México D.F.- El conflicto de Chiapas parece haber encontrado posibilidades de una solución pacífica tras la amnistía general anunciada por el presidente Salinas y la mediación de la Iglesia católica de México.
La causa más importante del levantamiento es, sin duda, el atraso económico y social de la zona en conflicto, que genera frustraciones y desempleo y mantiene a la población indígena en una situación de ignorancia y miseria. Es un atraso no fortuito o circunstancial, sino resultado de innumerables injusticias: en la distribución de la renta, en la aplicación de políticas de expropiación de tierras, en la acumulación de riqueza en pocas manos y en la falta de solidaridad efectiva.
Los tres obispos de Chiapas, Felipe Arizmendi (Tapachula), Samuel Ruiz (San Cristóbal de las Casas) y Felipe Aguirre (Tuxtla Gutiérrez), han cumplido su misión pastoral denunciando estas injusticias y promoviendo la formación de grupos y asociaciones que tendieran a superarlas. En el primer comunicado que hicieron público con motivo del levantamiento, el mismo día 1 de enero, recordaban, tomando palabras de Juan Pablo II en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, que la pobreza y la miseria son «una amenaza constante para la estabilidad social» y que «nadie puede sentirse tranquilo mientras el problema de la pobreza… no haya encontrado una solución satisfactoria».
Sean cuales sean los grupos que estén detrás del alzamiento o que se beneficien de él, éste no hubiera estallado si las comunidades de la región hubieran tenido oportunidades ciertas de progreso social y económico. La oferta de diálogo y el plan especial para el desarrollo de la región anunciado por el gobierno junto con la amnistía, pueden poner las bases para una reconciliación.
Y en este proceso, la Iglesia católica, tradicionalmente cercana a los indígenas en esta y en otras regiones del país, vuelve a ser una pieza clave. No es extraño que Manuel Camacho Solís, designado por el Gobierno presidente de la Comisión para la Paz y la Reconciliación, se entrevistara el 11 de enero con un grupo de obispos.
Al día siguiente, la Conferencia Episcopal Mexicana publicó un comunicado en el que afirmaba: «La situación de miseria, de abandono y de desprecio en que viven campesinos e indígenas de Chiapas, como de otros lugares de México, es la raíz de la violencia que se ha desatado en Los Altos de Chiapas. Y el mal uso de la riqueza de algunos puede ser hasta un insulto para la pobreza de otros. Por lo tanto, creemos que el sistema económico que genere el Tratado de Libre Comercio ha de tener en cuenta la situación de los campesinos y de los indígenas y propiciar una ‘economía con rostro humano’, una ‘economía de la solidaridad'».
Reiterando lo que ya habían dicho los obispos de Chiapas, la Conferencia Episcopal reprueba «la violencia y el recurso al levantamiento armado como camino para solucionar los problemas reales de miseria y de injusticia». Al mismo tiempo señala que «nos parece equivocado y nocivo que, añadiendo sufrimiento a su pobreza, grupos de gente insistan en la lucha de clases, que en otras partes del mundo no ha conseguido más que llevar a los pueblos a la violencia, a la opresión y a la miseria sin excepción alguna».
También negaba la implicación de la Iglesia en el alzamiento: «Ante las acusaciones o sospechas de que ‘la Iglesia’ en San Cristóbal alienta el levantamiento armado, ante todo debemos entender que la Iglesia no es solamente la jerarquía (obispos, sacerdotes y diáconos), sino también los laicos, como los catequistas. Si algunos de éstos, por convicción subjetiva pueden llegar a incorporarse a la lucha armada, esto es independiente de la misión que hayan recibido como catequistas (…). No podemos aceptar tales sospechas sobre sacerdotes y religiosas o sobre el mismo Señor Obispo. Nos consta que él siempre ha condenado la violencia y también ha denunciado la miseria que, en este caso, es generada por abuso de poder y por estructuras injustas que es necesario corregir».
A la vez apelaba a los empresarios, a los propietarios de fincas y a todos los que tienen influencia en Chiapas, para pedirles «que se emprendan acciones que alivien la situación de los más pobres de modo que éstos tengan una vida más digna, como hijos de Dios». El comunicado anunciaba la creación de una comisión -formada por siete obispos, entre ellos los tres de Chiapas- con el fin de servir de enlace entre la población de Chiapas y la Santa Sede, facilitar la comunicación con los obispos de México y apoyar el proceso de reconciliación y de paz.
El 13 de enero, los sublevados aceptaban que el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, actuase como su mediador ante la Comisión de Reconciliación. Camacho Solís ha eximido de cualquier responsabilidad en la sublevación al obispo Ruiz y a sus sacerdotes, a diferencia de lo que previamente habían sugerido informes del Gobierno de Chiapas. También un texto firmado por el «sub-comandante Marcos», líder de los zapatistas, desmiente que su organización tenga ningún lazo con la Iglesia católica.
Jorge Adame