Roma. La colación del doctorado honoris causa en Derecho otorgado por la Universidad La Sapienza, de Roma, ofreció a Juan Pablo II la ocasión de explicar el porqué de su insistencia en la defensa de los derechos humanos. El Papa dijo que consideraba que ese reconocimiento se le otorgaba a la Iglesia en su función de maestra en «los principios de fondo sobre los que se apoya una convivencia humana ordenada».
El acto se desarrolló el 17 de mayo en el Aula Pablo VI, del Vaticano, con la asistencia de los rectores de todas las universidades italianas, del «senado académico» de La Sapienza al completo, y de numerosas autoridades civiles, entre las que figuraba una delegación del gobierno italiano, presidida por el primer ministro.
Aunque se trata del undécimo doctorado honoris causa que recibe el Papa, posiblemente éste tiene un significado especial, por el peso de La Sapienza en el panorama universitario mundial y porque se trata de la ciudad del Papa. La universidad romana cuenta con veintiuna facultades y escuelas superiores. Dispone de una red de 144 bibliotecas que contienen en total casi cuatro millones y medio de libros. En el presente año académico cuenta con 142.000 estudiantes, 4.942 profesores y 5.442 miembros del personal no docente. Aunque de titularidad estatal, La Sapienza fue creada por el Papa Bonifacio VIII el 20 de abril de 1303, por lo que está celebrando en estos meses su séptimo centenario.
El Papa dijo en su «lección magistral» que consideraba parte de su ministerio conceder amplio espacio a la afirmación de los derechos humanos «por la estrecha conexión que tienen con dos puntos fundamentales de la moral cristiana: la dignidad de la persona y la paz». Una misión que no podría haber llevado a cabo «sin recurrir a las categorías del Derecho».
El principio que le ha guiado «es que la persona humana -tal y como ha sido creada por Dios- es el fundamento y el fin de la vida social a la que debe servir el Derecho». Partiendo de esta convicción, «la Iglesia ha desarrollado su doctrina sobre los derechos del hombre, que derivan no del Estado ni de otra autoridad humana, sino de la misma persona. Por tanto, los poderes públicos los deben reconocer, respetar, organizar, tutelar y promover; se trata de derechos universales, inviolables e inalienables».
Por esta razón, añadió, la Iglesia acogió favorablemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948, así como otras convenciones internacionales. El Papa recordó que esa Declaración no contiene los fundamentos antropológicos y éticos de esos derechos: precisamente aquí la Iglesia tiene una aportación insustituible, pues proclama que es en la dimensión trascendente de la persona donde se encuentra el origen de su dignidad y de sus derechos inviolables. «La Iglesia está convencida de que en el reconocimiento del fundamento antropológico y ético de los derechos humanos se halla la protección más válida contra toda violación o abuso».
Más adelante confió que a lo largo de su ministerio ha sentido «el deber de insistir con fuerza en algunos de estos derechos, que aunque afirmados teóricamente son descuidados con frecuencia por las leyes y por los comportamientos concretos». Por eso, dijo, ha subrayado tanto «el primer y fundamental derecho humano, el derecho a la vida». Lo que incluye, entre otros aspectos, reconocer que «el embrión es un individuo humano y, como tal, es titular de los derechos inviolables del ser humano. La norma jurídica, por tanto, está llamada a definir el estatuto jurídico del embrión».
Otro derecho fundamental, con frecuencia violado, es el de la libertad religiosa, que no es simplemente uno más entre los derechos, sino uno neurálgico, de modo que se puede considerar como un test para la observancia de los otros derechos fundamentales. La razón es que «la dignidad de la persona humana tiene su primera fuente en su relación esencial con Dios». El Santo Padre se refirió también al derecho a la no discriminación por motivos de raza, lengua, religión o sexo; al derecho a la propiedad privada, a la libertad de asociación y expresión; al derecho, «que hoy es también un grave deber», a participar en la vida política.
El decreto con el que la Facultad de Derecho motiva el doctorado subraya que «es universalmente conocida la obra desarrollada por el Pontífice, a lo largo de todo su magisterio, a favor de la afirmación del derecho y por la defensa de los derechos humanos en todas sus formas históricas». En el diploma del título, la corporación académica propone otorgar al Papa el calificativo de «Magno», por los méritos adquiridos en sus veinticinco años de pontificado.
Diego Contreras