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Los obispos belgas critican el informe de una comisión parlamentaria sobre las sectas

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Los obispos belgas han manifestado que el informe de una comisión parlamentaria de investigación sobre las sectas realiza una «amalgama irresponsable» al incluir a instituciones católicas aprobadas por la Iglesia junto a movimientos sectarios.

El Parlamento encargó hace unos meses a una comisión de investigación un estudio sobre las asociaciones presentes en el país que pudieran ser consideradas sectas peligrosas. Ahora ha sido publicado el informe que recoge una lista de 189 movimientos, en la que se incluyen tanto la Orden del Templo Solar, como adeptos del satanismo y cinco instituciones católicas: Renovación Carismática, el Opus Dei, Opus Christi Regis, Comunidad de San Egidio y Comunidad de Opstal (de la Compañía de Jesús).

Aunque se trata de una comisión de investigación, en el modo de presentar la lista se quiere subrayar que la comisión no ha procedido a verificar los datos. El informe dice que los nombres recogidos han sido suministrados, «bajo su exclusiva responsabilidad», por servicios oficiales o testimonios personales directos o indirectos. Por lo tanto, «el hecho de que figure aquí un movimiento, incluso aunque sea por iniciativa de una instancia oficial, no significa que para la Comisión se trate de una secta ni, a fortiori, que sea peligrosa». Es más, la Comisión admite que «no ha podido proceder a una verificación de las informaciones recogidas, ni a controlar su exactitud».

Esta actitud ha provocado el rechazo de los obispos, que en un comunicado critican «el carácter impreciso del concepto de secta utilizado en el informe». Al agrupar en una misma lista movimientos de naturaleza muy diversa, «se crea una amalgama irresponsable entre realidades que no pueden ser consideradas bajo un común denominador».

Los obispos piden que se respete la libertad religiosa y que el poder civil intervenga sólo para castigar delitos punibles por la ley. Los obispos «tienen plena conciencia de que las sectas pueden ser peligrosas y reconocen, en consecuencia, que el poder civil puede perseguir los delitos punibles por la ley, cualquiera que sea el lugar o el momento en que se produzcan. Más allá de esos límites legítimos, pedimos que la libertad de religión, de asociación y de conciencia sea íntegramente respetada».

Los obispos advierten que «un descrédito o una sospecha injustificada lanzadas sobre la Iglesia y sobre los movimientos que la Iglesia aprueba sólo sirve para estimular más a las sectas que merecen verdaderamente este nombre. Las sectas pueden, entonces, con plena seguridad, esconderse en una zona de sombra y aprovecharse injustamente del hecho de aparecer mencionadas en compañía de gentes que nada tienen que ver con las sectas».

En su comunicado, los obispos distinguen entre instituciones católicas aprobadas por la Iglesia y las que no han recibido tal aprobación. En el primer caso, los obispos «animan a todos los que, en el seno de estos movimientos o grupos, se comprometen a seguir a Cristo y a servir a la Iglesia y a la sociedad». En cambio, los obispos no asumen ninguna responsabilidad sobre grupos que no han recibido aprobación eclesiástica alguna o que la usurpan.

También la prensa ha criticado con dureza la publicación de la lista. En un comentario editorial, La libre Belgique (2-V-97) reprocha a la comisión parlamentaria haber empleado «la detestable técnica de la amalgama para manchar por poderes, refugiándose hipócritamente tras el hipotético espíritu crítico de los que lean el informe. Eso no es digno de unos parlamentarios. Así, los autores del informe han dado muestras de una grave falta de coraje y de honradez intelectual, y, sobre todo, comprometen la credibilidadad de toda la investigación».

En De Standaard (2-V-97), Karel Dobbelaere, profesor de sociología de la religión en la Universidad de Colonia, afirma que «la lista carece de todo carácter científico», y advierte de la irresponsabilidad que supone difundir sospechas infundadas, que «deslumbran a todo el mundo, de modo que ya nadie presta atención a las afirmaciones positivas».

Varios diputados han pedido que el Parlamento no apruebe el informe.

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