Dictadores africanos en el banquillo

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El juicio contra Charles Taylor, ex-presidente de Liberia, puede ser el principio de una serie de procesos para exigir responsabilidades a antiguos dictadores africanos por vulneración de los derechos humanos y corrupción. El juicio comenzó en La Haya el pasado junio, y es el primero en que un antiguo presidente africano responde ante un tribunal internacional.

El Tribunal Especial encargado de juzgar a Taylor fue creado a partir de una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que instó a su Secretario General a llevar a cabo negociaciones con el gobierno legítimo de Sierra Leona para juzgar los delitos cometidos en el país. Se han tenido que ventilar algunos inconvenientes diplomáticos porque Taylor accedió a dejar Liberia sólo cuando el presidente de Nigeria, Obasanjo, le ofreció asilo y garantías de inmunidad. Fue el año pasado cuando Obasanjo aceptó la solicitud de extradición y decidió entregar a Taylor a las autoridades internacionales.

En cualquier caso, el proceso será largo y difícil, según Mundo Negro (septiembre 2007). Desde que se constituyó el Tribunal Especial, Charles Taylor no ha dejado de poner trabas. Durante la primera sesión del juicio, celebrada en junio de este año, no compareció. Más tarde rechazó al abogado defensor que se le ofreció y se negó a reconocer la jurisdicción del Tribunal. Además existen problemas económicos, ya que se han tenido que asumir los gastos de la defensa del propio Taylor, declarado insolvente. El presidente del tribunal se entrevistó con representantes de la UE con el fin de lograr los fondos necesarios para que el juicio se desarrolle sin incidencias hasta que se dicte sentencia, prevista para finales del próximo año.

Taylor está considerado como uno de los instigadores de las guerras civiles que asolaron Liberia y Sierra Leona, dejando casi 400.000 muertos. Se le acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad debido al apoyo financiero y logístico que prestó al Frente Revolucionario de Sierra Leona, que ejerció una violenta represión sobre la población civil desde que se levantó contra el gobierno del país en 1991.

Se cree también que el ex presidente de Liberia intercambiaba armas por los diamantes que los rebeldes usurpaban de las zonas ocupadas (ver Aceprensa 105/03).

Ex-dirigentes en espera de juicio

El de Taylor no es el único caso. El ex presidente de Etiopía, Menghistu, fue declarado el año pasado culpable de los delitos de genocidio y se le condenó a cadena perpetua. Sin embargo, el juicio se ha desarrollado en ausencia del acusado, exiliado en Zimbabue bajo la protección de Robert Mugabe.

Hissené Habré, dictador del Chad entre 1982 y 1990, fue acusado de asesinatos, torturas y vulneración de Derechos Humanos, por lo que Bélgica emitió una orden de arresto internacional, aunque sin éxito. Probablemente será procesado en Senegal, donde vive exiliado, gracias a una reforma legal que otorga jurisdicción a los tribunales del país por delitos cometidos en el extranjero. El caso de Sam Nujoma, que dejó la presidencia de Namibia en 2004, es todavía reciente pero ya se ha recibido en el Tribunal Penal Internacional la denuncia por su supuesta implicación en la desaparición de más de 4.000 personas cuando lideraba la Organización Popular del Suroeste de África, que decidió la independencia del país.

Más difícil, sin embargo, será encausar a los presidentes que detentan en la actualidad el poder, pese a ser acusados abiertamente de algunos delitos. Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, ha recibido acusaciones que le asocian con el narcotráfico, además de malversar fondos públicos y de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de la población. Lo mismo le ocurre a Robert Mugabe, de Zimbabue. Hassan El-Bashir, presidente de Sudán, está acusado de crímenes de guerra y abusos cometidos en Darfur desde 2003. Por el momento, no existe sobre él ninguna acusación oficial, pero la Corte Penal Internacional ha ordenado la detención de dos presuntos criminales de guerra, entre ellos el actual ministro de Estado.

Con la misma tenacidad, se están comenzando a perseguir también los delitos financieros. Es lo que ha ocurrido con los presidentes de Gabón y Congo, acusados de beneficiarse personalmente de las arcas públicas. La denuncia fue presentada por tres asociaciones ante la Fiscalía francesa. En este sentido, hay que considerar la gravedad de los delitos, ya que la mayoría de las veces las autoridades de estos países desvían para sus intereses los fondos recibidos de ayuda internacional.

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