Los obispos de Venezuela han publicado un documento en el que consideran que el proyecto de reforma constitucional impulsado por el presidente Hugo Chávez “vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona”, por lo que es “moralmente inaceptable”.
Los obispos advierten que la proposición de un “Estado socialista” supone que “toda la actividad política, social, económica y cultural se encuadra dentro de una única opción”. El episcopado advierte que una Constitución es un “pacto social”, y “su legitimidad radica en que acoja la pluralidad de posturas que tienen derecho a convivir en una sociedad democrática”.
La reforma ha sido presentada como un instrumento para dar más voz al pueblo, especialmente a través del denominado “Poder Popular”. Sin embargo, los obispos comentan que “se acentúa la concentración de poder en manos del Presidente de la República y se favorece el autoritarismo”.
Punto central de la reforma es que Venezuela pasa a ser un “Estado socialista” (art. 16). Los obispos señalan que “algunos artículos condicionan la participación del pueblo y la actividad de los ciudadanos a la sola construcción del socialismo y de la economía socialista. Esto limita la libertad de los venezolanos; se incrementa excesivamente el poder del Estado, se elimina la descentralización, y el gobierno controla muchísimos espacios de la vida ciudadana. En ese modelo socialista, el Estado y el gobierno estarían dirigidos por un Presidente que puede ser reelecto -sólo él- continuamente, con un poder amplísimo que le permitiría disponer constitucionalmente de las instituciones, propiedades y recursos. Esto es verdaderamente grave y modificaría la estructura fundamental del Estado democrático”.
Los obispos afirman que un Estado socialista, marxista-leninista, “es contrario al pensamiento del Libertador Simón Bolívar”, al que Chávez suele invocar. “Experiencias de otros países [entre los que los obispos citan a los del antiguo bloque soviético y Cuba] demuestran que en tal sistema, el Estado y su gobierno se convierten en opresores de las personas y de la sociedad, coartan la libertad personal y la expresión religiosa, y causan un gravísimo deterioro en la economía, produciendo una pobreza generalizada”.
“Otros cambios propuestos restringen derechos ya consagrados”, dice el episcopado. Entre otras cosas señalan los artículos sobre “los estados de excepción, que suspenden el derecho al debido proceso y a la información”. También critican que el nuevo poder del Estado, el “Poder Popular”, no nace de las elecciones, y su promoción y organización es competencia del Estado. A juicio de los obispos, esta propuesta de reforma “profundizaría la polarización entre los venezolanos, dificultaría la convivencia social con el peligro de generar nuevos odios y conflictos”.
Los obispos invocan algunos criterios de la doctrina social de la Iglesia para juzgar el proyecto de reforma. “La persona humana, el pueblo, y no el Estado, son el centro de toda la vida social”. Para construir una auténtica democracia debe aplicarse el principio de subsidiariedad, esto es, “que el Estado debe ayudar pero no absorber ni suplantar las iniciativas, la libertad y la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales”.
Chávez presentó el pasado 15 de agosto ante la Asamblea Nacional, dominada por sus partidarios, un proyecto de reforma de 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999, al cual una comisión especial parlamentaria agregó otros 25 artículos. La directiva de la Asamblea aspira que el proyecto sea aprobado este mismo mes para someterlo a referéndum el próximo 2 de diciembre.