Las cuentas de la Iglesia en España: sin nada que esconder

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Duración lectura: 13m. 10s.

¿Paga o no paga el IBI la Iglesia? ¿Financia determinados medios de comunicación? ¿Cuánto supone, en euros, su labor asistencial, pastoral y educativa para la economía española? ¿Sostiene a Cáritas, o esta funciona por su cuenta? ¿En qué se gasta lo recaudado por la casilla de la declaración de la renta? Fernando Giménez Barriocanal, Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, responde a los temas más debatidos sobre las cuentas de la Iglesia en España.

La transparencia en las cuentas y en las actividades se ha convertido en una exigencia social para cualquier organización. ¿Qué ha hecho en concreto la Conferencia Episcopal para responder a esta demanda en los últimos años?

– Creo que la Iglesia en España se ha ido adaptando poco a poco a estas nuevas exigencias. En primer lugar, dotándose del personal y los medios técnicos. Ahora, cada diócesis cuenta con un portal de transparencia, donde se pueden consultar todos los datos económicos. Además, se han unificado los métodos de contabilidad, para seguir un mismo procedimiento y facilitar la transparencia. Así, ahora puede saberse de dónde vienen los ingresos de las diócesis y en qué se gastan.

En 2014, la actividad cultural de la Iglesia tuvo un impacto de más de 30.000 millones en el PIB

Por otro lado, desde hace unos años la Conferencia Episcopal publica una memoria anual de las actividades de la Iglesia en España, donde se detalla cómo se financian y qué rendimientos económicos producen para la sociedad. La de este año, correspondiente al ejercicio 2014, ha sido validada por una auditoría de prestigio internacional. Para “obligarse” a sí misma a seguir por este camino de transparencia, la Iglesia ha firmado recientemente un convenio de colaboración con Transparencia Internacional, una ONG dedicada a luchar contra la corrupción en todo el mundo.

Las propiedades de la Iglesia y el IBI

Siempre que se habla de “las propiedades de la Iglesia” en los medios se hace dejando una sospecha de opacidad, como si, más allá de las iglesias, catedrales, monasterios, etc., la Iglesia en España acumulara una red de pisos con un fin puramente especulativo, o como si los obispos vivieran en palacetes lujosos ¿Cuáles y cuántos son realmente sus bienes inmuebles?

– En primer lugar, conviene aclarar que cuando hablamos de la Iglesia en España nos referimos a una realidad que agrupa a una gran cantidad de entidades: 70 diócesis, 23.000 parroquias, órdenes, congregaciones, miles de asociaciones; en total, más de 40.000 instituciones. Bastantes de ellas llevan muchos años prestando un servicio a la población, especialmente los más necesitados, y es lógico que dispongan de las instalaciones necesarias para desarrollar su labor.

No obstante, más que el volumen importa el uso de estos bienes. Por legislación canónica, no pueden destinarse a nada que no sean los fines propios de la Iglesia: anunciar y vivir la fe, y darse a los demás. No existen otros con los que se busque, por ejemplo, simplemente un rendimiento económico. Esto puede ser lícito en el ámbito civil, pero no sucede dentro de la Iglesia. Sí es cierto que existen propiedades que en su día fueron cedidas o adquiridas y que ahora pertenecen a la Iglesia. Pero esta los administra siempre con el mismo criterio: que sirvan a sus fines propios.

Otro asunto relacionado con las propiedades inmuebles que lleva tiempo en el debate político es el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). ¿Están todas las propiedades de la Iglesia exentas de este impuesto? ¿Cuánto dinero supone esta exención? ¿Qué otras instituciones no lo pagan y por qué la Iglesia no lo hace? ¿Existe alguna otra ventaja fiscal de la que se beneficie?

– El régimen fiscal de la Iglesia es el mismo que el del resto de instituciones que están bajo la llamada Ley de mecenazgo: fundaciones, incluidas las de los partidos políticos y los sindicatos, federaciones deportivas, asociaciones de utilidad pública, ONGs, etc. No tiene un tratamiento especial en el impuesto de bienes inmuebles, ni de propiedades, ni de transmisiones patrimoniales, ni en el IVA. También el resto de las confesiones religiosas están sujetas a este régimen. Tiempo atrás, mientras estaba vigente el concordato de 1953 o tras los acuerdos de 1979, la Iglesia sí disfrutó de ciertos beneficios, pero hablar hoy en día de privilegios resulta un anacronismo.

La financiación de la Iglesia se debe, fundamentalmente, a los “muchos pocos” de las aportaciones de sus fieles y de la casilla de la renta

En el caso del IBI, el régimen de la Iglesia es exactamente igual al del resto de instituciones mencionadas. No pagará el de una propiedad donde se desarrolla una actividad que la ley contempla como exenta de este impuesto. Así lo han sancionado varias sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional. También hay algunas explotaciones económicas que están exentas, como los centros de educación, pero en igualdad de condiciones con el resto de entidades religiosas y de entidades no lucrativas. Esto no supone, por tanto, ninguna excepcionalidad. En cambio, la Administración pública no paga este impuesto por ninguna de sus instalaciones, tengan el fin que tengan.

