El 26 de mayo, delegados del gobierno sudanés y de la guerrilla sureña llegaron a un acuerdo en Naivasha (Kenia) para poner fin a 21 años de guerra. El acuerdo, logrado gracias a la presión norteamericana, no tiene en cuenta la guerra en Darfur, al oeste de Sudán, ya que este conflicto estalló después de iniciarse las negociaciones.
La población del sur de Sudán, de mayoría animista o cristiana, estuvo representada en los acuerdos por el Movimiento para la Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM), versión política del Ejército de Liberación (SPLA) presidido por John Garang -caudillo de la tribu denka-, que en 1983 se sublevó contra la imposición de la ley islámica por el gobierno del Jartum. A partir de un protocolo inicial acordado en 2002, en septiembre de 2003 se firmó un protocolo de seguridad. El acuerdo final se ha firmado tras concertar la participación de los no musulmanes en el gobierno de las regiones de los Montes Nuba, Nilo Azul Septentrional y Abyei. Habrá elecciones libres dentro de tres años, pero sólo dentro de seis y medio podrá decidir el sur si se independiza o continúa federado con el norte. Entretanto, en el norte seguirá rigiendo la ley islámica -mitigando las penas más duras en el caso de que los condenados no sean musulmanes-, el sur tendrá un gobierno autónomo y las tres citadas regiones, un gobierno mixto (jefe de gobierno sureño pero con el 60% de cargos para el norte).
El Estado sudanés tendrá un presidente musulmán (el actual, Omar Al-Bashir), un vicepresidente sureño (Garang) que carecerá de plenos poderes en ausencia del presidente, y otro vicepresidente musulmán. El 70% de los cargos en el gobierno y el parlamento del Estado representarán al norte y el 30% al sur. Garang anunció que el SPLM/A se convertirá en un partido político, mientras que del gobierno del sur se encargará una institución norteamericana llamada Alianza Eclesial para un Nuevo Sudán (CANS).
La CANS es una filial del Instituto para la Religión y la Democracia (IRD) de Washington, que preside Diane Knippers. Fundado en 1981, el IRD es una asociación de las principales iglesias evangélicas norteamericanas -particularmente metodistas, presbiterianos y episcopalianos- que defiende la aplicación de los principios cristianos en el marco democrático. La CANS denunciaba el «genocidio perpetrado en nombre de la guerra santa», llamamiento que fue escuchado por la administración Bush. A diferencia del mensaje independentista que durante dos décadas ha empleado el SPLM/A, la CANS habla de «un nuevo Sudán», si bien de sudanesa no tiene más que el nombre y ni siquiera tiene página web distinta de la del IRD.
A consecuencia de la guerra, llegaron a depender de la ayuda extranjera más de cuatro millones de desplazados en el sur (ver servicio 59/99) y el balance de muertos oscila entre «miles» y «dos millones» (cuando se incluyen las víctimas de las hambrunas).
Petróleo y un conflicto olvidado en Darfur
Como sucedió en Irak, no faltan quienes ven en el petróleo el principal motivo de la intervención norteamericana: a partir de la terminación de un oleoducto en 1999, el oro negro ha supuesto el 70% de las exportaciones sudanesas. Este desarrollo se hizo en el marco de las sanciones impuestas a Sudán por la administración Clinton en 1997, ampliadas en febrero de 2000 con una prohibición a todo ciudadano norteamericano de comerciar con las compañías petrolíferas relacionadas con Sudán: la participación norteamericana fue, sin embargo, decisiva para la construcción del oleoducto por medio de Talisman Energy (Canadá) y de su filial sueca Lundin Oil.
La administración Bush ha presionado más al norte que al sur para que firmaran la paz, y ello a pesar de que el SPLA realizó algunos atentados contra el oleoducto por considerarlo «objetivo militar legítimo». Al presidente norteamericano le interesaba, sobre todo, sacar a Sudán de lo que entiende como red de terrorismo integrista islámico, y lo ha hecho con mano dura: en octubre de 2002 la Ley de Paz para Sudán (Sudan Peace Act) preveía duras sanciones para el caso de que el gobierno no mostrara «buena fe» en sus negociaciones con el SPLA. Al final, norte y sur han acordado repartirse los beneficios del petróleo al 50%.
Dejando aparte que las causas de la paz sean pecuniarias, antiterroristas o incluso religiosas, no faltan quienes critican la rapidez de la firma. Así, el obispo católico de la diócesis sureña de Rumbek la calificó de «decisivo paso adelante, pero sobre un terreno minado y lleno de trampas». En declaraciones a la agencia Misna, dijo: «No entiendo por qué la comunidad internacional ha hecho presiones para firmar aprisa un acuerdo que, entre otras cosas, no resuelve en absoluto la cuestión de Darfur».
La región de Darfur, en el oeste de Sudán, es escenario de una rebelión que estalló a principios de 2003, combatida por unos 3.000 janjaweed, milicianos apoyados por el ejército y la aviación gubernamentales, según Human Rights Watch. La ONU calcula 10.000 muertos y casi un millón de desplazados -incluidos 125.000 refugiados en el vecino Chad- y califica este éxodo como «la mayor crisis humanitaria del mundo» en este momento.
El gobierno sudanés emprendió a fines de abril negociaciones en N’djamena -patrocinadas por el presidente chadiano Idriss Deby- con dos de las milicias de Darfur: el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad, y el 4 de junio aceptó negociar con ellos en Ginebra bajo los auspicios de la ONU. Aparentemente desprovistos de carga ideológica, los rebeldes dicen «luchar contra las milicias árabes del presidente Al-Bashir para forzar al gobierno a que haga más por el desarrollo económico y social de Darfur».
Santiago Mata