Las agencias de rating: sentencias sin apelación

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En las dos últimas décadas, las agencias de rating se han convertido en jueces de cuya sentencia depende la suerte de la financiación de Estados y grandes empresas.

La agencia Standard & Poor’s alerta sobre el riesgo de la falta de entendimiento político en Washington acerca del déficit fiscal y amenaza con bajar la nota a la deuda de EE.UU. Los inversores captan el mensaje, el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York cae más del 1,7%, la noticia ocupa los titulares de primera página, el Departamento del Tesoro publica una nota para defender la capacidad de acuerdo entre los líderes políticos… Equivocada o no, lo innegable es que la llamada de atención de Standard & Poor’s a la primera economía mundial tiene repercusiones inmediatas en los mercados financieros.

Este nuevo episodio muestra el poder adquirido por las agencias de calificación de riesgos (agencias de rating), cuya actividad no trascendía hace veinte años de los ámbitos financieros. Hoy los Estados, los bancos y las grandes empresas contienen la respiración ante la posibilidad de que las agencias pongan en duda su solvencia. ¿A qué se debe esta expansión del poder de las agencias?

¿Qué agencias cuentan?

Aunque en todo el mundo trabajan decenas de agencias de rating, las que cuentan son tres: Moody’s (de EE.UU., que emite calificaciones desde 1909), Standard & Poor’s (de EE.UU., con calificaciones desde 1916) y Fitch (americano-británico-francesa, fundada en 1913). Las dos primeras se reparten el 80% del mercado mundial, y Fitch tiene un 14%. Y por mucho que algunos países hayan intentado impulsar sus propias agencias, ninguna ha conseguido hacer sombra a las grandes.

¿Cómo se califica el riesgo?

Para las agencias, el rating es una opinión independiente sobre la capacidad de una entidad para cumplir con sus compromisos financieros. Estas opiniones sobre la solvencia del emisor de renta fija, permiten al inversor valorar la probabilidad de recuperar su dinero en los plazos y condiciones acordados.

Estas valoraciones de las agencias se sintetizan en escalas que van desde la AAA (los de menor riesgo) hasta D (default). Los bonos con calificación inferior a BBB son muy arriesgados y a menudo son calificados de bonos basura. En el caso de los gobiernos, la pérdida del estatus de AAA para su deuda significa un gran inconveniente, pues implica que, en el futuro, para vender sus bonos tendrán que pagar mayor interés a los inversores.

Además, el rating va acompañado de una perspectiva (outlook) de posible cambio en los próximos dos años, que puede ser positiva, negativa o estable. Por ejemplo, Standard & Poor’s ha mantenido ahora la calificación AAA para la deuda de EE.UU., pero ha rebajado la perspectiva de evolución de “estable” a “negativa”. Las escalas de calificación de Standard & Poor’s y Fitch son iguales, mientras que Moody’s utiliza su propia escala, si bien los niveles son equivalentes.

¿A quién cobran las agencias de “rating”?

Al principio, cobraban solo por los informes facilitados a los inversores suscritos al servicio. Después, empezaron a cobrar a los emisores porque la calificación da acceso a los mercados internacionales de bonos, lo que amplía las posibilidades de financiación de las empresas. Además, los emisores pueden vender así a inversores institucionales que deben buscar especialmente la seguridad. Hoy los ingresos de las grandes agencias dependen sobre todo de los emisores de bonos que solicitan el rating: empresas (el grupo más numeroso), compañías de seguros, bancos, entidades locales y regionales, países soberanos.

Según este modelo de negocio, a los inversores suscritos se les facilitan informes más detallados, mientras que muchos ratings se difunden libremente al público en general.

El hecho de que los ingresos de las agencias de rating dependan ahora de los emisisores de bonos, favoreció conflictos de intereses, ya que los que debían ser calificados eran al mismo tiempo los sostenes económicos de esas agencias.

¿Por qué ha aumentado el negocio de las agencias?

En los últimos tiempos, las agencias han aumentado notablemente su negocio, porque cada vez hay más emisores necesitados de obtener su rating. Por una parte, más empresas, sobre todo en EE.UU., recurren a la emisión de bonos para financiarse, en vez de utilizar el crédito bancario.

La proliferación de instrumentos financieros cada vez más sofisticados, con la agrupación de préstamos bancarios revendidos a otras entidades (a través del mecanismo conocido como “titulización”), ha generado nuevas peticiones de rating.

Cuando el mercado de títulos con respaldo hipotecario tomó auge, las agencias se implicaron cada vez más en la evaluación de estos títulos. Entre otras cosas, porque las agencias cobraban por la calificación de estos títulos bastante más que por la evaluación de bonos de empresas.

La globalización de los mercados de capitales –en los que las emisiones de bonos han superado a la financiación bancaria– ha contribuido también a la expansión del negocio de las agencias.

Además, las emisiones internacionales de bonos se cubren principalmente con inversores institucionales, los cuales necesitan basar sus decisiones en los ratings de las agencias.

Y los acuerdos internacionales sobre capital de los bancos (conocidos como “Basilea II”) establecen una relación entre las exigencias de capital y las calificaciones que otorgan las agencias a los activos que tengan los bancos en sus carteras de valores y deudores.

Por su parte, si los Estados y otros entes públicos dependen hoy tanto de los ratings de las agencias es porque han incurrido en déficits crecientes que ponen en cuestión su solvencia y les obligan a pagar intereses más altos por sus emisiones de deuda.

¿Por qué se critica a las agencias?

Este creciente papel de las agencias de rating y los fallos advertidos tras la crisis que comenzó en 2007, han llevado a preguntarse hasta qué punto son solventes las calificaciones de las agencias.

Las quiebras de grandes empresas, como Enron, Parmalat o Lehman Brothers, que habían recibido altos ratings, dieron pie a fuertes críticas a las agencias, que se defendieron alegando que habían recibido datos contables inexactos.

Pero la crisis de las hipotecas subprime ha revelado otro problema: los conflictos de interés. En muchos casos, las agencias prestaban servicios de asesoramiento para diseñar productos financieros que después ellas mismas calificaban con ratings excesivamente elevados. Así ocurrió con la alta calificación otorgada a títulos con respaldo en hipotecas sub prime. Como ha escrito John Lanchester en ¡Huy!, “así llegamos a la extraña situación en la que, milagrosamente, los pobres que luchaban denodadamente para devolver sus hipotecas habían producido los instrumentos financieros más seguros del mundo”.

En EE.UU. los presidentes de las tres principales agencias fueron llamados ante el Congreso en 2009 para testificar sobre el papel de sus empresas en la crisis de las subprime, y los tres reconocieron su parte de responsabilidad por los errores cometidos.

¿Necesitan regulación las agencias?

El análisis de las causas de la crisis económica ha llevado a plantearse la necesidad de regular las agencias de rating. En la Unión Europea, el Reglamento 160 de noviembre de 2009 ha regulado su actividad, para prevenir los conflictos de interés, aumentar la transparencia y asegurar que las agencias disponen realmente de la información necesaria para dar sus ratings.

En EE.UU. la Credit Rating Reform Act de 2006 ha establecido el modo de designar las agencias autorizadas a emitir ratings que se utilizan en la regulación financiera, pero luego no se ha adoptado ninguna disposición más.

Por su parte, las agencias insisten en que no pretenden ningún reconocimiento oficial y que los mercados son libres para hacer caso o no a sus calificaciones.

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