La economía que más crece en América Latina aún no puede disimular grandes diferencias sociales.

En tiempos coloniales se popularizó la expresión “vale un Perú” para significar algo de gran valor. Las riquezas minerales que fluían en la región y que proporcionaban al imperio español grandes ganancias, sustentaban el refrán. Cinco siglos después, la historia quiere repetirse. Hoy Perú vive un boom en su economía y su crecimiento es el mayor entre los países latinoamericanos. Pero para “valer un Perú” en su totalidad hay que acortar ciertas brechas: como la alarmante desnutrición infantil, la hambruna en algunas regiones y los conflictos generados por la minería informal (ver nota aparte), un sector que tiene mucho que ver en el andamiaje económico de la nación sudamericana. Perú alcanzó su “milagro económico” con un crecimiento acumulado del 60,2% entre 2002 y 2009. El país registra un incremento anual del PBI en torno al 5,7%, como ningún país de América Latina. Además, durante la última década hasta el año pasado, la inflación apenas llegó al 2,25% –gracias a una ajustada política monetaria– y la deuda pública descendió al 20% del PBI. El consumo privado se muestra fortísimo –la venta de autos nuevos aumentó un 41% en enero–, la confianza empresarial se mantiene firme, hay un acentuación de las órdenes de compras de bienes por parte de las empresas y la fiebre constructora se hace notar en casi todas las ciudades, con un ascenso en el precio de la vivienda entre el 20% y 30%. Las reformas que funcionaron ¿A qué se debe, entonces, este dulce momento peruano? Para Hugo Perea, economista jefe para Perú del BBVA Research, el crecimiento sostenido de los últimos 13 años se explica por dos factores. Por el “la implementación de unas políticas económicas monetaria y fiscal prudentes que contribuyen a generar un clima de estabilidad macroeconómica favorable para la inversión, la generación de empleo y las decisiones de gasto de las familias”. En segundo lugar, indicó el experto, están “las reformas estructurales que se implementaron desde inicios de los años de 1990, entre las que destacan la apertura comercial y la liberalización del sistema financiero. La apertura comercial, que se realizó mediante reducciones agresivas de aranceles y tratados de libre comercio, generó un entorno competitivo que ha inducido a las empresas locales a mejorar su funcionamiento”. Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, concuerda en que Perú cambió “radicalmente” en los últimos 20 años su modelo económico, ahora caracterizado por la libre competencia, la apertura comercial, la desregulación de mercados y una fuerte apuesta por la inversión privada. “Todo ello, en el marco de una política macroeconómica prudente, con políticas fiscales y monetarias orientadas a mantener la estabilidad de precios”, dijo. Dependencia de los minerales Perú goza de un superávit fiscal y el sector bancario luce saludable tras ser rescatado de las ruinas de la debacle financiera de la década de 1990; los tratados comerciales fluyen –con Estados Unidos mantiene uno desde 2009–, los shoppings en Lima y en las principales urbes nacen como hongos, el ingreso per cápita se triplicó en los últimos años y ahora se sitúa en torno a los 10.000 dólares. Todo ello beneficiado por los precios récord de las materias primas básicas, donde la minería –Perú es potencia mundial– es la estrella absoluta. La incógnita es qué sucederá si los precios de esas materias primas caen. Castagnola asegura que Perú depende mucho de esto, pero puede estar tranquilo ante una estructura “algo diversificada”. “Metales preciosos (oro, plata) y metales industriales (cobre, plomo, zinc), harina de pescado. No dependemos –como Venezuela, por ejemplo– de un solo producto. En la última década, las exportaciones no tradicionales han pasado de US$ 2.000 millones a US$ 10.000 millones, reduciendo esa dependencia. Pero el precio de los metales sí importa mucho en la recaudación fiscal (23% del impuesto a la renta empresarial lo proporciona el sector minero) y en la inversión privada”, explicó. Según Perea, del BBVA Research, “la importancia de los minerales se aprecia en su alta participación dentro de la estructura de exportaciones (53%). Sin embargo, Perú es polimetálico (…). En diversas ocasiones los precios de los metales básicos se mueven en dirección distinta a los del oro y la plata”, agregó el economista que también cree en la diversidad de la oferta peruana. Desigualdades y desajustes Pese a ese boom económico sostenido de Perú en los últimos años, todavía queda mucho por hacer. La pobreza del país se ha reducido –hace dos décadas la mitad de los peruanos era pobre–. Pero, como acaba de reconocer el gobierno, de una población de 30 millones de habitantes, todavía 4,78 millones viven en la extrema pobreza. En consecuencia, la desnutrición infantil, la falta de acceso a la salud, la deficiente educación siguen