Cuando el empleo es inseguro
El empleo fijo, seguro y de por vida es algo que ya sólo se encuentra en la Administración pública y en las novelas. Pero en vez de añorar tiempos felices, hay que hacer frente a la nueva y azarosa situación. A falta de trabajo por cuenta ajena, se desarrolla el hoy llamado autoempleo. Ante la escasez del empleo fijo, hay que buscar al menos fórmulas para paliar la precariedad del trabajo temporal. La eficacia de las ayudas al empleo está cada vez más en entredicho. Y lo que nadie discute, aunque pocos ponen en práctica, es la urgencia de cambiar la organización laboral para hacer compatible trabajo y familia.
En la lucha contra el paro, se han multiplicado en los últimos años las ayudas públicas dirigidas a facilitar el empleo de grupos determinados (jóvenes, parados de larga duración, mayores de 50 años…), mediante subvenciones o exoneración de cotizaciones sociales. Pero en los últimos tiempos estas medidas son cada vez más criticadas, acusadas de ser complejas y costosas en relación a su eficacia para crear empleo.
En Francia, se han inventariado hasta 58 tipos de ayudas al empleo, en gran parte dirigidas a reducir el coste del trabajo en el sector privado. Ahora una comisión parlamentaria acaba de presentar una serie de proposiciones para simplificar y volver a centrar estas ayudas que no han dado los resultados esperados. Estas medidas fueron concebidas para suscitar empleos específicos, quitando los obstáculos derivados del tipo de trabajador o de los eventuales empleadores (nuevas empresas, contratación del primer asalariado…). Hoy el debate se polariza en los efectos perversos que inducen estas políticas. Estos efectos, analizados recientemente en Le Monde (12-VI-96), adoptan diversas formas.
Efectos no deseados
El primero es el llamado «efecto ganga». Nunca hay la seguridad de que la incitación financiera haya servido para crear un empleo suplementario. Más bien, muchos empresarios la utilizan para reducir sus cargas en el caso de una contratación que de todos modos habrían hecho. Es decir, primero deciden si es necesario emplear a alguien más y luego buscan las ayudas a las que pueden tener derecho con esta contratación.
De ahí puede derivarse el «efecto canibalismo»: gracias a las economías logradas con esas ayudas, los empresarios «cazadores de primas» tendrían una ventaja comparativa sobre sus competidores y amenazarían así el empleo de los otros. Y si estos entran en la misma dinámica se produciría un «efecto dominó».
También se dice que estas ayudas, más que crear empleos, modifican el orden en la fila de los parados, en beneficio de aquellos para quienes están concebidas. Se produce así un «efecto sustitución»: las empresas escogen a sus futuros asalariados entre los candidatos que reúnen las condiciones para recibir la ayuda, en detrimento de los que no las tienen. En Francia, por ejemplo, el llamado «contrato iniciativa-empleo» está destinado a favorecer la inserción profesional de los más excluidos del mundo del trabajo (parados durante más de un año, mayores de 50 años, minusválidos…). Este contrato ofrece, durante dos años como máximo, una doble ventaja al empresario: una primera mensual de 2.000 francos y una exoneración total o parcial -según los casos- de las cotizaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, en un tiempo de penuria de empleos, las oportunidades de los parados de menos de un año se reducen respecto a los otros.
Frente a esto, puede alegarse que dichas ayudas son precisamente medidas de discriminación positiva en beneficio de los más vulnerables o rechazados del mercado laboral. Pues en un mercado de trabajo muy selectivo, es preciso corregir estas desigualdades favoreciendo a quienes tienen menos oportunidades de ser contratados.
Estas ayudas pueden influir también sobre el comportamiento de los trabajadores. Es el «efecto llamada»: la existencia de una ayuda para su situación específica puede inducir a ciertas personas a salir de la inactividad y a convertirse en demandadores de empleo.
¿Han servido estas medidas para crear empleo? Es difícil cuantificarlo. Los expertos estiman, sobre una base frágil de encuestas a empresas, que sólo una o dos de cada diez contrataciones subvencionadas corresponden a creaciones reales de empleo. En tal caso, estas medidas resultan financieramente costosas. Y, más que una solución al paro, representan un modo de corregir las desigualdades ante el empleo.
