Brasil tiene un sistema de pensiones tan generoso como inviable, pero la reforma ha vuelto a encallar.

Cuando se habla del problema de las pensiones en países con una población envejecida, normalmente se piensa en países ricos, con alta esperanza de vida e insuficiente natalidad. Pero la situación puede ser más crítica en países que están envejeciendo antes de ser ricos, que tienen cada vez más jubilados, y cuyo gasto en pensiones se come ya una parte del presupuesto nacional superior a la dedicada a educación y sanidad. El caso típico es Brasil, donde la inevitable reforma de las pensiones ha vuelto a encallar en medio de las aguas turbulentas de la inestabilidad política.

Jubilarse a los 55 Expertos de todo el arco político en Brasil reconocen que el sistema de pensiones es tan generoso como insostenible. Un brasileño puede retirarse después de haber cotizado a la Seguridad Social durante 35 años, en el caso de los hombres, y 30 para las mujeres, cobrando el 70% de su último sueldo. No hay edad mínima de jubilación. Esto hace que en Brasil la edad efectiva de retiro sea de 56 años para los hombres y 53 para las mujeres. Y la esperanza de vida alcanza los 75 años.

Pocos parlamentarios están dispuestos a decir a sus votantes que tendrán que trabajar más años y cobrar menos pensión

Esta generosidad es muy gravosa para el desarrollo económico del país. El gasto en pensiones suponía ya en 2016 el 8,2% del PIB (sin contar las pensiones no contributivas y las del sector público) y se come el 43% del presupuesto nacional, lo que limita el gasto disponible para otros capítulos importantes como sanidad (7%), educación (3%) o infraestructuras (3%). Actualmente el déficit anual del sistema de pensiones equivale al 4,5% del PIB, lo que contribuye sustancialmente al déficit de las finanzas públicas.

La viabilidad del sistema se reduce cada año a medida que disminuye el número de trabajadores por pensionista. La población de Brasil es joven, en comparación con el promedio mundial. Pero la población de más de 65 años se triplicará en las próximas cuatro décadas, para alcanzar el 38% en 2050, y la relación entre activos y jubilados se reducirá entonces a 2,5 trabajadores por pensionista.

Por otra parte, para pagar las pensiones en un sistema de reparto hace falta que los que están trabajando coticen. Y esto no está garantizado en países de Latinoamérica donde hay un amplio sector de economía informal. En el informe de 2015 Panorama de las pensiones en América Latina y el Caribe , se decía que en la región había ocho trabajadores por cada pensionista, una relación satisfactoria. Pero el optimismo no está justificado cuando también se advertía que 45 de cada 100 trabajadores no cotizaban. Así que, como no se incorporen a la economía formal, el sistema de pensiones va a carecer de la financiación suficiente y cuando ellos lleguen a la edad de jubilación, se encontrarán en riesgo de pobreza.

Pensiones no contributivas Ante este problema, los gobiernos tienen que decidir si garantizan una pensión a los que cotizaron poco o nada durante su vida laboral. Y, desde principios de los años 90, los gobiernos de la región que han reconocido pensiones no contributivas han pasado de 8 a 26. Los beneficiarios –personas mayores, discapacitados y otros– han llegado hasta 24 millones en 2016.

Actualmente el déficit anual del sistema de pensiones equivale al 4,5% del PIB

De ellos, 11 millones están en Brasil. Cuando el Partido de los Trabajadores llegó al poder en 2003, garantizó una pensión a millones de campesinos y trabajadores informales que no habían cotizado por ella. Según la Constitución, la pensión no puede ser inferior al salario mínimo, que ha ido en constante aumento. De este modo se ha mitigado la pobreza en los hogares que perciben pensiones no contributivas, pero también ha aumentado la carga sobre un sistema ya frágil.

Además, la generosidad del sistema se acentúa cuando se trata de los funcionarios públicos, que en muchos casos pueden jubilarse con una pensión equivalente al salario completo, indexada conforme a la inflación. Y sus supervivientes heredarán la pensión, en algunos casos también la hija soltera.

Reforma aparcada Ante la inviabilidad del sistema, cuando el presidente Michel Temer asumió el poder tras la destitución de Dilma Rousseff en 2016, convirtió la reforma de las pensiones en el tema central del cambio. Para buscar apoyos, lanzó una campaña con una advertencia categórica: “Todos por la reforma de la Seguridad Social para que Brasil no vaya a la bancarrota”. Su plan proponía, entre otras cosas, establecer una edad mínima para el retiro de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres.

En Brasil la edad efectiva de retiro es de 56 años para los hombres y 53 para las mujeres

También hizo hincapié en que la reforma pretendía combatir los privilegios de los políticos y de los funcionarios de alto nivel que tienen altas pensiones, y proteger en cambio las de los más pobres. Pero, por su propia debilidad política, Temer ha encontrado más resistencia que apoyo. En el Congreso no ha dispuesto de la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar el proyecto, y en la calle es difícil encontrar partidarios para una reforma que implica recortar beneficios. Con la vista en las elecciones del próximo otoño, pocos parlamentarios están dispuestos a decir a sus votantes que tendrán que trabajar más años y cobrar menos pensión.

Finalmente, la reforma ha sido aparcada por el momento. Cuando se vio que en esta legislatura no se aprobaría, las agencias de rating Standard & Poors y Fitch rebajaron aún más la calificación crediticia de Brasil.

A la espera de que los políticos se decidan a abordar el problema, las finanzas públicas se resienten. En Río de Janeiro, el gobierno paga con retraso a los pensionistas y a empleados públicos, los hospitales están escasos de suministros y no hay dinero para la inversión en infraestructuras.

Quizá no es la bancarrota con la que amenazaba Temer, pero sí es un lastre cada vez más pesado para el desarrollo del país.

La propuesta de reforma La propuesta original de reforma de las pensiones presentada por el gobierno al Congreso incluía:

Elevar la edad de jubilación a 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, independientemente de los años cotizados.

Para los que reciben más de la pensión mínima, cambiaría el sistema de cálculo. Con la nueva fórmula, se requerirían 10 años más de cotización para obtener la misma pensión que ahora. La pensión más baja seguiría siendo igual al salario mínimo.

Las mismas condiciones se aplicarían también a los funcionarios, hasta ahora sometidos a regímenes especiales. Pero los militares, policías y bomberos seguirían teniendo regímenes propios.

Las condiciones para las mujeres se equipararían a las de los hombres en un periodo de 20 años.

El importe de las pensiones no contributivas no sería fijado al nivel del salario mínimo y la edad para recibirla pasaría de los 65 a los 70 años.

En conjunto, la reforma supondría pensiones más reducidas por los mismos años de cotización, y trabajar a lo largo de más años.

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