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España: la Iglesia católica busca autofinanciarse

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La Conferencia episcopal española ha abierto la campaña anual con el fin de recordar a los católicos que la Iglesia necesita sus aportaciones económicas «para desarrollar su misión evangelizadora y sostener las numerosas obras sociales en favor de los más pobres y marginados de la sociedad».

Con lemas como «Hacer el bien no cuesta nada» o «Tu Iglesia también se sostiene con el 0,5% de tus impuestos», el Episcopado quiere recordar a los católicos el bien que pueden hacer con sólo marcar la casilla correspondiente a la Iglesia católica en la declaración de la renta.

De los 18.900 millones de pesetas que el Estado español entregó a la Iglesia el pasado año, la mayor parte (más de 12.000 millones) procedía de la asignación tributaria; es decir, de los contribuyentes.

En la medida en que el dinero procede de los ciudadanos -y no del Estado- se facilita la deseable independencia entre la Iglesia y el Estado. Hasta el año 1987, la colaboración estatal al sostenimiento de la Iglesia se realizaba a través de una asignación presupuestaria, pero desde 1988 se efectúa por la asignación tributaria del 0,5239 por ciento del impuesto sobre la renta. Los declarantes deciden destinar esta cantidad a la Iglesia o a «otros fines sociales», que de hecho administra el Ministerio de Asuntos Sociales; en caso de no elegir ninguna opción, el dinero va a parar al Estado.

Desde 1987, el porcentaje de declaraciones en favor de la Iglesia ha aumentado del 35,11% (que supusieron 4.202 millones de pesetas) al 42,29% de 1993 (12.986 millones de pesetas).

Por otra parte, la Conferencia Episcopal lamenta que, con este sistema, a los declarantes se les plantee elegir entre ayudar a su Iglesia y ayudar a los pobres. De hecho, la cantidad que se recauda a través de la asignación tributaria sirve a la Iglesia para el mantenimiento de innumerables obras sociales, así como para sostener a 29.000 sacerdotes, 22.000 lugares de culto y 40.000 centros de reunión y encuentro en toda España. Igualmente, el Episcopado pide que el dinero procedente de los que no optan ni por la Iglesia ni por otros fines, sea repartido proporcionalmente, como ocurre en Italia.

En la presentación de la campaña, el obispo de Teruel dijo que no se trata de un «impuesto religioso», ya que el ciudadano no paga más, sino que elige gratuitamente el destino de un dinero que, de todos modos, va a desembolsar.

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