El Papa advierte contra el riesgo del abuso del Derecho Penal

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Que la Iglesia rechaza la pena de muerte no es algo nuevo. Pero que crea necesario advertir contra el endurecimiento de las penas y el creciente recurso al derecho penal para atajar problemas sociales, sí es más novedoso. Así lo ha hecho el Papa Francisco al dirigirse a los delegados de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a quienes recibió el jueves 23.

El Papa advirtió que iba a tratar cuestiones que “siendo en parte opinables –¡en parte!– tocan directamente a la dignidad de la persona”.

Al principio de su discurso el Papa señaló el riesgo de un “populismo penal”, esto es, “la creencia de que mediante la pena se pueden obtener los efectos beneficiosos que requerirían poner en práctica otro tipo de política social, económica o de inclusión social”.

Ante los expertos reunidos en la Sala de los Papas, el Pontífice mantuvo que hoy “se ha debilitado el concepto del derecho penal como ultima ratio, último recurso a la sanción, limitado a los hechos más graves contra los intereses individuales y colectivos más dignos de protección”. Del mismo modo, se ha limitado “el debate sobre la sustitución de la prisión por otras alternativas de sanción”. Incluso, dijo, “existe el riesgo de que no se conserve ni tan siquiera la proporcionalidad de las penas”.

En este contexto, dijo, los juristas –que muchas veces desarrollan su labor bajo la presión de los medios de comunicación– deben trabajar para “limitar y contener estas tendencias”.

El Papa calificó como “una forma de tortura” la que se aplica en las cárceles de máxima seguridad para ciertas categorías de detenidos sometidos a un aislamiento total

La pena de muerte, innecesaria

Al hablar de que el Derecho Penal debe respetar la dignidad de las personas, el Pontífice recordó que el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 2267) condena la pena de muerte. El Papa Francisco dijo a la audiencia que “es imposible imaginar que hoy el Estado no pueda disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender del agresor injusto la vida de otras personas”.

El Pontífice recordó, además, que ese castigo es utilizado en los regímenes totalitarios como ”un instrumento para suprimir” la disidencia política o “de persecución” contra las minorías religiosas o culturales.

Existen, además, otras formas de quitar la vida, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por algunos Estados y sus agentes, en acciones que a menudo pasan como enfrentamientos con delincuentes o se presentan como consecuencias no deseadas del uso de una fuerza razonable, necesaria y proporcionada para hacer cumplir la ley.

De esta manera, apuntó, aunque 35 de los 60 países que mantienen la pena de muerte no la han aplicado en los últimos diez años, la pena capital se utiliza de forma ilegal y en diferentes grados en todo el planeta.

“La cadena perpetua es una sentencia de muerte encubierta”

Cadena perpetua: una pena capital encubierta

Por ello, todos los cristianos y personas de buena voluntad están llamados no solo a luchar por la abolición de la pena de muerte legal o ilegal, sino también a mejorar las condiciones carcelarias, de modo que la dignidad humana de las personas privadas de libertad sea respetada.

En este punto, hizo una referencia a las condenas sin esperanza de liberación: “La cadena perpetua es una sentencia de muerte encubierta”, aseguró, aunque luego no desarrolló esta idea.

Asimismo expuso que debe abordarse con la debida cautela el abuso de la prisión preventiva. Francisco señaló que esta situación es particularmente grave en algunos países y regiones, donde el número de presos sin sentencia supera el 50 por ciento de la población penal total, lo que además contribuye a la degradación de las condiciones de la prisión.

Las condiciones de detención, deplorables en varias partes del mundo, constituyen a menudo, por sí mismas, un trato inhumano y degradante, muchas veces como consecuencia de las deficiencias del sistema de justicia penal, o de la falta de infraestructura, o como resultado del poder arbitrario y despiadado sobre las personas privadas de libertad.

“Existe el riesgo de que no se conserve el principio de la proporcionalidad de las penas”

El Papa definió también como “una forma de tortura” la que se aplica en las cárceles de máxima seguridad para ciertas categorías de detenidos sometidos a un aislamiento total, donde “la falta de estímulos sensoriales, la completa imposibilidad de comunicación y la carencia de contactos con otros seres humanos, provocan sufrimientos psíquicos y físicos, como la paranoia, la ansiedad, la depresión y la pérdida de peso y el aumento sensible de la tendencia al suicidio”.

La responsabilidad de los Estados ante la tortura

Otra práctica aberrante, la tortura, fue mencionada por el Pontífice en su descripción de los fenómenos del ámbito penal. “La doctrina penal tiene una importante responsabilidad en esto, por haber permitido en ciertos casos la legitimación de la tortura en determinadas condiciones, lo que ha abierto el camino para más y más amplios abusos”.

Francisco denunció que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se utilizan hoy día no solo como un medio para alcanzar un fin determinado, como la confesión o la denuncia, sino como una especie de plus de dolor que se añade a los males de la detención.

En otro punto, el de la imposición de sanciones penales a las personas más vulnerables, dijo que los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los menores, que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez y por ello no pueden ser considerados responsables como un adulto; también deben limitarse o excluirse –por razones humanitarias– las sanciones a las personas de edad avanzada, a las que sufren una enfermedad grave o terminal.

Se ha debilitado el concepto del derecho penal como último recurso a la sanción, limitado a los hechos más graves

La corrupción y la trata de personas

El Papa Francisco hizo además algunas consideraciones sobre determinadas formas de criminalidad que, perpetradas en lo privado, hieren gravemente la dignidad de la persona y el bien común, y que en muchos casos no pueden cometerse sin la complicidad de la autoridad pública.

En tal sentido, mencionó un delito como la trata de personas, una forma de esclavitud que por su complejidad no puede llevarse adelante sin la anuencia, por acción u omisión, de los Estados. Si quienes deben proteger a las personas y asegurarles la libertad se convierten en cómplices, entonces los Estados son responsables por ello ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional, aseguró.

Otro delito grave, la corrupción, mereció una reflexión del Pontífice, quien dijo que habría que perseguir con la mayor severidad aquellas formas que causan graves daños sociales en los asuntos económicos y sociales (el fraude grave contra la administración pública, o una administración desleal), así como vencer los obstáculos de cualquier tipo que los corruptos interpongan a la justicia con el propósito de procurar la impunidad de sus fechorías.

En resumen, el Papa concluyó que “la cautela en la aplicación de la ley debe ser el principio que rija los sistemas penales” y que los Estados no han de subordinar “el respeto de la dignidad de la persona a cualquier otra finalidad, incluso cuando logre alcanzar cierta utilidad social”.

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