Las primorosas casas del barrio londinense de Kensington, de ladrillos rojos, pulcros balcones acristalados y precios galácticos, pueden ser la cara de una moneda. El reverso puede ilustrarse con mineros congoleños que entran y salen con su pesada carga de un hoyo inseguro, cavado en tierra arenosa, que se remece al primer aguacero. Por los sutiles mecanismos de la injusticia, tal vez aquellas mansiones estén afincadas sobre las espaldas de estos trabajadores.
Un reciente informe de Transparencia Internacional llama la atención sobre la “tierra prometida” en que se ha convertido Londres para quienes buscan evadir impuestos y blanquear dinero. Unas 36.300 propiedades en 3,6 kilómetros cuadrados pertenecen a sociedades registradas en paraísos fiscales. De hecho, la solicitud por adquirir vivienda allí ha disparado el negocio de la construcción y los precios de las casas.
El dinero que se escapa hacia los paraísos fiscales supera con mucho al que reciben los países pobres en concepto de ayuda al desarrollo
La competencia es grande, como grandes son las sumas que es necesario transformar en bienes a la mayor brevedad. Dar con su origen no es tarea sencilla, y en uno de ellos, África, donde las instituciones renquean en unos sitios y cojean en otros, puede ser aún más arduo. Allí, las grandes compañías foráneas, en especial las dedicadas a la extracción minera, se las arreglen para esquivar al fisco y sacar el dinero al exterior sin mayor problema.
Tampoco lo deben tener difícil los africanos más acaudalados, que se gastan semanalmente cuatro millones de libras (más de 600 millones en los últimos tres años) en la adquisición de propiedades londinenses. Los principales compradores proceden de Nigeria, Ghana, Congo, Gabón, Camerún y Senegal, y a juzgar por las imágenes, no se andan con regateos.
No, no es que todo sea mal habido, pero la endeble fiscalidad africana induce a pensar que tampoco todo el dinero de sus empresarios tiene un impecable origen. Oxfam calcula que, por vía de la evasión fiscal, salen volando anualmente de África unos 63.000 millones de dólares. En 2001, la cifra era tres veces menor, de modo que el auge económico africano que las noticias celebran, y del que se comenta con optimismo que, entre 2003 y 2014, ha hecho aumentar de dos a 29 el número de milmillonarios en el continente, no está sirviendo como debería a la superación de la pobreza y se está escapando silenciosamente por el caño.
Un flagelo peor que la corrupción
La percepción generalizada es que la pobreza en África y en otras latitudes es fruto de los altos niveles de corrupción local: como los gobernantes utilizan a su antojo los recursos de sus países, se dan la buena vida y únicamente premian a los que les son fieles, los de abajo se quedan sin su trozo del pastel.
Sin embargo, es solo eso: una percepción. Un artículo de la London School of Economics cita al Banco Mundial, al señalar que la corrupción gubernamental les cuesta a los países en desarrollo 30.000 millones de dólares al año, los que son solo una tímida fracción de los 900.000 millones que se pierden por culpa de los esquemas de evasión fiscal instalados por las empresas multinacionales y de otras prácticas igualmente ilegales (1).
Las grandes compañías dedicadas a la extracción minera se las arreglen para esquivar al fisco
Un mecanismo muy común para “distraer” al fisco es la manipulación de los precios de la producción. Así lo explica el mencionado artículo: una corporación que opera en un país subdesarrollado establece una subsidiaria en un paraíso fiscal, y seguidamente le vende sus productos a esa misma subsidiaria, pero a un precio artificialmente bajo, lo que le garantiza declarar muy pocos beneficios y, en consecuencia, tener que pagar muy poco en concepto de impuestos al país pobre. Más tarde, el “listo” empresario se asegurará de que su segunda empresa venda el producto a los verdaderos precios del mercado. Y así, tan alegremente, se esfuma el 60% del dinero que debería quedarse en África.
El método, de tan repetido, se ha vuelto común y archiconocido. Por eso el expresidente sudafricano Thabo Mbeki, en un panel creado por la Unión Africana (UA) en 2014 sobre delitos financieros en el continente, fue tajante: “La información de que disponemos nos asegura que las grandes corporaciones comerciales son, de lejos, las mayores culpables de los flujos (monetarios) ilegales, seguidas por el crimen organizado. Estamos convencidos que las prácticas corruptas en África están facilitando esos flujos, aparte de lo que ya implica tener una débil capacidad de gobernanza”.
Por otra parte, la OCDE asegura que unos 120.000 millones de euros de origen africano están guardados en las cajas fuertes de Suiza, aunque son solo una parte de los 387.000 millones de euros que, procedentes del continente, han sido puestos a buen recaudo en todos los paraísos fiscales del orbe.
No es tiempo de tiranos, pero…
¿África deudora? Quizás mejor acreedora, si tomamos en cuenta el monto de lo que sale a engrosar el patrimonio de las transnacionales. De hecho, incluso en temas de ayuda exterior las cuentas le salen negativas al continente, toda vez que —según la OCDE— el dinero que se escapa hacia los paraísos fiscales supera con mucho al que reciben los países pobres en concepto de ayuda al desarrollo. Pudiera sonar extremo, pero de funcionar bien los mecanismos de recaudación, quizás mucha de dicha asistencia sería innecesaria.
Algunos han dado pasos para revertir tan deplorable situación. En 2010, en Nairobi, varias organizaciones firmaron una declaración en la que calificaban de “amenaza” contra el progreso político y el desarrollo económico sostenible la extendida práctica de evadir impuestos, y llamaron a los gobiernos de la región a garantizar una transparencia total de la gestión de los impuestos sobre los beneficios, así como de los contratos firmados con las compañías mineras (que dicho sea de paso, crean muy poco empleo…).
Según Transparencia Internacional, Londres se ha convertido en “tierra prometida” para quienes buscan evadir impuestos y blanquear dinero
Además, pidieron a los donantes externos que ayudaran a fomentar la capacidad de vigilancia de la sociedad civil africana sobre la actividad de las empresas de la minería, y demandaron a los gobiernos que se adscribieran a la Convención de la ONU contra la Corrupción. Hasta este momento, sin embargo, ni Somalia, ni Eritrea, Ni Gambia, ni Chad, ni — ¡por supuesto!— Guinea Ecuatorial, se han dado por aludidos.
Pero algo se ha hecho, tal vez como una derivación inicialmente “no buscada”. Así, los esfuerzos para intentar localizar y cortar las fuentes de financiación de grupos terroristas, como el nigeriano Boko Haram o el somalí Al-Shabaab, han llevado a consolidar a las instituciones que combaten el lavado de dinero y que regulan las actividades bancarias. Y es que por donde ya circulaban los dólares de los diamantes o del coltán, circulan también los de los fusiles Kalashnikov. Con un poco de voluntad política, se puede atajar una ilegalidad y la otra.
No, no son los tiempos de Bokhasa ni de Mobutu —aunque quedan por ahí un Obiang y un Mugabe—; pero si la riqueza sigue siéndoles esquiva a las grandes mayorías, con la complicidad de las muy respetadas compañías occidentales, difícilmente las democracias africanas puedan consolidarse y poner en marcha verdaderos proyectos de desarrollo.
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(1) El informe “Grávanos si puedes”, elaborado en 2011 por la Tax Justice Network-Africa, nombra y detalla los procedimientos de varios actores de la evasión fiscal, entre ellos —además de las transnacionales— las empresas contables, los abogados, los banqueros, y los gobiernos y parlamentos de la región.