Como quien no tiene otra elección, el régimen militar de Pakistán se ha comprometido a apoyar a Estados Unidos en su ataque a los talibán de Afganistán. Pero la decisión pone en riesgo la estabilidad de este país pobre, de 144 millones de habitantes, con una economía frágil y con un descontento social que es el caldo de cultivo para el islamismo radical.
Con el apoyo a EE.UU., Pakistán ha conseguido que los americanos levanten las sanciones que habían impuesto al país en 1990 por sus pruebas nucleares y por el golpe militar del general Musharraf en 1999. Y Pakistán, que tiene un sistema financiero desfalleciente, necesita urgentemente la ayuda exterior. Las donaciones y préstamos exteriores suponen un 25% de los ingresos del gobierno, que ahora acaba de negociar con éxito un préstamo de 600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y un acuerdo para reescalonar la deuda con EE.UU. Pero las inversiones extranjeras se han retraído en el último año.
El afán de granjearse la buena voluntad del gobierno paquistaní ha llevado también a la Unión Europea a enviar sus representantes para manifestar su disposición a reanudar una «estrecha cooperación» con Pakistán. La UE ha anunciado una ayuda de 20 millones de euros para atender a los afganos refugiados en Pakistán y ha prometido otros 200 millones para proyectos de cooperación.
Para Pakistán, el coste de no alinearse con EE.UU. habría sido en primer término la pérdida de la confianza de los organismos financieros internacionales. Además, los americanos podrían buscar un apoyo alternativo en la India, el tradicional adversario de Pakistán, y calificar como terroristas islámicos a los insurgentes que combaten en Cachemira contra la India, ayudados por Pakistán. Y tampoco hay que olvidar que EE.UU. es el país al que se dirige el mayor volumen de las exportaciones paquistaníes (un 24%).
La frágil economía paquistaní no deja mucho margen de maniobra al gobierno. La tasa de crecimiento ha bajado del 4% de media en años anteriores al 2,6% en el último año fiscal. En este descenso ha influido la persistente sequía, ya que la agricultura supone el 25% de la economía. La falta de ingresos del Estado es crónica. De los 144 millones de habitantes, solo 1,6 millones paga el impuesto sobre la renta. A esto hay que agregar la evasión fiscal, la corrupción en la banca estatal y el contrabando, que se ha disparado desde la toma del poder por los talibán en Afganistán.
En estas condiciones, el Estado ha recurrido al endeudamiento interior, y actualmente el 60% de sus ingresos los destina al servicio de la deuda, lo que reduce las inversiones necesarias para el desarrollo. Y aún hay necesidades básicas muy desatendidas, pues basta tener en cuenta que el 57% de la población mayor de 15 años es analfabeta.
Con una renta per cápita de 2.000 dólares, se estima que el 40% de la población está bajo el nivel de pobreza. Muchos buscaron una mejor vida emigrando a Gran Bretaña, Estados Unidos y, sobre todo, a los países del Golfo. Pero con el menor crecimiento de la economía, el paro y el subempleo han aumentado.
El crecimiento demográfico (2,1% anual) garantiza abundantes generaciones jóvenes, y, ante las dificultades para encontrar empleo, es más fácil que jóvenes radicales desocupados se vean incitados a irse a combatir a Cachemira o a Afganistán.
En Pakistán, donde el 97% de la población es musulmana, la minoría cristiana está siempre bajo el riesgo de la ley sobre la blasfemia. Según este precepto del Código Penal, cualquier musulmán puede denunciar a uno de otra religión por «blasfemia contra el profeta Mahoma», denuncia que puede justificar la detención inmediata. Las minorías religiosas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos han protestado contra esta ley, que a menudo sirve como pantalla para dirimir conflictos patrimoniales o venganzas personales, y que a veces ha llevado a condenas a muerte. El general Musharraf propuso el año pasado una reforma, para que fuera necesaria una investigación previa antes de admitir la denuncia. Pero tuvo que dar marcha atrás por las presiones de los ulemas y la amenaza de una huelga general.
Para el gobierno de Musharraf, el coste de cooperar con EE.UU. y de abandonar a los talibán puede ser una creciente protesta social impulsada por los islamistas. El sentimiento antiamericano creció en el país desde 1990, cuando el Congreso de EE.UU. aplicó las primeras sanciones a Pakistán por proseguir su programa nuclear. Los partidos religiosos nunca han logrado muchos votos en las elecciones, y el extremismo de los talibán nunca ha suscitado muchas simpatías, excepto en las zonas fronterizas con Afganistán. Pero con el malestar por las medidas de restricción económica, que el gobierno ha tenido que adoptar en contrapartida por el préstamo del FMI, el riesgo de protestas sociales inspiradas por los islamistas es más grave. La capacidad del gobierno para controlarlas dependerá en gran parte de la naturaleza y duración de la intervención de EE.UU. en Afganistán.