La dureza de las acusaciones del Comité para los Derechos del Niño de la ONU contra la Santa Sede por no haber actuado con suficiente energía en los casos de abusos de menores (cfr. Aceprensa, 6-02-2014) contrasta con la laxitud y la falta de transparencia con que Naciones Unidas aborda esos delitos entre sus fuerzas de pacificación. Así lo argumenta en The Wall Street Journal Claudia Rosett, periodista de investigación en la Foundation for Defense of Democracies.
A Rosett le sorprende que el Comité de la ONU acuse a la Santa Sede de encubrir los casos de abusos de menores sin haber tenido en cuenta las medidas aplicadas por la Iglesia durante los últimos años para prevenir estos casos (cfr. Aceprensa, 17-01-2014).
Actualmente, la ONU no es un ejemplo de transparencia en este asunto: “Naciones Unidas solo publica estadísticas genéricas sobre las violaciones cometidas por el personal que trabaja bajo su bandera”, pero no comparte con el público “información tan básica como los nombres de los acusados o los detalles de lo que hicieron a la gente que la ONU envió a proteger”, dice Rosett.
Naciones Unidas tampoco destaca por sancionar estas conductas de forma efectiva: “Los cascos azules acusados de cometer crímenes sexuales simplemente son reenviados a sus países, donde la mayoría de las veces escapan del radar” [de la vigilancia y la sanción]. Efectivamente, las naciones que aportan tropas suelen zafarse con facilidad de las preguntas de la ONU. En 2009, solo catorce de las ochenta y dos peticiones de información fueron atendidas (cfr. Aceprensa, 19-04-2010).
Aunque las acusaciones contra los cascos azules han descendido desde que Naciones Unidas empezó a publicar estas estadísticas, en 2007, el problema está lejos de haberse resuelto. “Entre 2007 y 2013, la ONU registró 600 acusaciones de violación o explotación sexual; de ellas, 354 han sido confirmadas, la mayoría relativas a menores”, subraya Rosett.
Más ideología que protección
El tono empleado por el Comité en sus recomendaciones a la Santa Sede hace sospechar a Rosett que este informe tiene que ver con reivindicaciones ideológicas antes que con la protección de los derechos del niño. Así lo refleja el contraste entre la dureza de las acusaciones vertidas contra la Iglesia católica y la manga ancha que emplea con países conocidos por sus violaciones de los derechos del niño.
Oficialmente, todos los países signatarios de la Convención de los Derechos del Niño están obligados a informar cada cinco años sobre las medidas que están adoptando para mejorar su cumplimiento. Pero en la práctica algunos incumplen el plazo durante años y no pasa nada. Así ocurre con Irán, uno de los países con más ejecuciones de jóvenes durante los últimos años. Su último informe es de 2005 y el siguiente está previsto para 2016.
En Corea del Norte, los niños pueden morir de hambre o terminar en campos de trabajos forzosos por las “deslealtades” al régimen de sus padres o sus abuelos. Pero en sus recomendaciones de 2009 a este país, el Comité recurrió a generalidades para denunciar los “severos castigos” infantiles. “No había nada parecido al fervor con que el Comité ha denunciado al Vaticano por haber fallado al no prohibir expresamente los castigos corporales”, critica Rosett.
La periodista también muestra su inquietud ante el hecho de que el Comité de la ONU haya aprovechado el informe para exigir a la Iglesia que cambie su doctrina sobre el aborto, la homosexualidad, el acceso de los adolescentes a la anticoncepción o el reconocimiento de los diversos tipos de familias. “En este informe el Vaticano es avergonzado públicamente, y después se le urge a redimirse inclinándose ante el altar de Naciones Unidas”.