El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, propuso a la Asamblea Nacional el pasado 28 de agosto una enmienda constitucional que impondría en el país la sharía, código de justicia islámico. Según los oponentes de Sharif, se trata de un recurso para desviar la atención del país de la crisis económica y de las dificultades en política exterior. En una carta dirigida al primer ministro, los obispos católicos y los líderes de algunas confesiones cristianas le han pedido que retire la enmienda constitucional, que puede agudizar la persecución de las minorías religiosas en el país (cfr. servicio 72/98). Los grupos pro derechos humanos y de mujeres del país han condenado el plan. Advierten que la discriminación de la mujer se verá agravada al institucionalizar su status como inferior.
Sharif y sus partidarios dicen que sus objetivos al instaurar la sharía son luchar contra la corrupción, favorecer una distribución de la riqueza más justa en un país pobre e incorporar a la práctica de los negocios y del gobierno los ideales islámicos.
En la calle hay división de opiniones. Mientras que unos alaban la iniciativa de Sharif porque la ven como un potencial remedio del malestar en la sociedad, otros desearían que el gobierno se centrara en la economía y en las deterioradas relaciones con la India y con los acreedores extranjeros.
Por su parte, los críticos aseguran que el propósito de Sharif no es tanto limpiar el país de corrupción como asegurar más su poder. Algunos sectores del propio partido en el poder y de la Liga Musulmana de Pakistán se oponen a la enmienda. Incluso líderes musulmanes condenan la postura de Sharif porque, según creen, está utilizando el Islam como un instrumento político en lugar de buscar un auténtico cambio en la sociedad.
El problema económico inmediato del gobierno es la drástica falta de liquidez. Durante décadas, Pakistán ha importado más que exportado, ha utilizado ayuda del exterior, préstamos comerciales, remesas de trabajadores emigrados e inversiones extranjeras para financiar el déficit. Sin embargo, después de las pruebas nucleares realizadas el pasado 31 de mayo, muchos países retiraron sus ayudas, en señal de protesta. Al igual que a la India, Estados Unidos impuso sanciones a Pakistán y el Fondo Monetario Internacional suspendió el desembolso de sus créditos.
El déficit público en Pakistán ronda el 6-8% del PIB. La deuda ha alcanzado la suma de 30.000 millones de dólares. Alrededor de dos tercios del presupuesto se destinan a los gastos militares y a los intereses de la deuda. Poco menos de un millón de los 140 millones de paquistaníes pagan algún impuesto.
Nadie cree que Sharif sea capaz de seguir las estrictas medidas impuestas por el FMI. Por otra parte, es bastante difícil que Sharif desaparezca del cargo por métodos constitucionales. Cuando llegó al poder el año pasado, merced a una mayoría de dos tercios sin precedentes en el Parlamento, rápidamente introdujo enmiendas constitucionales que fortalecían el poder del primer ministro. La nueva enmienda constitucional ahora propuesta permitiría modificaciones legislativas a través de una votación por mayoría simple. Hasta ahora se requería una mayoría de dos tercios de la asamblea. Aunque en teoría las acusaciones de corrupción que pesan contra él podrían significar el fin de su carrera, se las arregló para intimidar a la judicatura en una confrontación con el Tribunal Supremo el año pasado. Sharif logró nuevos poderes para nombrar jueces. Los tribunales captaron el mensaje y mantuvieron atascados los casos que le afectaban.