Los obispos católicos relanzan el debate sobre los valores morales en Gran Bretaña

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Londres. El documento sobre cuestiones sociales publicado la semana pasada por los obispos católicos de Inglaterra y Gales ha sido recibido por muchos como una injerencia en la política británica del momento. En El bien común y la doctrina social de la Iglesia católica, de 35 páginas, se ha creído ver una crítica poco solapada de la política tory y una clara insinuación a los católicos para que voten a los laboristas en las próximas elecciones, que se celebrarán el año que viene. Los obispos, por su parte, insisten en que no han pretendido semejante cosa. Y, si se lee el documento, se advierte que las críticas toman pie más del estilo y de las circunstancias de la publicación que del contenido mismo.

El bien común empieza proponiendo cuestiones como: “¿Pueden los empresarios tratar a los empleados de cualquier manera? ¿La ley de la selva es la adecuada para los seres humanos?”. Estas preguntas han sonado como un eco de las críticas que la izquierda suele dirigir al partido conservador; en cambio, los comentaristas no han encontrado en el documento pasajes que aludan a los errores de la izquierda. Es comprensible que sean los defectos del mercado los que primero vengan a la cabeza de un británico, pues este país es un campeón mundial del pragmatismo en la ética de los negocios. Tras la parte introductoria, el documento es más equilibrado; pero quizá los autores olvidaron que la mayoría de los lectores no llegan mucho más allá de la introducción y que los periodistas buscan lo que más llama la atención.

Por otra parte, las preocupaciones actuales del país se centran en los servicios sociales y en el desempleo. Por eso la idea de justicia social que presenta la Iglesia parece ser más afín a las promesas electorales laboristas. Además, el clima político está dominado por la proximidad de las elecciones, en las que los conservadores pueden muy bien perder el poder, que ocupan desde hace 17 años. Posiblemente, si el documento se hubiera publicado antes, no habría sido objeto de tantas acusaciones de partidismo.

Hay que tener en cuenta que el líder laborista Tony Blair se declaró no hace mucho cristiano convencido (ver servicio 56/96), lo que no parece obedecer a razones de táctica política: quienes le conocen bien aseguran que es sincero. En la práctica, sin embargo, esto le ha favorecido desde el punto de vista político, porque en el país crece la sensación de vacío religioso y de hastío ante la inmoralidad y la corrupción. Naturalmente, una vez que Blair hizo públicas sus creencias, el líder conservador John Major se vio obligado a imitarle.

De los principios a las políticas específicas

Al margen de las circunstancias que han dado pie a las interpretaciones políticas del documento, los obispos proponen distintos principios y reflexiones, a fin de ayudar a los católicos a “votar de acuerdo con una conciencia bien formada”, según explicó luego el Card. Hume.

En el terreno de los principios, el documento señala que “son contrarias a la dignidad de la persona humana las políticas que tratan a las personas como unidades económicas o que las reducen a un estado pasivo de dependencia de la asistencia pública”. Advierte que “el mercado, dejado a su aire, puede producir efectos tanto buenos como malos”. También recuerda que “no se debe aprobar una ley que pueda tener consecuencias sociales sin antes examinar qué efectos tendría en la vida familiar y en los niños”. En otro lugar afirma que la ideología individualista supone una visión errónea de la naturaleza humana.

Entre las cuestiones específicas, cuatro han sido objeto de especiales críticas. Se ha dicho, así, que los obispos toman partido a favor de establecer un salario mínimo, que es un objetivo de los laboristas y que los conservadores rechazan por sostener que perjudicaría la creación de empleo. Lo que dice concretamente el documento es: “Si los salarios caen por debajo de lo que es necesario para mantener un nivel de vida digno, el Estado debe intervenir. Los empresarios han de pagar un salario justo”.

También se ha afirmado que los obispos reprochan a los conservadores no haber suscrito la Carta Social Europea, parte del Tratado de Maastricht que establece unas condiciones laborales mínimas (el gobierno británico logró que se eximiera a Gran Bretaña de aplicar ese capítulo). Este es el pasaje del documento episcopal que ha dado pie a tales comentarios: “Los trabajadores tienen derechos que están por encima de los derechos del capital. Entre ellos están los derechos a un trabajo digno, a un salario justo, al descanso y las vacaciones adecuadas, a la limitación de las horas de trabajo”. Ciertamente, los laboristas proponen, a diferencia de los conservadores, establecer un tope de 48 horas de trabajo a la semana, en consonancia con la Carta Social.

Análogamente, se ha dicho que los obispos se alinean contra los “euroescépticos” al afirmar que el principio de subsidiariedad puede significar, en una sociedad centralizada, “transferir poderes a los cuerpos inferiores”; pero también puede llevar, en otros casos, a “traspasar ciertos poderes a entidades superiores, incluso de rango internacional”.

La defensa de la vida

Otro punto discutido es uno con implicaciones en el tema del aborto. Dice el documento que la decisión de a quién votar “no debe basarse en un solo aspecto del programa político, incluso cuando la postura del candidato sobre tal cuestión esté en discordancia con la doctrina católica”. Los obispos invitan a considerar si la actitud poco aceptable de un candidato con respecto a “la inviolabilidad de la vida humana” refleja, en su caso, “una ideología general o un prejuicio personal”. Esto supone que se puede votar a un partidario del aborto si, por lo demás, está en consonancia con la doctrina católica; pero también significa que la posición a favor del aborto puede ser señal, en un político, de una actitud general que un católico no debe apoyar con su voto.

La Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos (SPUC), una organización pro-vida, lamentó que el documento no fuera más tajante en este punto. Según la SPUC, no se entiende cómo se puede “votar por el bien común, si este bien excluye el derecho a la vida”.

Un portavoz de otra organización pro-vida, Life, dijo que comprende el peligro que supone centrar la política en un solo tema; pero la defensa de la vida “no es un tema como cualquier otro: es el tema supremo, y los católicos deben reconocer que es absolutamente central”. De todas formas, en el capítulo inmediatamente siguiente, el documento habla con energía sobre la necesidad de detener la “cultura de la muerte”. Quizá esto sea bastante claro para un lector atento; pero no todos lo han entendido así.

En fin, los obispos no han expresado las posturas políticas partidistas que les han atribuido comentaristas apresurados. Si se empleara en aplicar el documento tanta imaginación como se ha puesto en interpretarlo, Gran Bretaña podría ser un lugar mucho mejor para vivir.

Ben Kobus

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