Podemos y el PSOE han presentado una petición en el Congreso, apoyada también por Ciudadanos, para obligar al Tribunal de Cuentas a fiscalizar el dinero que la Iglesia recibe a través de la asignación tributaria del IRPF, la llamada “casilla de la Iglesia”. A pesar de que el propio tribunal ya votó en contra de esta medida, entienden que tal exigencia se justifica por tratarse de dinero público.
En un artículo publicado en el último número de Alfa y Omega, Silvia Meseguer Velasco, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, analiza esta premisa. En su opinión, cabe hacer dos matizaciones a la idea de que el dinero que la Iglesia recibe por la “casilla” sea público.
En primer lugar, se trata de una asignación voluntaria por parte de los contribuyentes –técnicamente, una afectación de ingresos–, por lo que no se incluye en los presupuestos del Estado, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con partidas decididas por la administración como la destinada a la casa real. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas audita solo a entidades públicas. En cuanto a las confesiones religiosas, los más altos tribunales españoles y europeos han consagrado su autonomía organizativa, que incluye respetar el modo en que se emplean los ingresos recibidos, siempre que no se vulnere la ley.
No obstante, y a pesar de que no se lo exige la ley, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha ido por delante en materia de transparencia. Varias son las manifestaciones de este “compromiso asumido con la sociedad”, en palabras de Fernando Giménez Barriocanal, su Vicesecretario para asuntos económicos: anualmente se publica una memoria económica (fruto de un acuerdo entre la CEE y el gobierno del PSOE en 2007), avalada por una de las auditoras con más prestigio internacional; se han homologado unos procedimientos contables para todas las diócesis; se ha firmado un convenio de colaboración con Transparencia Internacional para seguir mejorando en la rendición de cuentas.
Con todo, Giménez Barriocanal ha manifestado recientemente que la CEE está dispuesta a secundar lo que decida el Congreso: “si nos piden información más detallada, más allá de los 500 folios que ya entregamos, la presentaremos, no tenemos ningún inconveniente. Queremos cumplir la legislación”. En una reciente y extensa entrevista para Aceprensa, Giménez Barriocanal analizó las principales polémicas en torno a las cuentas de la Iglesia en España.