Autoempleo, germen de pequeñas empresas
Si las empresas se muestran reacias a ampliar sus plantillas, no es extraño que aumenten los trabajadores autónomos que se crean su propio empleo. Así se advierte en España, donde actualmente dos de cada diez ocupados son autoempleados. Un reciente informe, realizado por el Seminario de Estudios y Difusión de las Estadísticas para el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Industrial, sugiere promover el autoempleo como paso previo a la creación de empresas pequeñas y medianas.
El informe, Análisis del autoempleo en España, considera autoempleados a los empresarios sin asalariados y a los miembros de cooperativas y ayudas familiares. El perfil del trabajador autónomo es generalmente un hombre (el 65,4% son varones), de 30 a 50 años, dedicado preferentemente a la agricultura o al comercio, vive en pequeños municipios, tiene bajo nivel de instrucción, está bastante satisfecho con su trabajo, y su jornada laboral supera con mucho la de los trabajadores por cuenta ajena.
Al igual que sucedió antes en otros países de Europa, en España, desde el comienzo de los años 80, han disminuido en conjunto los trabajadores por cuenta propia, especialmente por la caída registrada en el sector agrario. De 1980 a 1994, la proporción de trabajadores autónomos disminuyó en 7 puntos, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). De ser alrededor de 3,1 millones en 1980, pasaron a ser 2,6 millones en 1994.
Pero en esta evolución se observan dos periodos: de 1981 a 1992 disminuye el número de autoempleados en todo el país; a partir de 1992, se recupera el autoempleo en bastantes comunidades.
Por sectores económicos, España sigue también la tendencia de otros países europeos: se reduce el autoempleo agrario -aunque, según la EPA, todavía es el 30%-. En 1980, el sector agrícola agrupaba al 50% de los autoempleados, con más de 1,5 millones de personas; pero en 1994, ocupaba sólo a unas 800.000 personas. En cambio, en el resto de sectores -sobre todo en los servicios- el número de autoempleados aumentó hasta más de 1,8 millones de personas. En cuanto a la procedencia de los trabajadores autónomos, la investigación señala la diferencia según el sexo: en el caso de las mujeres, es más probable que pasen de la inactividad al autoempleo; en el de los hombres, es más frecuente que antes fueran parados.
En general, los autoempleados son más estables en su situación profesional que los asalariados y los empleadores. Así lo refleja el análisis de entrada, permanencia y salida entre las diversas situaciones profesionales. La movilidad de asalariados a no asalariados y viceversa guarda cierto equilibrio a lo largo de los años; pero cada vez hay más asalariados que pasan a ser autónomos.
Uno de los lastres del autoempleo radica en el bajo nivel de formación, pues en conjunto los autónomos tienen un nivel de educación inferior al de los asalariados. Por otra parte, el 98,3% de los autoempleados (según la EPA) no recibe ningún tipo de formación ocupacional.
El informe sugiere la posibilidad de convertir el autoempleo en una salida al paro o la inactividad, mediante una política horizontal que lo convierta en germen de pequeñas y medianas empresas. Recomienda para ello aprobar medidas fiscales, informativas, financieras, laborales y tecnológicas que abaraten a los autoempleados la entrada y la permanencia en el sistema laboral.
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Medidas para compensar el empleo precario
La incertidumbre económica hace que las empresas se lo piensen mucho antes que contratar a nadie como trabajador fijo. En consecuencia, el trabajo temporal es cada vez menos la excepción, con todo lo que esto implica de precariedad. En España, el recurso a los contratos temporales -son un 35% del conjunto- está más extendido que en otros países de Europa, por el mayor coste del despido de un trabajador fijo. Y todo apunta a que tales situaciones pueden alargarse demasiado tiempo.
Al menos eso revela el sindicato francés de profesionales del trabajo temporal (Promatt). Según su última investigación, cada vez son más los que, paradójicamente, se ocupan en trabajos eventuales casi de modo estable. Así, de 1975 a 1995, los contratos eventuales han pasado en Francia de poco más de un millón a 7,8 millones.
