Las vacas sagradas de los monopolios públicos siguen cayendo en todo el mundo. Brasil acaba de sumarse a esta tendencia. Además de luchar contra la inflación, el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, elegido en octubre del año pasado, está decidido a terminar con el monopolio estatal en algunos sectores de la economía. Los primeros ejemplos han sido las telecomunicaciones y el petróleo.
En la primera semana de junio el Congreso aprobó -en primera vuelta y por mayorías superiores a la requerida (60%)-, las enmiendas constitucionales que permitirán a empresas privadas nacionales o extranjeras explotar las telecomunicaciones y el petróleo nacionales. No obstante, para concluir definitivamente con el monopolio de esos sectores -actualmente en manos de las empresas estatales Telebrás y Petrobras-, se necesita el asentimiento de la Cámara de Diputados en una segunda vuelta, y la aprobación de cinco enmiendas presentadas por el Senado.
El caso del petróleo ha sido el más significativo. La empresa Petrobras fue fundada en 1953 en claro desafío a las multinacionales del crudo; es considerada un símbolo nacional brasileño. La última huelga de sus 77.500 trabajadores duró un mes, desde primeros de mayo hasta el 2 de junio, y puso en jaque la economía nacional. Su motivo era defender el monopolio estatal de Petrobras. Pero, después de numerosos incidentes violentos, el Tribunal Superior del Trabajo la declaró “abusiva e ilegal”, por su carácter político. Se ha dicho que el presidente brasileño ha obtenido así una victoria comparable a la de Margaret Thatcher sobre los mineros británicos en 1984.
Por lo que respecta a las telecomunicaciones, Brasil dispone actualmente de sólo 8 teléfonos por cada 100 habitantes, y la falta de inversiones de los últimos años ha degradado la calidad del servicio.
La mayoría de la opinión pública brasileña apoya las tesis del presidente a favor de la entrada de capital extranjero en los monopolios estatales.
