India tiene almacenados 58 millones de toneladas de trigo y arroz. Sin embargo, el 47% de los niños de 1 a 35 meses sufren malnutrición (el 18%, malnutrición severa) y un tercio de los 1.045 millones de indios no comen bastante. La mala gestión política y la corrupción han provocado que surjan bolsas de hambre y pobreza en algunos Estados del país.
Hay razones históricas para almacenar grano en India. En 1943 murieron 3 millones de personas a causa del hambre; en los años sesenta se volvió a experimentar la escasez de alimentos. De ahí que los sucesivos gobiernos decidieran asegurar que el país, el segundo más poblado del mundo, era capaz de autoabastecerse. India impulsó su particular «revolución verde» -consiguió aumentar la producción después de adoptar semillas de alto rendimiento e invertir en nuevos sistemas de regadío- y ahora, a pesar de que sigue siendo pobre, se ha modernizado en muchos sectores, incluido el agrícola. La producción de alimentos básicos ha pasado de los 50 millones de toneladas en 1950 a 209 millones en 2000.
No obstante, la política del gobierno actual, en manos del partido nacionalista Bharatiya Janata, ha sido comprar el grano destinado a las reservas en unos pocos Estados y a un precio cada vez más elevado (cfr. New York Times, 2-XII-2002). En algunos Estados, muchos agricultores o no tienen excedentes que vender o no tienen manera de hacerlo. En cambio, el Estado de Punjab produce el 55% de los alimentos del país, a pesar de que solo ocupa el 2% de la tierra cultivable, y tiene 1.600 mercados de venta al por mayor. En los últimos cuatro años, el gobierno ha pagado cada vez más por el trigo (en 1997 pagaba 99 dólares por tonelada; ahora, 129 dólares), para contentar a sus aliados políticos y a los influyentes lobbies agrícolas. De ahí que los agricultores de Punjab, animados con las ganancias, produzcan tanto trigo y arroz que estén agotando el suelo y las reservas de agua. Es decir, la solución opuesta a la agricultura moderna, que se basa en producir más, contaminando menos, en menos terreno y ahorrando agua (ver servicio 44/99).
Junto con esto, para hacer frente a los créditos internacionales y a la presión del Banco Mundial, el gobierno ha ido rebajando los subsidios a los consumidores. En 1997 decidió que solo recibirían subvenciones para comprar alimentos los ciudadanos que estuvieran por debajo del umbral de pobreza (25% de la población).
La política de gastos tampoco es acertada. Según un estudio reciente, el gobierno gasta más en almacenar reservas que en desarrollo rural, regadíos y gestión del agua juntos. Pero además, el almacenamiento en bolsas y lonas es inadecuado: se estima que 200.000 toneladas de grano están podridas.
La consecuencia de esta mala gestión es que ha aumentado el gasto público destinado a las reservas de alimentos y han subido los precios del grano y los alimentos básicos, como el pan, hasta el punto de quedar fuera del alcance de los más pobres.
En teoría, las reservas tendrían que servir para hacer frente a estas situaciones, pero la mala distribución y la corrupción política a menudo lo impiden. Desde hace tiempo, la opinión de muchos expertos ha sido que «el hecho de que un país sea capaz de producir alimentos para alimentar a su población no quiere decir que estratos muy importantes de la misma no pasen hambre. El problema se convierte entonces en político: tienen que ser los políticos los que consigan la justicia en la distribución de los alimentos» (Gregorio Varela: ver servicio 149/94).