Viena.- A pesar de que normalmente se piensa lo contrario, la apertura democrática de la antigua URSS no ha significado la concesión de una total libertad religiosa. Cada uno de los Estados que componen la actual Comunidad de Estados Independientes (CEI) está desarrollando una legislación peculiar que suele favorecer a las confesiones religiosas nacionales. Una visión nacionalista de la política lleva con frecuencia a considerar la presencia de sacerdotes católicos como una intromisión «proselitista» del Vaticano.
Según la Conferencia Episcopal polaca, que ha creado una Comisión de ayuda a la Iglesia católica en los territorios de la antigua Unión Soviética, las autoridades de Bielorrusia tan sólo han permitido la entrada de 50 sacerdotes polacos que ayudan a los sacerdotes locales, pero son insuficientes para atender las 200 iglesias católicas y los cerca de dos millones de fieles de la República. El número de sacerdotes polacos parece que es muy superior a 50. Las autoridades civiles están decididas a frenar la entrada de sacerdotes extranjeros. Recientemente, el embajador de Bielorrusia en Polonia presentó una queja oficial ante el gobierno polaco por la presencia de 30 sacerdotes «ilegales» en la joven república.
El Estado desempeña un papel fundamental a la hora de restituir las distintas iglesias y bienes eclesiásticos expropiados por las autoridades comunistas. En Estonia, por ejemplo, las autoridades locales han decidido devolver la mayoría de los templos a la Iglesia ortodoxa de Estonia, que fue disuelta en 1940 por Stalin y anexionada a la Iglesia ortodoxa rusa. Los ortodoxos estonios se niegan a colaborar con el Patriarcado de Moscú y ya han anunciado una posible ruptura. Las autoridades locales, que no quieren «depender» de Rusia para nada, están favoreciendo de este modo a la Iglesia local.
En Ucrania la situación es todavía más complicada. Mientras en Bielorrusia tan sólo existe una jerarquía para la Iglesia ortodoxa (la rusa) y otra para los católicos, en Ucrania hay tres jerarquías para las tres ramas de la Iglesia Ortodoxa y dos para la Católica (rito latino y rito griego). Las dos jerarquías católicas del país se reunieron a finales del mes de mayo para unificar sus autoridades y evitar posibles conflictos entre polacos y ucranianos. Las autoridades civiles favorecen normalmente a la Iglesia ortodoxa ucraniana, en detrimento de las otras confesiones.
El Administrador Apostólico de Moscú, Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, ha declarado que está «verdaderamente preocupado» por el proyecto de ley sobre religión en Rusia. En una entrevista publicada en el diario polaco Slowo Dziennik Katolicki dice: «La Iglesia católica sufriría especialmente bajo esa ley». La ley establece que las Iglesias con su centro principal en el extranjero están obligadas a obtener un permiso de trabajo en el Ministerio del Interior y otras cinco comisiones estatales. También se quiere volver a establecer un «Consejo Consultivo para la Libertad de Religión», es decir, una especie de órgano estatal para el control de las Iglesias.
En Rusia la Iglesia católica tiene problemas también para recuperar sus bienes y para realizar nuevas construcciones. En el Parlamento, la oposición de los nacionalistas es clara ante cualquier petición de igualdad entre las religiones. Los nacionalistas identifican lo ruso con lo ortodoxo y no permiten la «intromisión» de creencias extranjeras.
José María López-Barajas