Bronce. Barcelona (2006). 312 págs. 19 €. Traducción: María Cordón y Malika Embarek.
Sami Naïr está convencido de que las migraciones hacia los países desarrollados son inevitables, imparables, por motivos de desequilibrios económicos y demográficos. Y mantiene que, en lugar de intentar contenerlas con medidas defensivas, es posible «organizar la movilidad» en beneficio de los países de origen y de llegada.
Aunque dedica un capítulo a la emigración mexicana a EE.UU., se centra fundamentalmente en la política migratoria de los países europeos, política que le parece decepcionante. Si bien reconoce el derecho de los países de la UE a regular los flujos migratorios, a fin de cuentas le parece mal toda medida restrictiva: ni cierre de fronteras (sería inútil), ni emigración «escogida» (filtro egoísta), ni limitación del derecho de asilo o de la reagrupación familiar (contrario a los derechos humanos), ni endurecimiento de las condiciones para la residencia permanente (excluyente)… Así su discurso subraya sobre todo los deberes de la sociedad de acogida y tiende a ver xenofobia en cualquier intento de dejar fuera al que quiere entrar.
La perspectiva de Sami Naïr, catedrático de Ciencias Políticas en París, es la de una cierta izquierda anticapitalista y muy francesa, también por su antiamericanismo primario. Todos los desajustes del mundo, incluida la inmigración clandestina, parecen provenir de una «globalización liberal», sin freno ni reglas. Lo cual no explica muy bien por qué tantos países africanos, que han quedado al margen de esa globalización económica, dan lugar a tanta emigración.
Naïr advierte, por una parte, que el liberalismo sin freno exige la libre circulación de capitales y mercancías, mientras que impone una «drástica restricción de la circulación de personas»; y, por otra, en la página siguiente explica que «la inmigración ilegal constituye una válvula de seguridad indispensable para un sistema económico cuya característica principal es la adquisición de fuerza de trabajo al precio más bajo posible». Pues si es una válvula de seguridad indispensable lo lógico sería favorecer la circulación de personas, no restringirla.
Muchas veces los análisis de Naïr parecen bastante dependientes de la situación francesa. Así cuando afirma que «el inmigrante se convierte en la víctima expiatoria de todos los males de la sociedad», como si en todos los países hubiera un partido de Le Pen; o cuando habla de que las deslocalizaciones «provocan una crisis endémica de empleo en Europa», poniendo así en el mismo plano evoluciones tan diversas como las de Irlanda y Francia. Y, además, tampoco se entendería que los inmigrantes vinieran precisamente a países donde hay una crisis de empleo.
Otras veces, la misma medida obtiene notas diversas según quien la aplique: los proyectos americanos de dar visados a trabajadores temporales le parecen una ilusión, pues el que entre no se irá; pero cuando hace sus propias propuestas para Europa dice que «se podrían multiplicar los permisos de residencia temporales, potenciando con ello la inmigración temporal».
Si se dejan a un lado los tics ideológicos, hay propuestas de Naïr para organizar la movilidad que merecen reflexión. El derecho de residencia solo podría otorgarse a través de un contrato laboral, permanente o temporal, que el extranjero presenta en el país de acogida. Y los poderes públicos tendrían que controlarlo por algún sistema (contratos de contingentes, sistema de cuotas o de puntos…). Otras van en la línea de favorecer el desarrollo de los países de origen, a través del aprovechamiento de las remesas de inmigrantes y de otros acuerdos de colaboración.
En general, Naïr propone «organizar una política de gestión de la circulación de los emigrantes, organizada de común acuerdo con los países de salida». Esto desanimará la inmigración ilegal y relajará la tensión regional. Pero hasta el propio Naïr reconoce que en un primer momento aumentarían los flujos migratorios. ¿Y es esto lo que espera la opinión pública europea?
Ignacio Aréchaga