Lo que el Estado da, y lo que no da, a la Iglesia católica en España

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Tras el acuerdo al que han llegado el Gobierno español y la Conferencia Episcopal sobre la financiación de la Iglesia católica, los ingresos de ésta a través de la asignación tributaria dependerán únicamente de los ciudadanos que marquen la casilla destinada a ese fin en la declaración de la renta. El porcentaje del impuesto sobre la renta (IRPF) destinado a este concepto sube del 0,52% al 0,7%. Queda así excluida la aportación suplementaria que cada año desde 1987 mantenía el Estado como sistema transitorio de financiación y que en ocasiones se ha intentado utilizar como medida de presión contra posiciones de la Iglesia. El acuerdo se aplicará por vez primera en la declaración de la renta de 2008.

Según los datos más recientes, el dinero que recauda la Iglesia católica a través de la asignación del IRPF, más el complemento ahora suprimido, suponen algo más de 141 millones de euros durante el último ejercicio, lo que equivale al 14,1% de su presupuesto. ¿De dónde procede entonces la desproporción que hay entre los datos que manejan unos y otros acerca del dinero que recibe la Iglesia de fondos públicos?

Los más críticos con ella hablan de entre 3.000 (ver Aceprensa 145/05) y 5.000 millones de euros (“El País”, 30-10-2006) que el Estado “da” a la Iglesia. En esas cifras incluyen un potaje de conceptos, como los entre 2.400 y 3.200 millones de euros destinados a financiar las plazas escolares que los padres escogen libremente para sus hijos en colegios concertados católicos, dentro del régimen general de la enseñanza concertada. Plazas que si el Estado tuviera que ofrecer en sus centros costarían unos 2.000 millones adicionales de los presupuestos. También en el montante aludido (ver Aceprensa 129/01) se incluye el dinero de los sueldos de los profesores de Religión -actualmente 517 millones, según “El País”-, que no existirían si no los demandasen las familias; las subvenciones para ONG de titularidad eclesial y centros hospitalarios y de caridad, o las ayudas para el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico perteneciente a la Iglesia, acervo cultural y turístico de interés general.

Como explica en “ABC” (27-09-2006) Javier Martínez-Torrón, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Complutense, “las políticas de financiación pública de la religión se basan sobre tres factores implícitos. Primero, que los fondos públicos pertenecen a los ciudadanos y no a los gobiernos, que son sólo sus gestores. Segundo, que la ayuda económica a las religiones institucionales es, sobre todo, una ayuda al ejercicio de un derecho fundamental, la libertad religiosa, de igual manera que la financiación de sindicatos o de partidos políticos tiene por objeto facilitar la libertad de asociación o el derecho de participación política. Tercero, que se considera la religión como un elemento positivo para una sociedad”.

Según datos de la Conferencia Episcopal, más de 7 millones de ciudadanos acuden cada domingo a misa en España, 150.000 parejas se casan en la Iglesia, más de 2,4 millones de personas son atendidas cada año en centros sociales de la Iglesia (residencias de ancianos, ambulatorios, rehabilitación de toxicómanos, enfermos de sida…). Una labor y unos servicios que sustentan el carácter positivo de la aportación que la Iglesia católica hace al país. Cáritas invierte ella sola 160 millones de euros anuales en acción social, de los que 100 millones proceden de donativos.

El acuerdo incluye que la Iglesia pase a pagar el IVA en sus operaciones económicas, del que estaba exenta.

Según los últimos datos conocidos, de la declaración de 2004, un 32,3% de contribuyentes marcaron la casilla de la asignación tributaria destinada a “otros fines de interés social”, un 21,8% la de la Iglesia, y un 11,6% ambas opciones. En total, un 33,4% destina parte de sus impuestos a la Iglesia. Llama la atención que el 34,1% la deje sin asignar para nadie, cuando no supone ningún esfuerzo económico adicional. Esta cifra se pelea con la de las encuestas que afirman que el 80% de ciudadanos se considera católicos (ver Aceprensa 47/06), y con el dato objetivo del 77% de alumnos que cursaron Religión católica el pasado curso. El nuevo acuerdo hace a la Iglesia católica más libre, pero a la vez pondrá a prueba la responsabilidad económica de sus fieles respecto a ella.

ACEPRENSA

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