El informe del Gran Jurado de Pensilvania no ha llevado a ninguna acusación por abusos

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Duración lectura: 4m. 43s.
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Josh Shapiro, fiscal general de Pensilvania, presenta el informe del Gran Jurado (agosto 2018)

(Actualizado el 16-12-2020)

En agosto de 2018 fue noticia mundial un informe de un Gran Jurado de Pensilvania sobre abusos sexuales a menores por parte del clero católico en seis diócesis del Estado. Según las investigaciones del fiscal, en un periodo de 70 años había “acusaciones creíbles” contra 300 sacerdotes que habrían abusado de 1.000 niños. Dos años más tarde, el informe solo ha conducido a la detención de un exsacerdote de 82 años, acusado de haber mentido a dos agentes del FBI. El Departamento de Justicia no ha presentado ninguna acusación contra la Jerarquía católica por encubrimiento.

El informe del Gran Jurado de Pensilvania era el resultado de una investigación llevada a cabo por el fiscal Josh Shapiro, y no la sentencia de un proceso donde se hubiera escuchado a los acusados. La función de un Gran Jurado es decidir si hay suficientes indicios para iniciar un juicio. Los posibles procesos contra acusados concretos vienen después.

El informe, más que aportar revelaciones inéditas, confirmaba tendencias ya observadas en otras diócesis: una minoría de sacerdotes cometieron abusos y los obispos, por lo general, no supieron escuchar a las víctimas y pretendieron gestionar la crisis con silencios, traslados y dilaciones; tras las medidas tomadas por la Conferencia Episcopal en 2002, apenas hubo nuevos casos.

Sin negar la realidad de los abusos, hubo críticas al informe por tratar el periodo de setenta años como un bloque, sin hacer distinciones de épocas ni situar los datos en su contexto. Por ejemplo, el informe no clarificaba que los sacerdotes acusados fueron una minoría del clero (si se confronta con el total del clero de ese periodo, el 94% de los sacerdotes nunca fueron acusados de abusos). También se hablaba de los obispos como si todos hubieran reaccionado de la misma manera. El informe reconocía que la mayoría de los posibles delitos habían prescrito y que muchos de los sacerdotes acusados habían muerto. Por eso algunos comentaristas se preguntaron por qué un fiscal general se había embarcado en una investigación tan amplia, sin un claro objetivo penal.

El FBI no ve materia para acusar

Tras el informe del Gran Jurado, que era la voz de la acusación, el fiscal federal de Filadelfia (Pensilvania), William McSwain, prosiguió la investigación con el propósito de ver si había materia para acusar a la Iglesia de conspiración para silenciar los delitos. Dos años más tarde, el fiscal no ha hecho ninguna acusación en este sentido y es difícil que vaya a hacerla, ya que dejará de ser fiscal federal con el cambio de presidente, según informa Associated Press.

Siguiendo los pasos del fiscal Shapiro, McSwain requirió toda la documentación necesaria a las diócesis, que colaboraron y se la facilitaron. El FBI interrogó a seis sacerdotes acusados. Pero al cabo de dos años la investigación ha conducido a un solo arresto: el de un exsacerdote de 82 años, Robert Brennan, acusado haber mentido a dos agentes del FBI, al decir que no había conocido a un chico que le denunciaba.

Según las informaciones de la agencia, a los cinco meses de iniciar la investigación, el FBI comunicó al fiscal que no había materia para acusar a la Iglesia de conspiración. “Puedo asegurar que este equipo ha sido extraordinariamente cuidadoso y que la investigación está ahora terminada”, escribía al fiscal un agente del FBI.

Sin cargos contra la Iglesia

McSwain no es el primer fiscal que ha intentado probar que los fallos por parte de los obispos en la gestión de los abusos a menores eran el resultado de una conspiración para delinquir. En la legislación norteamericana existe la llamada RICO Act, que permite enjuiciar a las personas por su pertenencia a organizaciones delictivas. Aunque en un principio estaba pensada para perseguir a mafiosos, luego se ha invocado esta ley en casos contra la industria del tabaco, Microsoft y la FIFA, entre otros.

Por eso también algunos han buscado sentar a la Iglesia católica en el banquillo a partir de esta ley. Sin embargo, el Departamento de Justicia nunca ha presentado cargos en este sentido. En Pensilvania, donde ha habido investigaciones en las distintas diócesis y se han publicado informes como el del Gran Jurado, los fiscales siempre han concluido que no podían incriminar a ningún obispo ni a la Iglesia por hechos ya prescritos.

En 2011 fue incriminado Mons. William Lynn, que había sido secretario para el clero en Filadelfia con el cardenal Anthony Bevilacqua. Lynn es el primer alto responsable de una diócesis católica condenado por su negligencia en casos de abusos. Fue acusado de poner en riesgo a niños por haber transferido a otra parroquia a un sacerdote abusador, y pasó dos años en prisión. Pero su condena fue revocada porque se había dado al jurado información sesgada, y ahora está sometido a un tercer juicio.

David Gibson, director del Center on Religion and Culture de la Universidad de Fordham, declara a Associated Press que algunas de las recientes investigaciones pueden estar políticamente motivadas, ahora que lo popular no es ir solo contra los abusadores sino contra los obispos que no los apartaron del ministerio. A su juicio, el informe del Gran Jurado de Pensilvania fue importante, pero era “una excavación en el pasado”.