La reunión en Washington del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la elección de Rodrigo Rato como nuevo director general han vuelto a traer a primer plano la reforma de la institución, garante de la estabilidad monetaria internacional. Una reforma de la que se habla desde hace años, y que sigue pendiente. El debate sobre el funcionamiento del FMI se centra en los siguientes puntos:
Cuotas y votos. La cuota de cada país, que determina el valor de su voto, se fija conforme a su peso relativo en la economía mundial en función de varios factores (PIB, reservas de divisas, grado de apertura de su economía, estabilidad frente a los movimientos de capitales). Esta es la teoría. Pero el reparto de los derechos de voto es muy discutido en los últimos tiempos, sobre todo por los países del Sur. Brasil y los países emergentes de Asia reclaman que se tenga en cuenta su creciente importancia en la economía mundial.
En el sistema actual, solo ocupan un puesto permanente en el Consejo de Administración EE.UU. (primer accionista del Fondo, con una cuota del 17,14%), Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, China y Rusia; los otros países están reunidos en grupos, y envían al Consejo un representante elegido.
Los países del Sur piden también que la elección del director general del FMI sea más «abierta y transparente». A su juicio, es un anacronismo la regla no escrita que, desde la fundación de estas instituciones en 1944, reserva la presidencia del Banco Mundial a un estadounidense y la del FMI a un europeo.
Misión del FMI. Aquí las posturas oscilan entre los partidarios de que el FMI se centre en su función original (asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional y prevenir las crisis) y los que propugnan además una acción más decidida en la lucha contra la pobreza. Los partidarios, sobre todo norteamericanos, de la primera postura critican los miles de millones gastados en planes de salvamento de eficacia dudosa a favor de países en crisis de pagos, y sugieren que sea el Banco Mundial el que se ocupe de su función específica de ayuda al desarrollo. En los últimos tiempos, el FMI ha participado más en los objetivos de la lucha contra la pobreza, a través de la iniciativa a favor de los países pobres muy endeudados.
Doctrina económica. Han llovido críticas sobre el FMI en los últimos años, por su mala gestión de las crisis financieras (Corea del Sur, Rusia, Brasil, Argentina…) y por imponer a los países que recaban su ayuda estrictas políticas de ajuste con graves repercusiones sociales. Se le reprocha que su terapia de choque para remediar el déficit de las cuentas públicas obligue a recortar gastos sociales indispensables. Y esos tijeretazos en el gasto público serían contraproducentes en un país que sufre una recesión.
Pero no hay que olvidar -dicen los responsables del Fondo- que no es el FMI el que pone al país necesitado en crisis. Ese país solo acude al FMI cuando no dispone ya de suficientes divisas para sufragar las importaciones que necesita para mantener los niveles de gasto privado y público. Es decir, cuando está viviendo por encima de sus posibilidades. Y para restaurar el equilibrio es imprescindible un superávit presupuestario, mediante recorte del gasto público y aumento de los ingresos.
Anne Krueger, subdirectora primera del FMI, propuso -sin éxito- que cuando los países no pudieran hacer frente a sus deudas se instaurara un procedimiento similar al de la legislación norteamericana sobre quiebras. Actualmente los acreedores confían en que el FMI abra la fuente de sus créditos para que el país endeudado haga frente a sus obligaciones. Krueger piensa que los prestamistas y los inversores serían más prudentes si en esos casos se suspendieran los pagos mientras se negocia una reestructuración de la deuda, que debería ser aprobada por la mayoría de los acreedores, los cuales, lógicamente, cobrarían menos de lo debido. Pero este procedimiento de declaración de quiebra para los Estados no ha encontrado suficientes apoyos para salir adelante.