En época de crisis cada vez más empleados se deciden a comprar sus propias empresas para evitar que cierren, aun a costa de tener que trabajar más horas, cobrar menos y esforzarse por ganar la confianza de bancos, clientes y proveedores. Es la única salida que encuentran cuando los dueños deciden abandonarlas. En España, según datos del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES), de los que se hace eco Actualidad Económica (4-III-96), 53.593 personas trabajaban en septiembre de 1995 en sociedades anónimas laborales (SAL), cuyo rasgo principal es que el capital está controlado por los propios trabajadores.
Ante la falta de nuevos accionistas o socios que aporten capital, los trabajadores se ven abocados a hacerse cargo de la empresa para evitar el paro. Sin embargo, el salto de trabajador a empresario suele requerir cursos de formación, pues los nuevos dueños carecen, en su mayoría, de conocimientos imprescindibles. La gestión y el ahorro, los idiomas, la contabilidad y la búsqueda de crédito frente a bancos o clientes son los principales problemas con que se enfrentan las nuevas empresas. Tales dificultades explican que hoy hayan desaparecido casi la mitad de las sociedades anónimas laborales creadas en España hace diez años, en 1986.
Para reducir costes, muchas de estas empresas empiezan por poner en marcha duros planes de viabilidad, que obligan a trabajar más horas, renunciar normalmente a la subida de salarios -que suelen ser regulados de acuerdo con los ingresos de la empresa- y a prescindir de ciertas prestaciones que antes parecían intocables.
Éste es el caso de la empresa Río Tinto Minera, la mayor sociedad anónima laboral española, creada en julio de 1995. Sus 560 trabajadores están dispuestos a cambiar de lugar en la empresa si lo exige el aumento de la productividad. Además, la empresa ya no les paga el servicio médico, los medicamentos, las becas de estudios para sus hijos o el transporte individual -para los técnicos- o el colectivo -para los operarios-. Y además se han suprimido las subvenciones de actos culturales o deportivos.
Estos inconvenientes no han impedido que el número de sociedades anónimas laborales se incremente constantemente. Al final de 1995 se contaban en España 5.455 empresas de este tipo, 353 más que en el último trimestre de 1993. Según el INFES, más de la mitad pertenecen al sector industrial, el 34% al sector de servicios y sólo el uno por ciento a la agricultura.