En China, la prensa estatal (prácticamente la única) es en apariencia floreciente. Concebida por el régimen como un instrumento de propaganda, nunca ha necesitado ser rentable. Pero, con los nuevos reglamentos que han entrado en vigor a comienzos de octubre, este privilegio va a acabar: o los periódicos logran sostenerse por sus propios medios, o tendrán que cerrar.
Según el recuento hecho a finales de 2002, en China hay 2.137 diarios y 9.029 revistas, número desproporcionado que no se corresponde con la demanda real. Y, a decir de los observadores citados por The Economist (4-X-2003), la mayoría de esas publicaciones se caracterizan por la mala calidad, que las hace aburridas e invendibles. Pero hasta hoy eso no era motivo de preocupación. La prensa estatal tenía subvenciones y, sobre todo, compradores -más que lectores- cautivos. Las suscripciones obligatorias, impuestas a organismos públicos o entidades privadas, han constituido gran parte de la difusión. En la provincia de Shaanxi, por ejemplo, el Departamento de Hacienda creó una revista sobre materia fiscal, y advirtió a todas las empresas que no tramitaría sus declaraciones de impuestos si no se suscribían.
El gobierno chino ha decidido terminar con esta situación artificial, que supone un gasto enorme. Los primeros indicios se notaron en junio, cuando las autoridades ordenaron a los periódicos y revistas oficiales que no admitieran nuevas suscripciones para 2004 hasta finales de septiembre. La razón de esta orden quedó clara al mes siguiente, cuando se promulgaron los nuevos reglamentos sobre la prensa estatal.
En primer lugar, Pekín ha dispuesto el cierre de los periódicos editados por los comités comarcales del Partido (309 en total), si sus ingresos por publicidad no superan el equivalente de 480.000 dólares anuales. Según los medios de comunicación chinos, esto significa que desaparecerán prácticamente todas las publicaciones de este tipo. También tendrán que cerrar los periódicos que reciban menos de la mitad de sus ingresos por suscripciones voluntarias.
A los títulos que sobrevivan a este primer hachazo se da un plazo para hacerse económicamente independientes del Estado, con las excepciones de los dos órganos del Partido: el Diario del Pueblo y la revista En Busca de la Verdad. Las suscripciones obligatorias serán abolidas. Además, se pone coto a la plétora de prensa gubernamental: cada provincia solo podrá tener dos publicaciones y cada ayuntamiento, solo una.
Según se cree, la reforma hará que las cabeceras chinas se reduzcan a la mitad en unos pocos años. Más importante aún es que las nuevas normas suponen que el régimen afloja el control de la prensa, y así será más probable que los medios, obligados a ser rentables y a competir, publiquen informaciones hasta ahora silenciadas.