Rusia: inseguridad bajo la nueva ley de cultos

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Duración lectura: 5m. 4s.

Hace un año entró en vigor en Rusia la nueva ley de libertad de cultos, que impone importantes restricciones a las Iglesias de “procedencia extranjera” (ver servicio 133/97). Lawrence A. Uzzell, corresponsal en Moscú de la agencia Keston, describe cómo ha quedado la libertad religiosa en Rusia desde que se empezó a aplicar la ley (The Catholic World Report, San Francisco, junio 1998).

Uzzell resume así la situación actual: reina la confusión; casi todas las tendencias generales presentan excepciones, y existen grandes diferencias entre unas provincias y otras. En materia de libertad religiosa, Rusia se ha convertido en un Estado sin ley. Esto se debe a que la ley misma resulta mucho menos decisiva que las actitudes de los funcionarios encargados de aplicarla. “En la práctica, los derechos de las minorías religiosas dependen menos de normas legales objetivas que de sus contactos políticos, incluidos los contactos con Estados extranjeros cuya amistad Moscú desea mantener”. Así, “es difícil -aunque no imposible- encontrar ejemplos de misioneros extranjeros cuyos derechos hayan resultado restringidos a consecuencia de la nueva ley. Son muchos más los casos de minorías religiosas nativas que están sufriendo una merma de su libertad”.

“En general, la libertad religiosa en Rusia no ha experimentado un empeoramiento grave o sistemático desde septiembre de 1997… al menos, por ahora. (…) Pero tienen considerablemente menos libertad que en 1993, cuando se promulgó la Constitución vigente, o menos de la que tendrían si los preceptos constitucionales sobre libertad religiosa se aplicaran de verdad”.

En Rusia, explica Uzzell, no hay prácticamente persecución religiosa. En cambio, la discriminación religiosa está a la orden del día. De hecho, Rusia es un Estado confesional, aunque la Constitución lo niegue: el gobierno subvenciona a la Iglesia ortodoxa -o al Islam, en algunas regiones- y firma acuerdos con ella, pero niega un trato similar a las otras confesiones.

El principal instrumento de discriminación es la obligación de registrarse impuesta a las Iglesias y organizaciones que operaban hace al menos quince años -antes de la perestroika- sin reconocimiento oficial. Las entidades que llevan menos de quince años en Rusia han de someterse a un proceso de registro más complejo. Las normas de registro, promulgadas en marzo pasado, no garantizan a las Iglesias que funcionaban en la clandestinidad bajo el régimen soviético -como la católica- los mismos derechos que las reconocidas oficialmente por la antigua URSS -como la ortodoxa rusa-. Tampoco comprometen al Estado a reconocer el estatuto legal de las Iglesias que existían antes de 1917 pero fueron disueltas por el régimen soviético -como la católica ucraniana de rito oriental-.

Actualmente, señala el corresponsal, la forma más común de discriminación -sufrida sobre todo por los pentecostales y otros protestantes- consiste en negar a las minorías no favorecidas el uso de locales públicos, que en Rusia -donde casi todos los lugares de reunión son de propiedad estatal o municipal- se alquilan fácilmente a cualquiera que esté dispuesto a pagar. Pero cuando un grupo protestante pretende hacer lo mismo, los funcionarios suelen decirle que no puede usar un local público si primero no obtiene permiso de la Iglesia ortodoxa.

Los católicos, hasta ahora, han sufrido menos que los protestantes con la nueva ley. El motivo no es que en los círculos influyentes el anti-catolicismo sea menor que los prejuicios contra los protestantes, sino que la estructura universal de la Iglesia católica hace de ella un blanco más difícil. Una acción contra una parroquia católica suscitaría protestas de los católicos en países con los que el Kremlin está interesado en mantener buenas relaciones.

La principal dificultad que experimenta la Iglesia católica es que ahora hay más obstáculos para que los sacerdotes y religiosos extranjeros obtengan el visado de entrada. Este problema es serio, ya que hasta esta década un ruso no tenía posibilidad de entrar en un seminario y, por tanto, la mayoría del clero y de los religiosos de Rusia son extranjeros. Es frecuente que a los sacerdotes se les concedan permisos de residencia válidos para sólo dos o tres meses, y que para renovarlos se les obligue a regresar a sus países de origen.

En cuanto a la devolución de templos que fueron incautados por los soviéticos, unos municipios los restituyen, otros no. Hasta ahora, los católicos rusos han logrado poner en marcha la mitad de las aproximadamente 330 parroquias que existían antes de 1917.

Por otro lado, la discriminación religiosa se practica no sólo contra las confesiones minoritarias, sino cada vez más entre distintos grupos de una misma confesión. La tónica general es clara: se favorece a los grupos que, en los tiempos del ateísmo oficial, se plegaron a las exigencias del régimen, contra los que rehusaron someterse y pasaron a la clandestinidad. Así ocurre en el caso de los baptistas, o en el de los musulmanes; pero sobre todo en el de los ortodoxos: el patriarcado de Moscú recibe un claro trato de favor, frente a las organizaciones disidentes como la Iglesia Ortodoxa Libre, que se separó por el colaboracionismo del patriarcado moscovita, o los Viejos Creyentes, que surgieron de una escisión en el siglo XVII (ver servicio 149/97).

Este fenómeno coincide con el mantenimiento del statu quo también en la Administración. Es común que los mismos funcionarios que durante la época soviética perseguían a los creyentes desde sus puestos en el disuelto Consejo de Asuntos Religiosos, ahora sean los responsables de los nuevos organismos regionales o locales encargados de aplicar la ley de cultos. A la vez, no faltan en algunos lugares funcionarios favorables a la libertad religiosa.

En suma, en Rusia los creyentes sufren una grave inseguridad jurídica. “Mientras rija la ley, continuará pendiendo una espada de Damocles sobre las minorías religiosas de Rusia”.

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