El pasado 21 de agosto, la sede del Arzobispo Mayor de los católicos ucranianos de rito griego fue transferida a Kiev, la capital de Ucrania, de donde fueron expulsados hace dos siglos por causa del despotismo ilustrado de la zarina Catalina II. Aunque el traslado completo todavía requerirá algunos años, pues la catedral y la sede del Arzobispado están en construcción, la protesta del Patriarcado Ortodoxo ruso no se hizo esperar.
El razonamiento principal de la protesta es la cuestión del «territorio canónico», un concepto que se podría sintetizar con la frase: en estas tierras ya estamos nosotros, no hace falta que vengan otros cristianos. La debilidad de esas motivaciones se comprueba de modo todavía más evidente en el caso de Ucrania, donde el Patriarcado de Constantinopla (a quien compete el primado de honor entre los ortodoxos) no reconoce la jurisdicción del Patriarcado de Moscú: es decir, siguiendo la misma argumentación, tampoco Ucrania sería «territorio canónico» de los ortodoxos rusos.
Tanto el patriarca ruso Alexis II como el metropolita Vladimir de Kiev, líder de la Iglesia ortodoxa ucraniana dependiente de Moscú, pidieron a Benedicto XVI que impidiera el cambio de sede de Lviv a Kiev. Esa medida fue adoptada por el sínodo de los obispos greco-católicos de Ucrania en octubre de 2004 y había recibido el consentimiento de Juan Pablo II. Las autoridades ortodoxas también apelaron al presidente ucraniano Viktor Yuschenko, quien declaró que «nadie tiene el derecho de decidir dónde se deba establecer la sede de ésta o de aquella Iglesia».
A pesar de que la ceremonia del 21 de agosto fue acogida por la protesta de unos mil manifestantes, al acto acudieron también representantes de la Iglesia ortodoxa autocéfala de Ucrania y del Patriarcado ortodoxo de Georgia; estos últimos afirmaron que habían acudido «para apoyar a la heroica Iglesia mártir greco-católica».
El episodio manifiesta la división interna en el mundo ortodoxo y la tendencia, mostrada sistemáticamente en el último decenio, con la que los órganos oficiales del patriarcado ruso buscan causas externas -«el expansionismo católico»- para justificar una situación insostenible. De hecho, en algunas zonas de Ucrania las comunidades protestantes superan ya en número a las ortodoxas y católicas.
La Iglesia Greco-Católica de Ucrania pertenece al grupo de iglesias de rito bizantino que reconocen la autoridad espiritual y la jurisdicción del obispo de Roma. En 1945 Stalin declaró ilegal a esta iglesia. Sus propiedades fueron entregadas a la Iglesia ortodoxa y sus sacerdotes pasaron a la clandestinidad. Fue legalizada de nuevo el 1 de diciembre de 1989.
Actualmente la Iglesia greco-católica ucraniana es una de las comunidades religiosas más activas y mejor organizada de la región. Según el Comité de Asuntos Religiosos de Ucrania, el 1 de enero de 1994, esta Iglesia contaba con 5,5 millones de fieles, 3.328 parroquias, 92 monasterios, 2.051 sacerdotes y 2.721 iglesias.
A finales de agosto inauguraron un nuevo seminario en Lviv, que acoge a 226 seminaristas. Su máxima autoridad es el Arzobispo Mayor, en la actualidad el cardenal Lubomyr Husar, quien a partir de ahora se denominará Arzobispo Mayor de Kiev y Halych, y no Arzobispo Mayor de Lviv.