- La ley corrigió la anomalía de que la Iglesia no pudiera tener certificado de propiedad de los templos.

El Gobierno español ha dado a conocer un informe, elaborado a petición del Parlamento, sobre las inmatriculaciones hechas por la Iglesia católica de templos y otras propiedades, que hasta ahora no podían figurar en el Registro de la Propiedad. El Gobierno confirma que tales inscripciones son legítimas. La polémica causada por quienes las consideraban abusivas se revela carente de fundamento. Desde 1863 –fecha de la aprobación de los decretos que desarrollaron la Ley Hipotecaria de 1861– hasta 1998, la Iglesia católica había quedado excluida del acceso al Registro de la Propiedad para inmatricular los lugares destinados al culto. Esta situación cambió en 1998, con la reforma de la legislación hipotecaria, que permitió que –en determinados supuestos– la Iglesia pudiese acceder al Registro de la Propiedad, y así poder poner a su nombre una gran parte de sus templos –incluso catedrales–, que habían quedado excluidos del Registro desde el siglo XIX. Uno puede preguntarse a qué se debió esta circunstancia, y la explicación es muy simple. Tradicionalmente se entendió que la inscripción registral sería claramente redundante respecto de los efectos y consecuencias del acceso al Registro de la Propiedad, es decir, el otorgamiento de la presunción de la propiedad sobre el mismo. Si un templo parece católico, lo normal es que lo sea, y además se entiende que la Iglesia–en cualquiera de sus legítimas manifestaciones jurídicas (cabildos, obispados, fundaciones, asociaciones, órdenes religiosas, etc.)– es la propietaria. Conforme a Derecho La realidad del informe elaborado por el Gobierno a instancias de una iniciativa parlamentaria supone la constatación de algo que ya sabíamos: los procedimientos de registro e inmatriculación de las propiedades de la Iglesia católica se han llevado a cabo conforme a Derecho. Se podrá entrar en consideraciones periféricas atinentes a lo acertado del método utilizado en gran parte de las inmatriculaciones, es decir, la certificación del ordinario u obispo correspondiente. Pero la realidad es unívoca y contundente: la Iglesia respetó los procedimientos para acceder al Registro de la Propiedad, de manera que se debe presumir que los bienes inmatriculados lo son a título de propietario, es decir, que la posesión se ejerce conforme a Derecho. El Gobierno constata en su informe cómo los procedimientos habilitantes relativos a las inmatriculaciones son legales, porque la mencionada certificación del ordinario –aunque esto se omita en su argumentario– era quizá el único expediente plausible para poder registrar. La razón es que en muchas ocasiones, la posesión inmemorial, por parte de la Iglesia católica, de un templo afectado al culto no se podía avalar por otro título que atribuyese la propiedad, como sería un contrato de compraventa, de donación o de afectación sobrevenida a ese mismo culto. De aquí que el expediente jurídico que equiparaba al ordinario del lugar a un fedatario público –algo muy criticado por los que se oponen a la legitimidad de las inmatriculaciones–, en muchos casos era la única vía posible, porque respecto a ese uso y afectación al culto católico, quién mejor que un obispo para declararla y manifestarla. Aunque –reiteramos– fuese realmente redundante, ya que cualquiera sabe que un templo de culto católico debe pertenecer por línea de principio a la Iglesia. En efecto, en Derecho, los hechos notorios no necesitan prueba: se presumen y se aceptan debido a esa misma notoriedad. La inmatriculación no otorga automáticamente la propiedad, sino la presunción de ella, mientras no aparezca alguien que pruebe tener mejor derecho En cualquier caso, ciertamente el reconocimiento por parte del Gobierno de la legalidad del proceso de inmatriculación es claramente de agradecer, aunque se limite única y exclusivamente a constatar la realidad de los hechos. Simplemente acepta lo que ya el Colegio de Registradores había dado por bueno: no se debe olvidar que fue un registrador quien en primer término entendió y suscitó la cuestión de la discriminación en que se incurría respecto de la Iglesia católica al no permitirle registrar los bienes de su propiedad y afectados al culto católico, cosa que podían hacer otras confesiones religiosas con sus templos y lugares de culto. Se puede impugnar En cualquier caso, también conviene resaltar que –como pone de manifiesto el comunicado de la Conferencia Episcopal Española– la Iglesia no está interesada en mantener la presunción de propiedad sobre inmuebles que hayan sido inmatriculados conforme al expediente indicado, y respecto de los que terceros puedan ostentar un título con mejor derecho. El ordenamiento jurídico articula las vías adecuadas para que quienes puedan aportar un título legítimo acreditativo de esa propiedad, puedan hacerlo suscitando un procedimiento judicial –un expediente de dominio– que tiene naturaleza contradictoria, y en el que aquel que se crea con mejor derecho, pueda hacerlo prevalecer. Eso sí, siempre que los plazos para interponerlo no hayan prescrito, y siempre que se trate de un título que refute la presunción de titularidad legítima en favor de la Iglesia católica. Recordemos que la Iglesia, al acceder al Registro, no se convierte en propietaria de los inmuebles, sino que ostenta la posesión por justo título, presumiéndose la buena fe. Respecto a la reforma hipotecaria, que se promovió durante el Gobierno de José María Aznar y que permitió las inmatriculaciones hasta que perdió su vigencia, solo cabe decir algo que es también evidente: no fue impugnada conforme a las técnicas que jurídica y constitucionalmente son plausibles para atacar una legislación que se considere ilegítima por inconstitucional. No se recurrió ante el Tribunal Constitucional en los plazos pertinentes, y por lo tanto, la reforma adquirió plena eficacia y ejecutividad. Alegar presuntas inconstitucionalidades sobrevenidas –como se lleva a cabo desde determinados grupos y posiciones políticas– solo podría hacerse valer eventualmente a través de técnicas de control concreto, es decir, ante la jurisdicción ordinaria, y su trascendencia difícilmente podría equiparse a una frontal declaración de inconstitucionalidad. Por esta razón, la postura del Gobierno respecto de las inmatriculaciones de la Iglesia católica es la única aceptable y razonable; cualquier otro escenario hubiese supuesto la nacionalización encubierta. Sobre todo, hubiese sido una tergiversación crasa de la certeza que subyace al registro de los templos católicos, que innegablemente supone una fiel correspondencia entre el asiento registral y la realidad de los hechos. Esperemos que –como oí una vez en Córdoba respecto de la disputa suscitada alrededor de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral– esta vez sí se pueda dar por terminada esta polémica inane. José Carlos Cano Montejano es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y coordinador de la obra Estudio histórico y jurídico sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba (Editorial Dykinson), Madrid 2019.

Por qué el gobierno español confirma la validez de las inmatriculaciones de la Iglesia

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