Del Estado confesional a la Iglesia estatal

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Duración lectura: 5m.

¡Por fin los homosexuales podrán casarse por la Iglesia! Por la Iglesia luterana de Noruega, para ser precisos. No es que esta Iglesia haya tomado tal decisión. Es el Parlamento el que acaba de aprobar una ley de matrimonios gays, que los equipara en todo con los matrimonios entre hombre y mujer. Pero como Noruega, al igual que otros países nórdicos, tiene una Iglesia estatal, la Iglesia Nacional de Noruega se verá obligada a oficiar bodas gays. De donde se deduce que el camino más directo para que los gays puedan casarse en la iglesia es que no haya separación entre la Iglesia y el Estado.

Hasta ahora creíamos que el camino de la modernidad pasaba por la independencia de la Iglesia y del Estado, de modo que ni la Iglesia pretendiera imponer sus doctrinas a todos a través de las leyes civiles, ni el Estado se arrogara el derecho a exigir sus criterios en las actividades de la Iglesia. Pero solo la primera parte ha resultado ser verdad. El Estado confesional, en el que los poderes civiles quedaban sometidos a las enseñanzas de la Iglesia, quedó enterrado hace tiempo, con la bendición de la Iglesia.

La laicidad que le ha seguido no es un problema para los grupos religiosos, siempre que se respete la libertad religiosa de los ciudadanos. Pero algunas tendencias actuales en el fondo no desean una verdadera autonomía de la Iglesia y del Estado, sino que las actividades sociales de la Iglesia se sometan a los nuevos criterios del Estado, so pena de desaparecer de la esfera pública. Es otro modo de intentar recluir a la religión en los templos y de privarle de influencia social. Los ejemplos abundan cada vez más.

La idea de prohibir toda discriminación por razón de la orientación sexual se introdujo en las leyes en nombre del pluralismo y de la libertad. Incluso en los pocos países que han admitido el matrimonio gay se ha presentado como una ampliación de derechos, que satisfacía la reivindicación de un grupo discriminado sin perjudicar a nadie.

Pero poco a poco lo que se presentaba como un signo de libre opción empieza a manifestar su intolerancia frente a quienes hacen otras opciones. En EE.UU. las organizaciones religiosas que desarrollan actividades de utilidad social, a través de hospitales, escuelas, agencias de adopción, empiezan a notar estos efectos antiliberales.

Después de la legalización del matrimonio gay en Massachusetts, el parlamento del estado rehusó reconocer una exención por motivos religiosos a la agencia católica de adopciones para que concediera niños en adopción solo a parejas de padre y madre.

Lo mismo ha ocurrido en el Reino Unido, donde las agencias católicas pidieron que se les dejara seguir sus propios criterios en las adopciones, sin perjuicio de que otras agencias de adopción aceptaran a las parejas homosexuales. Pero también aquí se impuso un pluralismo de vía única.

El relativismo intolerante

En otros casos se discute la posibilidad de seleccionar al cliente en una actividad privada, aunque éste pueda dirigirse a otros proveedores. Así, en el Tribunal Supremo de California se ha celebrado una demanda planteada por una lesbiana que se considera discriminada porque se le negó la inseminación artificial en una clínica privada. Los médicos del North Coast Women’s Care Group rechazaron dar tal tratamiento a la mujer invocando sus convicciones sobre lo que debe ser la maternidad. Aún no ha habido sentencia sobre el caso. Pero un buen número de organizaciones profesionales y religiosas han presentado alegaciones por el precedente legal que se podría crear.

Hasta en la selección de personal en instituciones religiosas empieza a meter las narices el Estado. El pasado enero la Asamblea legislativa de Colorado aprobó un proyecto de ley, en virtud del cual las instituciones caritativas de la Iglesia que reciben fondos públicos no podrán seleccionar a su personal teniendo en cuenta sus convicciones religiosas. Con la misma lógica, tampoco Greenpeace podría descartar a un activista pro energía nuclear que quisiera trabajar en la organización.

Otra posible fuente de conflictos proviene de los intentos de aplicar en la organización de la Iglesia leyes pensadas para otros ámbitos. Por ejemplo, en España hay algunos apóstatas a machamartillo que no se conforman con dejar de ir a la iglesia, sino que recurren a la Agencia de Protección de Datos para pedir que se anule su inscripción en los libros parroquiales. Algunas diócesis han respondido que esos datos son de carácter histórico -si uno se ha bautizado o casado allí no hay modo de cancelar esos hechos- y no entran en el ámbito de la ley de Protección de Datos de Carácter Personal, como pueda ser un directorio de clientes. Pero los apóstatas creen firmemente en el gesto de cancelación como si fuera un exorcismo laico.

En último término, estas tendencias son un reflejo de lo que Benedicto XVI viene llamando la “dictadura del relativismo”. No se trata ya de una sociedad plural, donde los distintos agentes sociales pueden ofrecer sus doctrinas y sus servicios de acuerdo con sus convicciones. Lo que se quiere imponer -con las leyes, con la distribución de fondos públicos, con la presión mediática- no es ya el respeto a otras opciones, sino su aceptación incondicional.

La invocación a la tolerancia sirve entonces como truco para la exclusión. Como ha dicho Robert Spaemann hablando del relativismo intolerante, “el postulado de respetar otras convicciones se convierte entonces en exigencia de no tener convicciones que hagan posible considerar equivocadas las opuestas”. O, como nueva regla de oro, “dad al César lo que es del César y a Dios lo que no moleste al César”.