Se habla mucho de lo que la Iglesia deja de pagar al Estado por exenciones fiscales, pero no de lo que ingresa a las cuentas públicas por su patrimonio cultural. Recientemente se ha presentado una memoria con estos datos. ¿Cómo aporta la actividad cultural de la Iglesia a la sociedad española?

– Recientemente hemos encargado a una auditoria de prestigio internacional que midiera el impacto económico de la actividad cultural de la Iglesia. Después de estudiar el tema, nos sugirieron que, ante la gran cantidad de iniciativas, el estudio se ciñera, por ahora, al rendimiento de los bienes de interés cultural, que son solo una parte del total. Así que analizaron algo más de 3.100 de ellos. Su conclusión es que el beneficio para la economía española es de 22.620 millones de euros, un 2,17% del PIB.

El esfuerzo emprendido por la Iglesia por aclarar sus cuentas se plasma en convenios con auditoras y con Transparencia Internacional

Además, les pedimos que calcularan el impacto económico de las fiestas declaradas de interés nacional e internacional, y lo han cifrado en casi 10.000 millones de euros, lo que supondría otro 0,95% del PIB. Es decir, sumando las dos partidas, la actividad cultural de la Iglesia en España equivale a más de 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB, mientras que según los cálculos de algunos economistas, lo que se deja de pagar en concepto de IBI no pasaría, en el escenario más generoso imaginable, de los 600 millones.

Por otro lado, el año pasado, la Iglesia dedicó unos 50 millones de euros a la rehabilitación de edificios, a lo que hay que sumar el pago de la luz, el agua, la calefacción, etc. Sin esta inversión, el impacto de los bienes de interés cultural sería mucho menor.

Medios de comunicación

Otro asunto que ha estado presente en los medios es la financiación de la cadena Cope y de 13TV por parte de la Iglesia española. ¿Qué hay de cierto en estas informaciones, y cuál es la posición de la CEE respecto a la subvención de medios de comunicación?

– Es cierto que la participación mayoritaria de la Conferencia Episcopal en algunos medios generalistas, que son los que has citado, es una excepción a nivel internacional. No obstante, conviene ser precisos. En el caso de la cadena Cope, desde hace más de veinte años no recibe un solo euro de la CE: se financia con sus propios recursos, y cuando ha obtenido beneficios los ha reinvertido en la propia empresa, lo que le ha permitido mantenerse a flote durante los años de crisis sin necesidad de aportaciones por nuestra parte.

En el caso de 13TV, la Iglesia, movida por el deseo de estar presente en los medios audiovisuales para difundir su mensaje, ha hecho una inversión, que por cierto ha resultado rentable por el buen hacer de los gestores de la empresa, y acude a ampliaciones de capital. Pero la idea de que la CE paga los salarios de los trabajadores es simplemente falsa.

Financiación: la casilla y otros “muchos pocos”

Desde 2007, la financiación de la Iglesia a través de la campaña de la renta se realiza a través de la conocida casilla, de marcación voluntaria. ¿Cuál ha sido el impacto de este cambio legislativo en las cuentas de la Iglesia? ¿Cuántos españoles han marcado la casilla en los últimos años?

– En el año 2007 la Iglesia renunció a dos cosas: a las exenciones por IVA, que eran importantes sobre todo para la rehabilitación de algunos templos o la construcción de otros nuevos, y a percibir una cantidad mínima (fuera a través de la casilla o con cargos a los presupuestos generales, de los que ya no recibe nada para su sostenimiento ordinario). Podría no haberlo hecho, ya que en los PG hay partidas para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales, como también lo es el de libertad religiosa, u otras actividades como el teatro, el cine o los partidos políticos. Sin embargo, preferimos abastecernos con las aportaciones de las personas normales para hacer un ejercicio de transparencia y responsabilidad. A cambio, el Estado aumentó hasta el 0,7% el porcentaje de la renta que se podría destinar a la Iglesia, y esta se comprometió a dar cuenta de sus ingresos y gastos con más transparencia.

Las propiedades de la Iglesia están sometidas al mismo régimen fiscal que las de otras instituciones que desarrollan actividades similares

Tras el cambio de sistema, la recaudación subió de manera importante, gracias a que desde el año 2006 hasta el 2014 –el último dato disponible– el número de contribuyentes que ha marcado la casilla ha aumentado en 900.000. En este último año fueron aproximadamente nueve millones, contando las declaraciones conjuntas. Esto ha supuesto un ingreso de 250 millones de euros, lo que equivale más o menos a un cuarto de todos los recursos disponibles para las diócesis y parroquias.

