El gobierno sudanés, preocupado por su desprestigio en el exterior y temeroso de que la lucha contra los rebeldes del Sur dé pie a una intervención humanitaria como en Somalia, está suavizando ligeramente su política. Los cambios, visibles desde la visita de Juan Pablo II al país el pasado 10 de febrero, no satisfacen las demandas fundamentales de la población no musulmana. Aun así, representan un giro significativo en un régimen que persigue claramente la islamización del país.
En su discurso de bienvenida al Papa en Jartum, el presidente Omar Bashir advirtió que una intervención extranjera sería un «importante motivo de conflicto». A fin de mostrar que no hay razón para la injerencia humanitaria, el gobierno ha entregado a las organizaciones internacionales de asistencia alimentos suficientes para satisfacer las necesidades urgentes del Sur durante el presente año. También ha vuelto a permitir que la ONU preste ayuda a la numerosa población del Sur desplazada de sus hogares a causa de la guerra. Y no ha impedido que periodistas extranjeros visiten la región.
Una señal de alarma que ha movido al régimen a adoptar estas medidas es la condena que la ONU hizo en diciembre pasado de las violaciones de los derechos humanos en Sudán. El gobierno teme que le impongan sanciones económicas, que supondrían un grave perjuicio en unos momentos en que la inflación ha alcanzado el 150% anual y el descontento popular va en aumento.
En cuanto a la tolerancia religiosa, el régimen ha dado una pequeña muestra de ella ofreciendo un espacio de media hora para los cristianos en la televisión estatal. Además, con ocasión de la visita del Papa ha prometido reformar la ley de 1962 que regula la práctica religiosa, y que durante los últimos veinte años ha servido para impedir la construcción de iglesias. Pero la principal demanda -expuesta por Juan Pablo II-, una fórmula constitucional que dé completa libertad de culto a las minorías -cristianos (3,5 millones) y animistas (5 millones)- y les permita participar en la vida política, no ha sido atendida. El gobierno dice que no pretende aplicar la sharía (ley islámica) a la población del Sur, predominantemente no musulmana; pero no está dispuesto a eximir de ella al millón aproximado de cristianos que viven en el Norte, como pide la Iglesia católica. El régimen no quiere hacer excepciones con los cristianos, pues teme que otras minorías exigirían lo mismo.
Pese a la mayoría musulmana del país (70%) y a las trabas puestas por el gobierno, la Iglesia católica está creciendo. Unos 3.000 adultos se convierten anualmente al catolicismo. El gobierno quiere evitar que el cristianismo se extienda entre la población animista y pretexta los lazos de la Iglesia con los rebeldes del Sur para no otorgarle el justo reconocimiento legal.
El régimen ha emprendido también acciones diplomáticas. Ha logrado que Uganda se comprometa a dejar de permitir la llegada de suministros a los rebeldes desde su territorio. A la vez, ha comenzado contactos con el sublevado Ejército Popular de Liberación de Sudán, en mala situación ahora a causa de los reveses sufridos en la guerra y sus divisiones internas. Sin embargo, el gobierno de momento no tiene intención de negociar un alto el fuego, sino de obtener la rendición de los rebeldes.