Balance de la ONU sobre la situación de la mujer en el mundo

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Duración lectura: 4m. 32s.

Cinco años después de la Conferencia de Pekín sobre la mujer, la sesión de la Asamblea General de la ONU “Mujeres 2000” ha hecho balance de la aplicación del programa entonces aprobado. También como hace cinco años, han vuelto a producirse polémicas, sobre todo por las presiones de los grupos interesados en lograr el respaldo de la ONU para los denominados “derechos sexuales”, al margen de lo acordado en Pekín. Pero la falta de consenso hizo que quedaran fuera del documento final las referencias a distintos tipos de “familia”, reconocimientos más explícitos de los derechos de los homosexuales y recomendaciones para la legalización del aborto.

En Pekín se acotaron doce campos donde había que aplicar medidas para mejorar la situación de las mujeres (cfr. servicio 120/95). Al hacer balance, se ha comprobado que en la escolarización de las niñas hay un progreso sostenido; las tasas de alfabetización de las personas de 15-24 años no presentan diferencias ligadas al sexo en la mayor parte de las regiones del mundo, aunque dos tercios de los 875 millones de analfabetos adultos son mujeres. También ha habido progresos en la salud, con una mejor asistencia al parto; en cambio, un retroceso importante es que cada vez hay más mujeres infectadas por el virus del SIDA. Según Pierre Piot, director del programa de la ONU contra el SIDA, “la enfermedad se está difundiendo, en particular en África, sobre todo a causa de la conducta sexual irresponsable y promiscua de los hombres”.

Otra plaga que ha ido a más en los últimos años es el tráfico de mujeres, con una creciente explotación sexual de mujeres pobres, a través de prácticas vinculadas a la delincuencia organizada.

Legislación contra la violencia

Entre los progresos realizados desde 1995, la ONU contabiliza que no pocos países han legislado contra la violencia doméstica y que los tribunales internacionales consideran la violencia sexual en los conflictos bélicos como crimen de guerra. La práctica de las mutilaciones genitales de niñas, extendida sobre todo en diez países africanos, ha retrocedido en varias zonas, si bien todavía las sufren millones de mujeres. Pero la violencia y la discriminación comienzan incluso antes del nacimiento, como consecuencia del aborto selectivo de bebés de sexo femenino, que es una práctica difundida en países como India y China.

En lo que se refiere a la presencia femenina en las instituciones políticas, la situación ha cambiado poco en los últimos cinco años. La participación en los Parlamentos ha pasado del 11,3% al 13% de los escaños, proporción que sube al 20% como media en los países de la Unión Europea (cfr. servicio 16/00).

Aunque los aspectos económicos y sociales sean los decisivos para el progreso de las mujeres, como ya ocurrió en Pekín, la polémica se ha centrado especialmente sobre la interpretación de los “derechos sexuales”. Aunque una resolución anterior de la Asamblea General afirmó que no se trataba de modificar los términos aprobados en Pekín, ya desde la preparación de Pekín+5 hubo intentos de introducir interpretaciones particulares de términos como “familia”, “orientación sexual” o “derechos sexuales”.

En Pekín se propuso prohibir cualquier discriminación por la “orientación sexual”. Pero ante el rechazo de los países que veían en esta expresión un respaldo jurídico a la homosexualidad, la expresión no se introdujo en el documento final. Ahora sus partidarios han vuelto a la carga, sin éxito.

El aborto ya fue entonces otro de los puntos conflictivos. En Pekín se reafirmó el acuerdo de la Conferencia de El Cairo sobre la población, según el cual “en ningún caso se debe promover el aborto como medio de planificación familiar”. Para eximir a las mujeres de responsabilidad penal por el aborto, se aprobó entonces “considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”, pero sin que esta medida alcanzara al personal que realiza abortos. En Nueva York volvió a intentarse introducir el derecho al aborto, bajo el eufemismo del “acceso de todas las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva”, y la petición de “remover las barreras legales” que dificulten ese acceso. Pero varios países de tradición musulmana y católica se opusieron a cambiar lo aprobado en Pekín.

El representante de la Santa Sede, Mons. Martino, explicó que “nos oponemos a introducir en el texto [del documento final] expresiones como ‘derechos sexuales’, una expresión que nunca ha sido definida por ningún documento de la ONU. Precisamente por no haber sido definida puede aplicarse a cualquier tipo de aberración”.

La reunión de Nueva York ha sido, pues, una edición más de la campaña llevada a cabo por organizaciones partidarias del control de la población, que presionan para que la ONU otorgue reconocimiento internacional a su particular interpretación de los “derechos reproductivos” (cfr. servicio 103/98: “Los derechos reproductivos y sus interpretaciones”). El acuerdo final de la Conferencia no tiene fuerza de ley, pero puede ser usado como declaración de normas internacionales a la hora de cambiar las leyes de un país.

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