Ashiya. La cámara baja de la Dieta japonesa aprobó el 9 de julio pasado varios proyectos de ley dirigidos a la reforma y privatización del sistema de correos. Teóricamente la nueva regulación permitirá a empresas privadas la recogida y reparto de cartas y tarjetas postales a partir de abril de 2003.
El asunto ha levantado bastante revuelo en la opinión pública y más aún en las filas del Partido Liberal Democrático (PLD), al que pertenece el primer ministro. Conviene recordar que, en Japón, el servicio público de correos incluye una caja postal de ahorros y una compañía de seguros que manejan impresionantes cantidades de dinero: 238 billones de yenes (2 billones de dólares) en depósitos y 200 billones en pólizas. Así, el organismo japonés de correos es el mayor banco del mundo. Hasta la fecha, una de las principales herramientas de poder de que dispone el partido en el gobierno ha sido la canalización de los recursos económicos generados por el servicio público de correos, que a menudo se han destinado a otras empresas estatales deficitarias o, bajo cuerda, a financiar el partido gobernante. Además, tradicionalmente, los funcionarios de correos han sido figuras clave en la maquinaria electoral del PLD.
La liberalización del servicio de correos formaba parte del programa electoral del primer ministro Junichiro Koizumi, que venía propugnándola desde que estuvo al frente del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, a principios de los 90. En mayo de 2001, poco después de su toma de posesión, Koizumi afirmó que la privatización de compañías estatales ya no era tabú, puesto que él había sido elegido primer ministro. En su programa electoral, las promesas de reforma del partido, la liberalización de los mercados y la privatización de empresas públicas deficitarias o monopolistas fueron las más valoradas por los votantes, que respondieron favorablemente a eslóganes como «sin reforma estructural la economía no puede recuperarse», «destruiré al PLD o el PLD destruirá a Koizumi». El apoyo popular a esas propuestas llegó a superar el 80%.
Pero entre las promesas y la realidad hay un trecho. El gobierno de Koizumi ha tratado inútilmente de conseguir que varias empresas estatales pasaran a manos privadas. Los «intereses creados» han podido más. La fuerte resistencia de los viejos políticos de su propio partido ha sido el principal obstáculo. Se reprocha a Koizumi haber despertado la esperanza del cambio abusando de promesas vanas. Algunos defraudados hablan de que Koizumi no es el político distinto y rompedor que su imagen prometía, dispuesto a luchar contra las «fuerzas de resistencia» del PLD. Ahora, el índice de aprobación de Koizumi ha bajado al 40%.
Así las cosas, se espera con interés especial el proceso privatizador de los servicios de recogida y entrega de cartas, paquetes, etc. Las condiciones son tan exigentes que no parece probable -al menos de momento- que muchas empresas privadas quieran aventurarse. Así, solo podrán ser autorizadas las empresas que se comprometan a ofrecer un servicio de recogida y entrega en toda la nación, seis días por semana. Esas empresas se verían obligadas a instalar 100.000 buzones en todo el país. Yamato Tansport Co., la principal empresa japonesa de reparto de paquetes, que mostró interés en un principio, ya ha renunciado.
Por el momento todo apunta a que la nueva corporación pública cuasi estatal mantendrá el monopolio del correo general, incluido el masivo (publicidad, folletos, etc., que muchas empresas mandan usando listados), que equivale al 25% del total de 26.000 millones de objetos postales que se distribuyen anualmente en Japón, y que es la parte más lucrativa del servicio.
Para el economista Shinichiro Kawasaki, del Dai-ichi Life Research Institute, «los proyectos de ley son el resultado de un compromiso entre el primer ministro y el PLD. Koizumi necesitaba una victoria política para apuntalar su fortuna en vista de su decreciente popularidad, mientras que la ‘vieja guardia’ del PLD no está segura de poder ganar las próximas elecciones sin él».
Antonio Mélich