anualmente una partida millonaria para ayudar a los estudiantes universitarios a estudiar en las universidades que quieran, incluyendo las 25 mejores, de las que solo dos están gestionadas por la administración pública. “A nadie le parece mal que se destine dinero público a facilitar el acceso a las universidades (privadas) de Harvard o Standford”. Lo mismo ocurre con los fondos Head Start en la educación infantil: el gobierno contrata indistintamente a empresas con ánimo de lucro y sin él para prestar esos servicios educativos. Hay una resistencia en la escuela norteamericana a la innovación y a las reformas educativas que se han puesto en marcha para mejorar la evaluación de los resultados La tiranía del sistema establecido El artículo de Hernandez relata brevemente la historia de cómo los agentes actualmente establecidos fueron arraigándose en el sistema educativo y moldeándolo según sus intereses: el auge de los sindicatos a partir de la consolidación de los distritos escolares en los años 60, la creciente influencia de las facultades de pedagogía en los currículos educativos (gracias al control de los certificados de aptitud docente), cómo unas pocas editoriales consiguieron que el Estado aprobara una lista oficial de libros de texto que evidentemente favorecía sus productos… Sin embargo, más interesante que estas historias, son algunas polémicas concretas que muestran la lucha de los agentes educativos establecidos para no perder su cuota de poder a favor de iniciativas externas al sistema. Por ejemplo, el caso Aspire en California. Aspire es una cadena de escuelas charter (sin ánimo de lucro) que atiende a unos 12.000 estudiantes en 34 escuelas a lo largo de todo el estado de California. Ha sido puesta como modelo al conseguir uno resultados académicos excelentes (de los mejores de todo el estado), atendiendo fundamentalmente a estudiantes de entornos socio-económicos bajos. Debido a su éxito, en 2007 el gobernador de California concedió a la organización un estatus especial para poder operar en todo el estado sin depender de cada distrito, sino directamente de la administración estatal. Sin embargo, la Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA) denunció al Departamento de Educación californiano por esta concesión: a su entender, los distritos escolares son los que debían dar permiso o no para que se crearan nuevas escuelas en sus circunscripciones. A la demanda se unió el principal sindicato de profesores de California, la CTA, quizá porque las charter schools de Aspire solían tener un bajo nivel de asociación sindical. La jueza dio la razón a los demandantes, aunque el Departamento de Educación ha anunciado que recurrirá. Por lo general, los distritos escolares no se suelen mostrar favorables a la creación de charter schools, dado que dejan de percibir los fondos públicos correspondientes a cada alumno matriculado en ellas. Sin embargo, además de la iniciativa federal Race to the Top, han surgido leyes estatales que también favorecen la creación de este tipo de centros, como la “Parent Trigger” Law. California fue el primer estado en aprobar esta norma que permite a los padres de escuelas con rendimientos muy bajos organizarse y exigir a la dirección cambios drásticos, entre ellos que se convierta en un colegio charter. En julio de este año, un juez ordenó que se readmitiera la petición de los padres de un colegio en San Bernardino, después de que otro juez la hubiera rechazado alegando (como argumentaban los sindicatos y el propio distrito escolar) que había un fallo técnico en la recogida de firmas. La batalla por controlar al profesorado La cualificación del profesorado en Estados Unidos está cambiando. Antes de 1980, el 98% de los certificados de aptitud docente los otorgaban las facultades universitarias. Ahora, tan solo controlan el 73%. Entre los nuevos proveedores del certificado se encuentran empresas privadas que han obtenido la correspondiente licencia. Una de las más prestigiosas es TFA (Teach for America), que se ha especializado en formar a jóvenes con talento y recién graduados, y distribuirlos en los colegios con peores rendimientos. A pesar del éxito que ha demostrado este programa, los sindicatos educativos de Seattle promovieron una propuesta para rescindir el contrato de colaboración que el Consejo Escolar de la ciudad había firmado con TFA. En realidad, solo se habían contratado a seis profesores bajo este acuerdo, pero algunos sindicalistas entendían que esto suponía un riesgo para la calidad de la educación, puesto que a pesar de su brillante currículum académico y su motivación, adolecían de “falta de experiencia”. En la votación del Consejo Escolar el pasado marzo (que finalmente decidió por solo un voto no rescindir el contrato), la vicepresidenta explicó que no quería limitar un programa que gustaba a algunos directores de colegios de la ciudad; más cuando la contratación de estos profesores era algo voluntario que cada colegio tendría que decidir. Los casos de Seattle o de California sirven como ejemplos de cómo, en muchas ocasiones, los agentes educativos tradicionales se han hecho fuertes en las escuelas a fuerza de limitar la capacidad de elección de los padres e incluso de los propios colegios. Sin embargo, según Alex Hernandez, en los dos últimos años se están percibiendo cambios prometedores, relacionados con una creciente exigencia de evaluaciones transparentes y con la toma de medidas drásticas para aquellas escuelas que durante varios años seguidos han demostrado su incapacidad para revertir unos malos resultados, a pesar de los incentivos y las ayudas. Además, la llegada de un cuerpo de profesores cargado de nuevas propuestas, y la asimilación de las nuevas tecnologías, precipitarán en los próximos años un cambio a mejor en la escuela norteamericana.

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