Un creciente número de empresas ha comenzado a incluir en sus informes anuales datos sobre la repercusión de sus actividades en el plano social, ético y medioambiental, según informa la revista Time (19-VII-99). Con esto se pretende que clientes, empleados, accionistas, grupos activistas y el público en general conozcan la ejecutoria de las empresas en esos aspectos. Pues cada vez se ve más claro que la buena o mala fama en tales terrenos afecta mucho a la marcha de los negocios.
Las empresas que hacen este «examen de conciencia» son, sobre todo, las que con facilidad tienen problemas de imagen, como las petroleras, u otras con fama de contribuir a la explotación infantil, como varias multinacionales que fabrican ropa deportiva. Muchas empresas venían realizando investigaciones de este tipo por sus propios medios. Sin embargo, sus informes sonaban a maniobra de relaciones públicas. Por eso, son cada vez más las compañías que encargan el trabajo a auditores externos.
El problema es que aún son pocas las auditoras capacitadas para evaluar los méritos sociales y ecológicos de una empresa. Además, no existe un sistema uniforme para medirlos. Y los inversores necesitan que las auditorías utilicen criterios normalizados para poder comparar las empresas y decidir en cuáles van a colocar capital. Por eso han surgido algunos intentos de normalización. El más importante de todos es, quizá, el de la Coalición por unas Economías Medioambientalmente Responsables (CERES), asociación con sede en Boston, formada por más de 50 inversores -entidades religiosas, grupos ecologistas, organizaciones de defensa de los trabajadores…-, que ha propuesto unos puntos de referencia para los informes sobre empresas.