Según la memoria anual, la partida más importante en la financiación de la Iglesia en España, más que la casilla de la renta, es la de las donaciones voluntarias de los fieles. ¿Se trata más bien de “muchos pocos” o de “pocos muchos”?

– Son muchos pocos: las limosnas en los templos, las subscripciones mensuales de tantas familias que pagan lo que pueden, aportaciones ad casum para determinadas campañas o proyectos, etc. La mayoría de la financiación de la Iglesia llega por estos cauces, no por vía pública, lo que no significa que la CE deba renunciar a un sistema de colaboración pública en régimen de igualdad con otras instituciones que operan en nuestra sociedad.

Actividad caritativa y asistencial

Centrándonos en la actividad caritativa de la Iglesia: mucha gente asocia este tipo de labor solo a Caritas, y se escandaliza cuando se entera de que apenas un 2,5% de lo recaudado por la campaña de la renta se dedica a esta institución. ¿Cómo se financia Cáritas? ¿Con qué otros mecanismos de asistencia social cuenta la Iglesia?

– En primer lugar, es importante aclarar que, contrariamente a lo que a veces se dice, Cáritas no es algo distinto y autónomo de la Iglesia. Se estructura fundamentalmente a través de las más de 6.000 Cáritas parroquiales: sus locales son los locales de la parroquia; sus voluntarios, los feligreses; su presidente, el párroco; una parte importante de sus recursos viene de los recursos de las parroquias, a las que la Conferencia Episcopal envía el 81% de lo recaudado por la casilla de la Renta. Luego, además, como gesto de especial atención, detrae una parte de su presupuesto, el 2,5% mencionado, y lo destina especialmente a las Cáritas diocesanas.

La actividad de Cáritas es realmente impresionante, como puede consultarse en su memoria. No obstante, la labor solidaria de la Iglesia no se reduce a esta institución. Además existen unos 9.000 centros asistenciales, un 70% más que en 2010, que, según la memoria de actividades, en 2015 atendieron a más de 4,5 millones de personas [ver datos en el gráfico de abajo, que no incluye a Cáritas]. En ellos se desarrollan proyectos asistenciales con los grupos sociales más vulnerables: gente con pocos recursos, inmigrantes, desempleados, drogodependientes, mujeres víctimas de violencia, etc. También hay otros centros en el ámbito de la salud (hospitales, dispensarios y ambulatorios, casas para ancianos o enfermos crónicos) y de la promoción de la cultura.

– ¿Cuánto dinero ahorra esta actividad caritativa a las cuentas públicas?

– No es fácil calcular el ahorro para el Estado que supone toda esta actividad caritativa, pero algunos datos son bastante elocuentes: en 2015 se repartieron casi cuatro millones de menús en los comedores sociales regentados por instituciones de la Iglesia, y 247 toneladas de comida fueron distribuidas entre familias en situación de primera necesidad.

Además, habría que calcular el ahorro en capital humano, ya que gran parte de estas iniciativas se llevan a cabo sin que quien las desempeña cobre un euro. Muchos son religiosos; otros son voluntarios. Por ejemplo, de las 86.000 personas dedicadas a la acción de Cáritas en 2014, solo un 5% recibieron una remuneración por ello. Lo mismo ocurre con Manos Unidas, que el año pasado destinó en torno a 45 millones de euros casi 600 proyectos de desarrollo en todo el mundo: desde la acogida a niñas en Filipinas que fueron vendidas por sus familias al negocio de la trata de blancas, construcción de pozos en zonas desabastecidas de agua, etc.

Actividad pastoral y educativa al servicio de la sociedad

En la memoria anual se analiza también cómo la actividad propiamente pastoral y la educativa suponen, más allá de sus objetivos primarios, un importante activo para la economía española. ¿Se puede poner cifras a ese ahorro?

– Celebraciones religiosas como bodas, bautizos o comuniones producen un impacto en el PIB español de casi 5.000 millones de euros, y generan unos 62.000 empleos. Por otro lado, la atención pastoral en hospitales o cárceles, desarrollada fundamentalmente por voluntarios, supone un ahorro de unos 1.100 millones de euros.

En materia educativa, creo que es necesario, en primer lugar, reconocer la gran labor que realiza la red de centros públicos para garantizar una enseñanza de calidad. Dicho esto, esta red tiene que ser compatible con la iniciativa privada de quienes quieren poner al servicio de la sociedad otros modelos educativos. En España, la Iglesia cuenta con más de 2.600 colegios, de los que más del 90% son concertados. En ellos estudian aproximadamente un millón y medio de alumnos, y trabajan unas 100.000 personas. La eficiencia en la utilización de sus recursos (el cuidado de las instalaciones, el hecho de que muchos profesores religiosos no cobren por su labor, etc.) produce un ahorro anual al Estado, según datos del Ministerio de Educación, de unos 2.690 millones de euros. No tiene sentido, pues, que un modelo demandado, de calidad, no excluyente, y encima barato, sea atacado desde algunas instancias.