Por sí solas las cifras señalan creación de empleo. Pero el informe añade otros datos que enturbian el panorama, pues muestran la permanencia en esta situación precaria. Por ejemplo, que entre junio de 1994 y junio de 1995 un trabajador eventual pasó de promedio por cuatro empresas y trabajó sólo durante 7 de los doce meses.
Otros datos proceden de las entrevistas que en julio de 1995 hicieron los encuestadores del Promatt a 803 personas que eran, seis meses antes, trabajadores con contrato eventual. De ese grupo, un 22% había logrado encontrar empleo, más de la mitad con un contrato de duración determinada, y el 61% seguían siendo eventuales. Entre este 61%, sólo el 28% de los encuestados declararon mantenerse como trabajadores eventuales porque les convenía. De los que encontraron trabajo en esos seis meses, un 52% lo había logrado con ocasión de un empleo temporal.
Respecto a otro estudio anterior de Promatt, de 1989, se advierte que el porcentaje de estudiantes que se dedica a trabajos eventuales ha aumentado significativamente (del 12% al 21%). Esto concuerda con el retraso actual para incorporarse definitivamente a la vida activa. La mayor parte de estos estudiantes trabajan para financiar sus estudios o adquirir experiencia profesional
Para amortiguar los efectos nocivos de la precariedad propia del trabajo temporal, en Francia se han desarrollado algunas medidas, de las que da cuenta el diario Le Monde (5-VI-96). Una de las medidas paliativas de la precariedad ha sido la creación, en junio de 1994, de un Fondo de acción social por parte de la Unión nacional de empresas de trabajo temporal. Su misión principal es informar a los trabajadores eventuales (y a las 4.000 agencias de trabajo temporal) acerca de sus derechos como empleados.
Más inversión en formación
Además, junto a la orientación y ayuda psicológica, ha dispuesto un fondo de ayudas económicas de urgencia. Éstas se reservan a los trabajadores eventuales, para casos de accidente laboral, de enfermedad grave o invalidez, o para aquellos que están desempeñando una tarea concreta o están en paro, si justifican un cierto número de horas trabajadas durante el año precedente.
Por otra parte, las empresas de trabajo temporal (ETT) están invirtiendo más dinero en la formación de los empleados. Se han comprometido a dedicar un 1,3% del presupuesto, que supera el 0,9% exigido por la ley. Las ETT están sacando provecho de un peculiar tipo de contrato, el de «misión-formación», que permite mantener un vínculo entre la ETT y el trabajador eventual que ha concluido la función para la que se le contrató. Ahora el que tiene un contrato de misión-formación percibe un salario y disfruta de protección social y demás ventajas del asalariado. En esto, los eventuales han creado escuela, pues, desde una negociación de 1990, los titulares de un contrato de duración determinada pueden también beneficiarse, al término de su contrato, de unas vacaciones para formación.
Se ha acortado también el límite de antigüedad para tener derecho a los periodos de formación, o bien se ha asimilado la antigüedad a la experiencia laboral, introduciendo en el cómputo de antigüedad el tiempo de empleo en otras empresas.
ACEPRENSAFalta innovación frente al dilema trabajo-familia
La familia donde ambos cónyuges trabajan fuera de casa es cada vez más lo habitual. Pero esta nueva situación apenas se ha visto acompañada de cambios en la organización del trabajo. Mientras la innovación es el pasaporte al futuro de toda empresa, a la hora de compatibilizar trabajo y familia reina el inmovilismo. Y si, de una parte, se trata de satisfacer los deseos del cliente, de otra, apenas hay respuestas a la aspiración generalizada de los empleados que buscan un nuevo equilibrio entre trabajo y familia (cfr. servicio 66/96).
Las empresas esperan que el trabajador esté dispuesto a prolongar su horario lo que haga falta, pero al mismo tiempo el marido y la mujer siguen necesitando tener los pantalones planchados y que alguien se quede en casa si un hijo está enfermo. La consecuencia para tantas parejas es una mezcla de cansancio, ansiedad y culpabilidad.