siendo grandes escollos. Perú logró crecer la torta debido a diversos factores, y ahora el problema es cómo repartirla para enfrentar esa desigualdad, pobreza y desnutrición. Desde que el presidente Ollanta Humala asumió en julio de 2011, ha reafirmado su objetivo de acortar las brechas al diseñar planes para incrementar el gasto social. Una prueba de ello fue la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). La base de la desigualdad radica en el limitado acceso a servicios esenciales, como educación y salud. Si se toma el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), un indicador que mide la cobertura de herramientas básicas y equidad de oportunidades, Perú es el país más desigual en la distribución de oportunidades en América Latina comparado con 18 países. Los números para Perú respecto a acceso a electricidad, agua potable, saneamiento básico y desnutrición son desalentadores, y el sistema de educación en el país es considerado uno de los peores de Latinoamérica. La desnutrición infantil es un tema clave para Perú, tanto que el “gobierno se ha planteado reducir la pobreza a menos de 20% de la población y la desnutrición crónica infantil a menos de 10% en 2016”. Hoy el 18% de los niños peruanos presenta desnutrición crónica; en las zonas del alto andino y selvas el porcentaje llega hasta un 50%. Zonas excluidas La ONG Save the children, en el documento “Una vida sin hambre: cómo combatir la desnutrición infantil”, señala que la principal causa de esta problemática es que se trata de zonas que siempre han sido excluidas. En estas aéreas los servicios de salud y educación no llegan o no son adecuados para la población; por ejemplo, los habitantes son analfabetos en castellano y los profesionales no hablan quechua o no comprenden su cultura, y esa falta de entendimiento dificulta la lucha contra la mortalidad materna y neonatal. Por su mortalidad infantil –20 por 1000– Perú ocupa el puesto 90 en el mundo. El estudio evidencia la mala alimentación de la sociedad peruana. Para el 68% de la población el alza de los precios es una preocupación grave, pues aunque la inflación esté controlada, la comida no resulta barata para muchos. Más del 50% declaró haber dejado de consumir un producto de primera necesidad y un 13% dijo que sus hijos dejaron de ir a las escuelas para trabajar. Esta mala alimentación no solo provoca la desnutrición sino también anemia, retrasando el desarrollo físico e intelectual de los niños. La media nacional de anemia para los menores de 5 años es de 51% y en algunas zonas se llega al 70%. La directora de la ONG, Teresa Carpio, cree que hay problemas que se pueden resolver de inmediato si se cuenta con personal capacitado y una verdadera política de descentralización donde los servicios básicos lleguen a las áreas más excluidas del país. También dijo que a veces el discurso político no coincide con la realidad. Si bien el presidente Humala estableció que la primera infancia es la prioridad del gobierno, solamente se adjudicó US$ 5 millones del presupuesto para ello y se dejó algunos distritos del país de lado. La realidad indica que los recursos están pero no se destinan apropiadamente. Ahí estará la clave para, definitivamente, “valer un Perú”. La minería informal y el caos Los ocho países suramericanos que pertenecen a la cuenca amazónica –Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela- trabajarán de forma conjunta para erradicar la minería ilegal, resolvieron esta semana en la segunda reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). La decisión tomada en Perú llega después de que los mineros “informales” de la región selvática Madre de Dios, en el sur del país, suspendieran sus protestas tras llegar a un “buen acuerdo” con el gobierno peruano sobre su regularización. Madre de Dios, fronteriza con Bolivia y Brasil, se rebeló contra la norma aprobada a fines de febrero que castiga la minería ilegal con hasta 10 años de cárcel. Durante dos semanas, unos 10 mil mineros informales se enfrentaron a la Policía con el saldo de tres ciudadanos muertos. Las protestas también se dieron en las vecinas Puno y Piura. Madre de Dios es la región con mayor biodiversidad del país, donde la población se ha visto afectada por el mercurio que queda en el agua, en los peces, en las plantas y en el aire. Las autoridades peruanas, al tiempo que estudian nuevos megaproyectos mineros de capital extranjero, intentan detener el avance de la minería informal, que emplea a más de 100 mil personas en 21 de las 25 regiones del país. La extracción irregular, principalmente la de oro, supone la tercera parte de la producción minera en Perú. El viceministro de Desarrollo Estratégico del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, dijo que Perú pierde de 250 a 500 millones de dólares anuales por los impuestos que se dejan de cobrar ante la minería informal.

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