Tampoco en Estados Unidos hay cambios notables en este punto, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por el Public Policy Institute del College Radcliffe, del que informa Time (6-V-96). El estudio se llevó a cabo mediante encuentros con grupos de diversos sectores socioeconómicos interesados en el tema -empresarios, sindicalistas, economistas, expertos familiares-, y concluyó con una conferencia de dos días para revisar los resultados y proponer soluciones.
Recorte en las aspiraciones
El principal hallazgo es que mientras los trabajadores han hecho todos los equilibrios posibles para acomodar trabajo y familia, las empresas han cambiado poco, y el resultado es muy insatisfactorio. «La organización laboral se ha adaptado poco, y las políticas públicas no han seguido la pauta de los cambios sociales», dice Paula Rayman, directora del Instituto. Pero si antes se podía pensar que este problema era pasajero, ahora se advierte un nuevo sentido de urgencia para afrontarlo.
A falta de fórmulas flexibles para compatibilizar trabajo y familia, no pocos trabajadores -sobre todo, mujeres- han recortado sus aspiraciones profesionales. Time cita una encuesta nacional sobre 1.000 trabajadores llevada a cabo el pasado año, según la cual el 28% reconocía haber tomado decisiones que suponían ganar menos para atender mejor a la familia. Entre ellas, cambiarse a un trabajo menos estresante, renunciar a una promoción o rechazar un traslado. Cada vez más mujeres trabajan a tiempo parcial: el 25% del empleo total femenino, frente al 10,9% de los hombres, según estadísticas de la OCDE de 1993. Sin embargo, sólo una minoría de los trabajadores a tiempo parcial reciben beneficios como seguros médicos, vacaciones o permisos pagados por enfermedad.
¿Quién tiene la culpa de esta situación? ¿El gobierno, los sindicatos, el sector privado, las madres que en Estados Unidos viven del welfare? No hay un solo chivo expiatorio, a juzgar por la conferencia del Public Policy Institute. Pero también, como dice a Time Ann Bookman, del Departamento de Mujeres del Ministerio de Trabajo, «ningún sector puede resolver este asunto por sí solo».
Fórmulas más flexibles
En cualquier caso, las empresas han de dar pruebas de imaginación para buscar fórmulas que favorezcan a las familias. Entre las innovaciones prometedoras citadas en la conferencia, estaba la de General Motors en Spring Hill (Tennessee). La dirección marca objetivos de producción para equipos de hasta quince personas, que deciden entre sí cómo llevarlos a cabo. Los empleados trabajan cuatro días a la semana, en jornadas de diez horas. Al final de cada ciclo de tres semanas, tienen cinco días libres seguidos. Al cabo del año, esto supone más tiempo para la familia y permite también mayor flexibilidad para resolver problemas personales, pues quien necesita un día libre puede cambiarlo con otro del equipo. Un sistema similar se ha implantado en la empresa Fel-Pro, que también da ayudas para tutorías de niños que tienen problemas en la escuela.
Entre las recomendaciones que la Conferencia ha hecho al gobierno y a las empresas, figura la de considerar el cuidado de los niños y de los ancianos como «un elemento fundamental de nuestra estructura económica». Lo cual significa, entre otras cosas, preservar el sistema Medicare para la atención sanitaria de los jubilados sin suficientes recursos, empezar antes la enseñanza preescolar y que los trabajadores a tiempo parcial gocen de los mismos beneficios que los demás, a prorrata del tiempo trabajado. Y, aunque reconocen que el dilema trabajo-familia lo sufren sobre todo a las madres, insisten en que este asunto se considere como algo que afecta tanto a los hombres como a las mujeres.
¿Las políticas empresariales a favor de la familia mejorarán la productividad? La conferencia del Public Policy Institute dice, con cautela, que hasta que se experimenten los efectos de las nuevas fórmulas nadie puede asegurarlo. Lo que parece claro es que el estrés saldrá perdiendo y la solidez familiar ganando.
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